Catalá ignora las exigencias de transparencia del Síndic de Greuges y sigue blindando al edil de contratación

El Síndic de Greuges, la figura que encarna al defensor del pueblo valenciano, afea al Ayuntamiento de València que siga sin proporcionar información sobre las empresas con las que trabaja el edil de contratación. La institución ha publicado la resolución de cierre de la queja por falta de respuesta a una concejala de la oposición, la socialista Elisa Valía, que solicitó conocer con qué mercantiles ha trabajado o trabaja José Marí Olano, después de que él mismo manifestara la abstención por incompatibilidades. El edil fue apartado de la mesa de contratación en diciembre.

La institución estatutaria ha mantenido un tira y afloja con el consistorio, que se niega a facilitar la información porque no la tiene y no se la ha pedido al edil, según consta en las respuestas remitidas. El mismo concejal ha elaborado informes de respuesta en los que alega que debe respetar el secreto profesional de la Abogacía y que la normativa municipal no indica que deba identificar a las empresas. Además, defiende que la abstención que él mismo formula ya es un indicativo de su buen proceder. El órgano estatutario resolvió que el Ayuntamiento debía facilitar esta información por una cuestión básica de transparencia y para garantizar que la oposición pueda fiscalizar al gobierno.

El consistorio envió un escrito al órgano estatutario que encabeza Ángel Luna en el que ya rechazó la recomendación. Suscrito por el mismo concejal, explicó que la recomendación es imposible de cumplir “cuando el Ayuntamiento de Valencia no dispone de tal información, que por ende no es pública, ni tiene el derecho o la obligación de reclamársela al concejal José Marí Olano, ni éste tiene el deber de facilitar la referida información al Ayuntamiento de Valencia”. Asumía, por tanto, que seguirá sin proporcionar la relación de empresas con las que ha trabajado. Y señalaba que no tiene por qué comunicar esta información a ningún superior, ya que los concejales no tienen superior jerárquico.

Al respecto, el Síndic, en su cierre de la resolución -un procedimiento habitual cuando concluye la investigación- afea al consistorio la falta de transparencia. Indica, además, que no tiene sentido la respuesta dada, porque alguien debe vigilar si se cumplen las abstenciones. “Esta Institución considera que dicha interpretación conduce al absurdo y vacía de contenido dicho deber de abstención, convirtiéndolo en una suerte de derecho, al permitir que cada concejal, sin control alguno porque no tiene superior jerárquico y no está obligado a facilitar información precisa sobre los hechos que justifican la aplicación de la concreta causa de abstención concurrente en cada caso, sea quien, de forma voluntaria y libre, decida ejercer o no la competencia que le ha sido atribuida, la cual, hay que recordarlo, es irrenunciable ”, señala Luna en el escrito.

El Síndic también recuerda que el concejal se adhirió voluntariamente al Código de Buen Gobierno, que implica unos compromisos éticos, como que las personas que lo suscriben “garantizarán el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y promoverán su ejercicio”, que incluye “las declaraciones de actividades, de bienes e intereses y de rentas percibidas”. Con todo, constata que el consistorio no tiene intención de cumplir la recomendación.

Y afea: “Llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic contenidas en la Resolución de consideraciones de 26/11/2025. Ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”. Una vez más.