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La Justicia obliga al Gobierno canario a devolver la representación sindical al personal del banco canario de sangre

Imagen de archivo de una unidad móvil del ICHH en la calle Real de Santa Cruz de La Palma.

Canarias Ahora

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado “ilegal” la extinción de la representación legal de las personas trabajadoras del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) tras su integración en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias (FSC-CCOO) ha señalado que valora la sentencia como “un respaldo claro a las tesis del sindicato”, al reconocer la resolución judicial que la desaparición de los comités de empresa provinciales “vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical y ordena su restitución”, subraya.

“El grave daño realizado a la representación legal y a las personas trabajadoras del Banco de Sangre de Canarias, en el tormentoso proceso de fusión al SCS, no queda impune”, celebra CCOO, tras casi ocho meses, de lo que califican como una “acción de represión a la libertad sindical”.

Según indica la nota, el fallo estima la demanda interpuesta por FSC-CCOO y declara “nula la decisión comunicada por el SCS a los Comités de empresa de 27 de junio de 2025”, por la que se daba por extinguida la representación legal del personal del extinto del ICHH.

Asimismo, ordena reponer a los comités de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife “en sus funciones en tanto se proceda a la renovación de la representación legal, reconociendo el derecho de las personas trabajadoras a mantener su interlocución colectiva durante el proceso de integración”.

En este sentido, el sindicato destaca que, según la sentencia, “la supresión de los órganos representativos no puede producirse automáticamente por la fusión administrativa, especialmente cuando el proceso de integración del personal no ha concluido”.

Vulneración del derecho fundamental

La organización sindical indica que el Tribunal considera que la decisión adoptada por el SCS “afectó al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, protegido por el artículo 28.1 de la Constitución”.

Por otro lado, la Sala concluye que la Administración no puede dejar sin representación a la plantilla mediante una comunicación unilateral, “ya que ello supone impedir el ejercicio efectivo de la acción sindical y la defensa colectiva de los intereses laborales”.

Además, la resolución subraya que el acuerdo de fin de huelga alcanzado previamente con el sindicato CCOO, contemplaba la continuidad de la representación legal hasta la celebración de nuevas elecciones.

FSC-CCOO recuerda que esta sentencia “desmiente las afirmaciones realizadas la semana pasada por la consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, en sede parlamentaria donde sostuvo que ”la desaparición del Comité de Empresa estaba avalada por el TSJC“.

Tal como defendía el sindicato en su anterior comunicado, “la normativa de integración no suprime la representación legal ni autoriza su extinción automática”.

La organización sindical considera especialmente “grave” que se haya trasladado a la opinión pública, “pareciendo infringir un daño” en la imagen de la representación legal, una afirmación de que tanto el cese como el diálogo con los sindicatos “eran justos y adecuados, algo que ahora ha sido corregida por los tribunales”, destaca.

Durante el proceso de integración del ICHH en el SCS, FSC-CCOO ha denunciado “reiteradamente la falta de interlocución, la precarización de las condiciones laborales y la ausencia de mecanismos de participación colectiva”.

El sindicato entiende que la sentencia confirma que estas decisiones se adoptaron “sin respetar las garantías constitucionales ni la legislación laboral vigente”.

Por último, CCOO asegura que el daño infringido a las personas trabajadoras “ha sido cuantioso” y que, por su parte el sindicato, “no parará hasta revertir esta deriva autoritaria y de merma de derechos que afecta a las profesionales del servicio y al buen funcionamiento de este servicio público esencial del que depende directamente la salud de muchos de nuestros conciudadanos”, conlcuye.

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