“La financiación es lo importante”: los rectores de las universidades públicas de Madrid exigen a Ayuso que mejore su ley

“Estamos negociando la ley, todavía hay mucho por hacer”. Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Carlos III, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Autónoma) siguen esperando que la Comunidad de Madrid revise su proyecto de ley de universidades (Lesuc), que cuando nació “no alcanzaba” lo que los mandatarios esperaban y, aunque se ha ido rebajando en sus postulados más extremos, –han concedido este lunes– les sigue resultando “insuficiente”.

Así lo han manifestado los seis rectores (Joaquín Goyache, de la UCM; Abraham Duarte, de la UJRC, José Vicente Saz, UAH, Óscar García, UPM; Amaya Mendikoetxea, UAM) en el acto de constitución de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (Cruma), una asociación que ya existía pero no había tomado forma jurídica. En la Universidad de Alcalá, los mandatarios han explicado que “hay mucho que trabajar”, han dejado caer su descontento. La financiación que reciben, incluidas las subidas que promete y de las que presume la Comunidad de Madrid, es claramente insuficiente, sostienen, y han exigido al Gobierno regional que la mejore.

“Estamos negociando la ley, todavía no nos satisface. Hay mucho por hacer en cuanto al profesorado, estudiantado, las sanciones, el papel de los consejos sociales...”, ha explicado Goyache, rector de la Complutense, para acto seguido pasar a “lo importante, la financiación básica”. “Hablamos de una financiación que es claramente insuficiente para las universidades públicas madrileñas. Si estábamos en 100 y ahora en 80, por mucho que vayan subiendo poquito a poquito no lo van a compensar”, ha valorado respeto a la subida de 60 millones de euros prevista por el Gobierno regional: si el reparto fuera lineal cada centro recibiría 10 millones, cuando algunos como la Complutense manejan un presupuesto de más de 600 millones de euros. La ley también contempla incluir una partida de diez millones de euros (a repartir entre las seis universidades) que se abonaría en caso de cumplir unos determinados objetivos (aún pendientes de fijarse). Goyache ha dicho que esa cantidad “no sirve para nada”. Son 1,6 millones por universidad y año en el caso de un reparto equitativo.

Preguntado por la cifra de 200 millones que hace unos meses los rectores calcularon como el mínimo imprescindible para seguir funcionando, ha explicado el rector que “si se apuesta por las universidades hablábamos de 200 millones para salvar los muebles, pero lo justo sería 200 millones para cada una de ellas”, y ha recordado que el sistema andaluz de universidades, equiparable al madrileño por tamaño, tiene 500 millones de euros más de presupuesto en su conjunto.

Es la tercera vez en año y medio que los seis rectores de las universidades públicas se citan públicamente para criticar la infrafinanciación a la que somete a los campus públicos el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

“Estamos acercándonos”

Los rectores han señalado que la relación con la Comunidad de Madrid es buena y que están negociando un texto que “resuelva los problemas de la universidad”, algo que por el momento no tienen sobre la mesa. “Estamos poco a poco acercándonos a un documento que creemos que podría ser de utilidad, pero no hemos finalizado”, ha señalado el mandatario de la UAH y actual presidente de la Cruma, José Vicente Saz. Han sido las palabras más amables con el texto –esas y el reconocimiento de que se ha maquillado bastante desde su primera versión– de todo el acto pronunciadas por cualquiera de los seis rectores.

Además del aspecto financiero, los mandatarios han criticado diversos aspectos que están o estaban en la Lesuc. Amaya Mendikoetxea, rectora de la UAM y próxima responsable de Cruma por turno, ha valorado que el Gobierno regional haya eliminado de su propuesta la creación de una oficina de control económico nombrada de facto por la consejería y que tenía como misión controlar cada euro que se gastase en la universidad. Saz ha lamentado la disposición por la que las universides públicas tendrán que poner a disposición de las privadas sus recursos materiales (por ejemplo, laboratorios).

