El PP y Vox amansan a la Agencia Valenciana Antifraude: realiza 18 investigaciones en 2025 cuando llegó a cerrar 77 en 2022

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, elegido por Partido Popular (PP) y Vox, Eduardo Beut, ha reducido de forma drástica el nivel de actividad investigadora del organismo, con un descenso del 75% en las pesquisas finalizadas en un año natural, según el Portal de Transparencia de la entidad y el balance del mandato del anterior director, Joan Llinares, entre 2017 y 2024. Un verdadero amansamiento de una entidad que en sus primeros siete años de historia se había ganado el respeto de organismos internacionales como la Comisón Europea yTransparencia Internacional o entidades similares a nivel europeo como la OLAF (European Anti-Fraud Office).

Así, mientras la entidad llegó a cerrar 77 casos en 2022 y 65 en 2023, la actual dirección del organismo fiscalizador de la administración solo finalizó 18 investigaciones en 2025, el número más bajo de su historia.

Eduardo Beut llegó a la Agencia Valenciana Antifraude como un elefante en una cacharrería. Más de una docena de trabajadores y miembros del equipo de Llinares abandonaron el organismo tras su llegada a mediados de 2024 y las nuevas medidas que aplicó en 2025. Además, Beut rompió el acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que la agencia asistiera al ministerio público en los casos más complejos, como el caso Erial, en el que ha sido condenado a diez años de prisión el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. En esta causa, la aportación de Antifraude fue fundamental para esclarecer el amaño de las adjudicaciones del plan eólico valenciano que permitió el posterior cobro de mordidas.

En 2022, el año con mayor número de investigaciones, la Agencia Antifraude dirigida por Joan Llinares concluyó 77 expedientes: 68 terminaron en recomendaciones a las instituciones investigadas, siete fueron archivados, uno se trasladó a un órgano administrativo y otro a la autoridad judicial. En 2023, con 65 investigaciones, cuatro se remitieron a la autoridad judicial, siete fueron archivadas y 46 concluyeron con recomendaciones.

Por su parte, en 2025, el primer año de Beut con su propio equipo y sin los investigadores de Llinares que abandonaron la agencia, Antifraude solo cerró 18 investigaciones, la mayoría en ayuntamientos, según el Portal de Transparencia. Precisamente en 2025 se inició la investigación al comisionado de la dana, José María Ángel, por la aparición de un título falso en su expediente de la Diputación de Valencia. La investigación fue una de las más rápidas realizadas por la entidad —duró menos de un mes— y acabó filtrada a los medios de comunicación, con la posterior dimisión de Ángel.

El pasado ejercicio, Antifraude también investigó casos relacionados con irregularidades en materia de personal, licencias municipales, permutas de puestos en la policía local, contratos de publicidad y patrocinio, así como irregularidades en el abono derivado de la contratación de personal.

La llegada de Beut ha supuesto, según diversas fuentes internas, un desmantelamiento de la agencia. Se derogó el Código Ético, se suprimieron los mecanismos de denuncia interna para fiscalizar la propia institución y se modificó la normativa para ocultar datos clave de las investigaciones. Al mismo tiempo, el director elevó su salario en varias ocasiones hasta superar los 100.000 euros, situándose entre los altos cargos de la administración valenciana con mayor retribución.