El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos

En un contexto de emergencia habitacional provocado por el imparable auge de los precios tanto de compra como de alquiler, el escándalo de las 140 viviendas protegidas con piscina y pistas de pádel construidas en la playa de San Juan de Alicante y que se han adjudicado cargos del PP del Ayuntamiento de Alicante y funcionarios o personas con alguna vinculación al Consistorio, ha puesto en jaque ya no solo al alcalde, Luis Barcala, sino también al Gobierno valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca.

El jefe del Consell mostró el pasado 12 de febrero su “cabreo e indignación” con la situación, pero la realidad es que la legislación aprobada por su ejecutivo a finales de diciembre de 2024, con su predecesor en el cargo Carlos Mazón al frente, no ha hecho sino eliminar mecanismos de control.

De entrada, el decreto sobre vivienda de protección pública del 10 de diciembre de 2024 aprobado por el Consell elevó de 46.800 a 54.600 el límite de renta para la persona, unidad familiar o de convivencia para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían una serie de requisitos. También elevaba en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado y eliminó la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de la Generalitat y de presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de los requisitos para los interesados en optar a viviendas protegidas de iniciativa privada. Por último, establece un plazo de entre 15 y 30 años en el que, una vez transcurrido, la vivienda pierde la protección y pasa a ser de renta libre. Es cierto que el decreto mejora algunos aspectos en la fase de visado, previa a la validación de la venta, pero como se ha puesto de manifiesto no han sido medidas muy efectivas.

Eliminados los controles iniciales y previos al visado que implementó la izquierda en el decreto de 2021, todo el sistema de validación previo a la compra del inmueble recaía en última instancia en un funcionario de la conselleria de Vivienda que debía visar que los adjudicatarios propuestos por la cooperativa que promovió las viviendas, supuestamente por orden cronológico de inscripción como cooperativistas, cumplían con las condiciones estipuladas.

A los pocos días de saltar el escándalo destapado por el diario Información, la conselleria de Vivienda suspendió de empleo y sueldo a un funcionario de la delegación territorial de Alicante, quien habría validado el visado de una vivienda solicitada por su mujer, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. El papel de este funcionario, clave para validar la adjudicación de las viviendas, es uno de los principales focos de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, tras las denuncias que ha puesto tanto la oposición como el propio Consistorio. También un juzgado de Alicante ha abierto diligencias para dirimir presuntas irregularidades en la documentación presentada para adjudicarse las viviendas.

Y es que, a pesar del incremento en la renta máxima autorizada para acceder a estas viviendas, la realidad es que concejales, arquitectos, hijos de notarios y altos funcionarios como una interventora con elevados ingresos de hasta 70.000 euros han logrado adjudicarse pisos de la polémica promoción, algo muy complicado sin incurrir en irregularidades.

Otra de las posibles irregularidades que ya se están investigando es el hecho de que un tercio de los adjudicatarios no estaba empadronado en Alicante cuando se le adjudicó la vivienda. A este incumplimiento se suman otros, como la pertenencia al mismo núcleo familiar.

Una concejala, una interventora, altos cargos y funcionarios

Hasta hora se conoce que 14 viviendas han ido a parar a individuos con algún tipo de vinculación con el Ayuntamiento de Alicante. Se trata, por un lado, de dos personas que mantienen relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali: la hermana de su secretaria y una funcionaria interina que ejerce como administrativa en el servicio de Intervención, con quien mantiene una buena relación personal desde que coincidieran como candidatas a Bellea del Foc de Alicante en el año 2017.

Estos casos se suman a los de las viviendas adjudicadas a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la del arquitecto municipal, Francisco Nieto, además de la mencionada que se quedó la mujer del funcionario de la Generalitat suspendido de empleo y sueldo.

En el caso de la exconcejala de Urbanismo, se suman otros dos inmuebles adjudicados a su ex cuñada y a su suegro y uno más en el que residen las hijas del ex jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, y que durante el pasado mandato ocupó el mismo cargo junto a la vicealcaldesa de Alicante de Ciudadanos.

El último de los casos destapados por elDiario.es es de una interventora de la Generalitat que accedió a un piso a pesar de tener un sueldo de 70.000 euros, sobrepasando con creces los límites marcados en el decreto en vigor. Además de todas estas situaciones, tal y como avanzó Alicante Plaza, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de la cooperativa Fraorgi. También constan policías locales, trabajadores sanitarios, varios miembros de distintas sagas familiares o las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales.

Viviendas a 200.000 euros que valen el doble en el mercado libre

La promoción Les Naus es la primera de vivienda protegida que se construye en la ciudad en décadas en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados, lo que hace de este tipo de pisos a precios más asequibles tengan una altísima demanda. El residencial es de iniciativa privada y lo levantó y comercializó Residencial Les Naus, Cooperativa Valenciana sobre un suelo municipal que adquirió por 6,6 millones de euros mediante un proceso previo de enajenación.

Al ser vivienda protegida se aplicaron los precios tasados por la administración que en este caso fueron de 1.200 euros el metro cuadrado por lo que las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como es la playa de San Juan.

Como informó este diario, a los pocos meses de venderse ya se detectaron operaciones especulativas tanto de venta como de alquiler, algo prohibido en el caso de viviendas protegidas. Así, en agosto hubo anuncios de alquiler en un conocido portal inmobiliario a 1.600 euros. También hubo quien intentó venderlas cobrando una cuantía en negro equivalente a la diferencia hasta alcanzar el precio en el mercado de renta libre.

Medidas del Gobierno valenciano y del Ayuntamiento

Tras saltar el escándalo, el alcalde, Luis Barcala (PP), anunció que llevaría el caso a la Fiscalía, como así ha sido. La denuncia está basada en un informe municipal del área de Patrimonio que recibió el primer edil el 27 de enero. Ese documento ya advertía de que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”. Fue la jefa de servicio de la concejala ahora también se ha visto salpicada la que redactó el documento. También se va a celebrar un pleno monográfico y una comisión de investigación, si bien es cierto que aún no se ha puesto en marcha.

El Ayuntamiento de Alicante confirmó el pasado viernes 13 de febrero que ha detectado que nueve de sus funcionarios, además de la dimitida concejala de Urbanismo Rocío Gómez, accedieron a un piso en la promoción. El concejal del PP Mario Villar comunicó el viernes a los sindicatos que había abierto expediente a dos de los nueve funcionarios con vivienda adjudicada. Los dos empleados públicos investigados por el consistorio son los únicos que habrían intervenido en algún momento del proceso de adjudicación de las viviendas. En concreto, el arquitecto Francisco Nieto y su compañera en el departamento de Urbanismo, Elsa Lloret, casada con el técnico de la Generalitat que validó su solicitud.

Por parte del Gobierno valenciano, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que el visado de las futuras viviendas se llevará a cabo por un órgano colegiado formado por al menos dos funcionarios, pero evitar dejarlo en manos de un único responsable. Además, se está trabajando en una plataforma digital del Plan Vive en la que se dará información de todas las promociones de vivienda protegida que se saquen a la venta para que todos los interesados tengan la información de primera mano y puedan apuntarse a los diferentes procesos de adjudicación que seguirán gestionando las promotoras. Además, se trasladará a las mercantiles una serie de criterios objetivos para hacer las adjudicaciones de forma transparente.

Camarero ha destacado que están revisando los 140 expedientes de la promoción y, en los que se han detectado deficiencias, se ha dado un plazo de diez días para que se aporte la documentación correspondiente. Según ha averiguado esta redacción se habría solicitado documentación adicional en una decena de casos.