Una universidad en ruinas

La universidad pública madrileña lleva varios años inmersa en una profunda crisis fruto de la infrafinanciación que recibe. En prácticamente cualquier indicador que se elija los campus madrileños destacan por abajo en comparación con las demás comunidades. La Comunidad de Madrid es la que menos dinero invierte, hasta el punto de que no ha recuperado aún todo lo que perdió tras los recortes que siguieron a la crisis de 2008, es la que más ha reducido las plazas públicas que ofrece (un problema silencioso que afecta a casi todo el estudiantado), la que más alumnos y profesionales ha perdido en favor de la privada, la que peor paga a sus empleados en términos relativos, la más cara para el estudiantado. También es, ampliamente, la que más universidades privadas tiene en su territorio con 13 (y creciendo).

A la vez, el Gobierno regional tiene a la universidad pública más grande del país, la Complutense, al borde de la ruina hasta el punto de que ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros a la propia Comunidad de Madrid, que se presenta como salvadora de la institución que ha dejado caer previamente, y también aloja a la universidad pública peor financiada de España, la Rey Juan Carlos.

Como consecuencia de esta situación, que tiene efectos tan visibles como que hay ciertas facultades donde los techos se caen literalmente, la comunidad universitaria empezó a organizarse y protestar hace meses, movimiento que culminó hace dos semanas con dos jornadas de huelga que tuvieron un seguimiento masivo. Se protesta contra los recortes, sí, pero no solo. La ley de universidades que prepara el Gobierno regional y a la que han aludido los rectores en su rueda de prensa de este martes se presenta como una amenaza, dicen las plataformas en defensa de las universidades públicas, a la autonomía universitaria y la libertad de expresión en los campus.

Un perfil bajo

Pero los rectores han optado en este tiempo por un perfil bajo, por no protestar en voz alta hasta que la situación ha sido desesperada. El 17 de abril del pasado año, en un acto que supuso un pequeño punto de inflexión en tanto en cuanto era la primera vez que hablaban del estado de su tesorería públicamente. Aquel día, aunque la comunidad universitaria ya era más que consciente de la situación, los seis rectores explicaron que la transferencia que recibe de la Comunidad de Madrid, que debería garantizar el normal funcionamiento de los campus, no da ni para cubrir nóminas, lo cual tiene paralizada de facto a las universidades, que se las ven y se las desean simplemente para abrir sus puertas cada día.

Un año después, en mayo de este 2025, hubo una segunda entrega. En otra rara cita –por inhabitual– entre los seis mandatarios, los rectores hablaron de “encrucijada histórica”, de que se ponía en juego la “igualdad de oportunidades” y de “un retraso de décadas en el desarrollo de un modelo de financiación que garantice la calidad, eficiencia, equidad y la rendición de cuentas”. “Sin universidad no hay democracia”, resaltaron los rectores aquel día.

Pero no todo han sido críticas. La actitud preponderante entre los mandatarios ha sido no elevar la voz excepto esas contadas ocasiones bajo la idea de que sin lazar la voz conseguirían más que buscando la confrontación, pese a que por momentos la relación con el Gobierno regional ha estado completamente rota. Sonado fue el viaje en el que cuatro de ellos (el de la UCM, la rectora de la UAM, de la UPM y de la URJC) se subieron en un avión junto a la presidenta Ayuso en un viaje a Miami que a muchos dentro de las universidades costó entender. En aquel momento, junio de este año, apenas había relación Gobierno-rectores y el acto fue interpretado como una sumisión a Ayuso, que lo vendió como una muestra de unidad y diálogo. Los rectores presentes sí rascaron algo: la promesa de negociar la Lesuc, ya incipiente entonces, y engrasar las relaciones.

Desde entonces, mal que bien, hay diálogo entre las universidades y los rectores. El Gobierno regional, que filtró un primer borrador de máximos de su proyecto de ley, fulminó a la viceconsejera de universidades y nombró a María Mercedes Zarzalejo, y desde entonces el texto se ha ido limando –se han eliminado algunas de las propuestas que más rechazo habían generado, como el límite de la financiación del 70% por parte del Ejecutivo regional o la creación de una oficina de control de gasto que de facto suponía intervenir las universidades por parte del Ejecutivo–. En cualquier caso, la última versión conocida tampoco acaba de encantar a los mandatarios, según han valorado este martes. El Ejecutivo regional quiere aprobarlo en enero y tiene mayoría absoluta, puede hacer lo que considere. Las ganas que tenga Ayuso de confrontar e imponer –la presidenta ha dado señales de que le preocupan las huelgas, aunque públicamente las rechace– marcarán hasta dónde llega la ley.