El Supremo alertó del riesgo de aislamiento de las mujeres al prohibir el burka como piden PP y Vox

El Partido Popular incrementa sus guiños a Vox en plena negociación autonómica. La formación de Alberto Núñez Feijóo apoyará este martes en el Congreso la tramitación de una iniciativa parlamentaria de la extrema derecha que busca prohibir el velo integral en los espacios públicos. El veto al burka o el niqab, recuperado ahora por Vox como parte de su agenda antiinmigración, ya fue objeto de análisis por el Tribunal Supremo hace más de una década, cuando alertó del riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden tener este tipo de iniciativas. 

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo razonó que este veto puede provocar un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si decide priorizar sus convicciones religiosas sobre “otras consideraciones”. Según la resolución, cerrar el acceso a los espacios públicos con estos atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer resultaría “contrario al objetivo de integración”. Y, lejos de proteger la igualdad o eliminar la discriminación, podría contribuir a “incrementarlas” al forzar su aislamiento social. 

Así se pronunció el Alto Tribunal en 2013 cuando declaró nula la prohibición de que las mujeres lleven velo integral en los espacios públicos que había acordado tres años antes el pleno del Ayuntamiento de Lleida. La iniciativa había salido adelante con los votos de PSC y PP, que se sumaron a una propuesta de CiU que planteaba una modificación de la ordenanza de civismo y convivencia para vetar la utilización de estas prendas en los edificios municipales. ERC se abstuvo e ICV votó en contra del texto, que planteaba sanciones de hasta 600 euros. 

El argumento del posible riesgo de aislamiento fue utilizado por el Supremo para rechazar la tesis de que el veto al velo integral era una medida necesaria en una sociedad democrática para proteger la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Los magistrados del Alto Tribunal consideraron que no se puede asumir que todas las mujeres portan el velo “como consecuencia de una coacción externa contraria a la igualdad de la mujer”. 

No obstante, el principal motivo que llevó al Supremo a anular la ordenanza fue la ausencia de una ley que autorizara al Ayuntamiento a limitar el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la libertad religiosa. Aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, los jueces concluyeron que la regulación mediante ley estatal es un requisito para la imposición de límites al ejercicio de este derecho. Pero advirtieron, no obstante, de que no se pronunciaban sobre si esta prohibición cabe o no en la Constitución, dado que es una decisión que corresponde al legislador.

Vox arrastra al PP en su ofensiva antimigratoria

Aunque el uso en determinados espacios de prendas femeninas relacionadas con el rito islámico ha sido objeto de debate incluso en el seno de la izquierda y del movimiento feminista, el texto registrado por Vox que se debatirá este martes está impregnado de un claro sesgo antimigratorio que ha implicado el rechazo automático de la totalidad de fuerzas progresistas. Con la duda de qué hará finalmente Junts, en plena competencia con la xenófoba Aliança Catalana, sí ha adelantado su respaldo a la proposición de ley de la ultraderecha el Partido Popular, por lo que los siete votos de Puigdemont en el Congreso resultarán decisivos para inclinar la balanza de una mayoría en la Cámara baja.

El debate parlamentario de este martes es relevante no solo por el fondo de lo que plantea la proposición de ley, sino por el momento político en que se afronta. Aunque Vox registró su iniciativa en noviembre, los de Abascal han decidido elevarla a su primer trámite parlamentario justo esta semana, en mitad de unas negociaciones a cara de perro con el PP para la conformación de gobiernos autonómicos en Extremadura y en Aragón y en plena cuenta atrás para la competición electoral en Castilla y León. Y ese contexto llevará a los de Feijóo a asistir al Pleno sin margen para ponerle un pero a la ofensiva ultra contra las personas migrantes. 

Ese texto que apoyarán PP y Vox asegura en su exposición de motivos que los “bienes y derechos” supuestamente propios de “Occidente” penden de un hilo porque están siendo amenazados por un fenómeno que está marcando las sociedades europeas en las últimas décadas, que es la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”.

Según Vox, “algunas de esas personas”, sin concretar cuáles, “pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público” europeo por una “falsa noción de tolerancia” que lleva a “permitir la progresiva normalización de hábitos como la circulación masiva de personas con el rostro cubierto”. La norma apunta que portar el niqab o el burka es “sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana”. 

En un videocomunicado, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ya aseguró el pasado fin de semana que su partido “aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento”. Y añadió en clave política un guiño a los de Abascal: “PP y Vox tienen que entenderse y llegar a un acuerdo porque la prioridad no son los partidos, sino los españoles”.

El texto de la proposición, de apenas cinco páginas, tiene un único artículo: “Queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados niqab y burka”. Y establece la capacidad de “sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario”, el niqab o el burka, “así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores”. La proposición no establece diferencia alguna entre la acción voluntaria de la mujer o la imposición por parte de su entorno. Sobre las sanciones se establece que se aplicarán a cuenta de la 'ley mordaza', y se plantea la imposición de una “multa en grado medio”, lo que supone entre 10.401 y 20.200 euros.

La incógnita de Junts

Como es habitual, en Junts no han desvelado el sentido de su voto y lo previsto es que lo anuncien este mismo martes, justo antes del debate parlamentario. La última vez que los de Puigdemont tuvieron que posicionarse sobre la prohibición del uso del velo fue en mayo de 2025 en el Parlament de Catalunya y sobre una iniciativa de Aliança Catalana. Y aunque los sucesores de Convergència decidieron votar en contra lo hicieron en base a un discurso claramente alineado con las posiciones más duras antimigratorias. 

“Nuestro modelo es la defensa de los derechos de los niños, que hemos construido entre todos; la igualdad de género y la emancipación de la mujer. Por eso no queremos que lleven el velo. Si no pueden decidir libremente, lo mejor es prohibirlo”, dijo el portavoz de Junts, David Saldoni, en aquel debate parlamentario.

Arrastrados a ese debate por Aliança Catalana al estilo de lo que le pasa al PP con Vox, en Junts se vieron obligados a tratar el asunto en su Ejecutiva y a posicionarse a favor del veto total a los velos integrales que impiden ver el rostro en el espacio público y a todos los tipos de velos en el ámbito escolar. Este martes, su voto determinará si la medida pasa el filtro del primer trámite parlamentario. Hace más de una década, la iniciativa que convirtió a Lleida en la primera ciudad española en prohibir el burka en edificios públicos partió de CiU, partido del que Junts es considerado heredero político.