La Generalitat pide a la Policía de Alicante que verifique si los adjudicatarios de las VPO viven en ellas

La Generalitat Valenciana encarga a la Policía Local de Alicante que verifique quién reside en las viviendas de protección pública del residencial Les Naus, copadas por funcionarios y personas cercanas al PP en la ciudad. El escándalo en la adjudicación de la promoción de las viviendas protegidas ha provocado una investigación por parte del Gobierno autonómico y dos denuncias en Fiscalía, una del PSPV y otra del propio Ayuntamiento de Alicante.

Este lunes, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha indicado que ha reclamado al consistorio y a la Policía Local que informara de quiénes son las personas empadronadas en esas 140 viviendas del residencial Les Naus de la Playa de San Juan y también para que agentes de la policía local acudan al lugar y confirmen si los beneficiarios “viven o no viven” allí. La petición se produce tras las informaciones que apuntan que algunos inmuebles se podrían haber vendido posteriormente o estan alquilados, algo que vulnera la normativa sobre vivienda protegida. La ley establece que tienen 6 meses para empadronarse desde que se formaliza la adquisición de la vivienda.

Camarero ha señalado que tres de los receptores de las viviendas públicas han pedido la excepcionalidad de residir en el complejo por un traslado al extranjero, y ha añadido que la Generalitat quiere saber si es cierto. En paralelo, Vivienda ha pedido información al Registro de la Propiedad para comprobar si se han registrado las personas que visaron o que solicitaron esa documentación “para hacer toda la comprobación” y saber “si quien pidió el visado es quien se ha registrado, y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas”.

A los pocos días de saltar el escándalo destapado por el diario Información, la Conselleria de Vivienda suspendió de empleo y sueldo a un funcionario de la delegación territorial de Alicante, quien habría validado el visado de una vivienda solicitada por su mujer, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Se investiga la adjudicación de viviendas públicas a una concejala del PP, a un técnico y a dos hijos de una alto cargo. elDiario.es ha detectado que una Interventora de la Generalitat, con un salario de al menos 70.000 euros, posee una de estas viviendas destinadas para personas vulnerables.