La normativa de la izquierda derogada por Mazón podría evitar irregularidades en el acceso a VPO como las de Alicante

“La inexactitud, falsedad u omisión de los datos de carácter esencial, su falta de acreditación o el incumplimiento del deber de comunicar las modificaciones, cuando de ello resulte el incumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción, dará lugar a la imposibilidad del ejercicio del derecho y a la baja de la unidad de convivencia del Registro de demanda de vivienda”.

El artículo 19.4 del decreto 106/2021 del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación se expresa en estos términos en relación con las consecuencias que puede suponer la comisión de irregularidades en la declaración responsable que debe presentar cualquier particular para darse de alta en el registro de demandantes de vivienda protegida. Un requisito que debía cumplir cualquier persona interesada en optar a estos inmuebles, ya fueran de promoción pública o de promoción privada, como es el caso de la polémica promoción de Alicante, desarrollada por una cooperativa.

Sin embargo, como ya informó elDiario.es, el decreto aprobado en diciembre de 2024 por el Gobierno de Carlos Mazón implicó la derogación parcial del de 2021 aprobado por el Gobierno del Botánico en todo lo relacionado con las viviendas protegidas de promoción privada, de forma que deja de ser obligatorio darse de alta en el registro de demandantes de la Generalitat y por lo tanto presentar la mencionada declaración responsable.

Hasta ese momento, tal y como establecía el artículo 19 del decreto derogado del año 2021, “la presentación de la declaración responsable de inscripción en el registro de demanda de vivienda supondrá la adquisición por parte de la unidad de convivencia de la condición de demandante y su incorporación a la sección de demanda correspondiente”. Un paso que hasta finales de 2024 era obligatorio para las viviendas protegidas tanto públicas como privadas.

La declaración responsable necesaria para inscribirse en el registro de demandantes y que ahora solo se exige para las promociones públicas incluye multitud de información. Para su verificación se exige documentación acreditativa, actuando como un primer filtro antes de proceder a la adjudicación y visado del inmueble. La declaración responsable contiene, entre otros datos, los identificativos de la persona declarante y del resto de personas que integran la unidad de convivencia y, en su caso, el grado de parentesco existente entre ellas; el domicilio de la persona declarante, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones; la situación laboral de las personas que componen la unidad de convivencia; el municipio donde la persona representante de la unidad de con vivencia tiene vecindad administrativa o arraigo; la designación de hasta tres municipios en los que se demanda vivienda; y los ingresos anuales de la unidad de convivencia; la manifestación de la veracidad de los datos indicados en la propia declaración, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos para la inscripción.

Una vez derogado el decreto aprobado por el Gobierno del Botánico, en la práctica, se deja en manos de los promotores privados que construyan vivienda protegida todo el proceso de adjudicación hasta el momento de escriturar las casas, momento en el que la Conselleria sí que se encarga de supervisar que todos los adjudicatarios cumplen con los requisitos establecidos en cuanto a niveles de renta y demás condicionantes. Aunque con el Botánico también eran las promotoras las que hacían la adjudicación de las promociones privadas, debían ceñirse a ese primer filtro que suponía al registro de demandantes controlado por la Conselleria, así como a sus baremaciones.

El decreto de 2021 también regula el “Registro de oferta de vivienda en el que deberán inscribirse tanto las viviendas del patrimonio público de vivienda de la Generalitat, como las viviendas protegidas de promoción privada” con el objetivo de dar publicidad y transparencia a las diferentes promociones. La entrada en vigor del decreto de 2024 también implicó que las viviendas de la promoción de Alicante no tuvieran que darse de alta en el registro de oferta, puesto que el momento de darlas de alta era una vez obtenida la calificación definitiva, lo que se dio meses después.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda ya explicaron que procedía separar a los demandantes de vivienda protegida pública de la privada porque van a públicos diferentes, con rentas, necesidades y características diferentes y que realmente, ni el registro de demandantes ni la declaración responsable implican un mayor control sobre el proceso de adjudicación y que los adjudicatarios del residencial de Alicante estaban dados de alto en el registro. También ponen en valor que se han incrementado los controles económicos en la fase de visado.

El registro de demandantes de vivienda protegida en el que desde finales de diciembre de 2024 no es obligado inscribirse para optar a un inmueble de promoción privada ha multiplicado por seis los solicitantes en tres años llegado a las 76.475 “unidades de convivencia activas” inscritas a mediados del pasado año. Por provincias, 24.011 en Alicante, 6.894 en Castellón y 45.570 en Valencia. La Sindicatura de Comptes considera que el registro “actúa como filtro previo a los procedimientos de adjudicación”

La Generalitat activará nuevos registros tras el caso de Alicante

Tras eliminar tanto el registro de oferta como el de demandantes acompañado de declaración responsable, para el caso a viviendas protegidas de promoción privada, la Conselleria de Vivienda se ha visto forzada a implementar nuevas medidas de control como consecuencia del escándalo suscitado por la adjudicación pisos del polémico residencial de Alicante a cargos del PP en el Ayuntamiento o a personas afines. Como ha informado elDiario.es, ya se elevan a 13 las viviendas de la promoción de 140 que estarían en manos de personas con alguna vinculación municipal, entre ellas, la concejala de Urbanismo, ya dimitida, y la de Hacienda.

La vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó este jueves que se sigue trabajando en el estudio de nuevas medidas de control para evitar cualquier tipo de fraude y mejorar la publicidad y la transparencia en las VPP de iniciativa privada. En este sentido se está trabajando en una plataforma digital del Plan Vive en la que se dará información de todas las promociones de vivienda protegida que se saquen a la venta para que todos los interesados tengan la información de primera mano y puedan apuntarse a los diferentes procesos de adjudicación que seguirán gestionando las promotoras. Además, se trasladará a las mercantiles una serie de criterios objetivos para hacer las adjudicaciones de forma transparente.

La también consellera de Vivienda afirmó en relación al caso de Alicante que el PP “no tapa como hacían otros” a los funcionarios que hayan cometido alguna irregularidad y ha informado de que están revisando los 140 expedientes de la promoción y, en los que se han detectado deficiencias, se ha dado un plazo de diez días para que se aporte la documentación correspondiente. Según ha averiguado esta redacción se habría solicitado documentación adicional en una decena de casos.