La incomodidad del Partido Popular CV ante la corrupción

Hablar de corrupción dentro del Partido Popular siempre ha sido un asunto incómodo para el propio partido. No solo por el tamaño y la gravedad de algunos casos que han salpicado a cargos públicos y estructuras territoriales, sino porque, durante años, ha costado asumir que el problema podía ir más allá de conductas individuales y apuntar a fallos más profundos. O quizás, simplemente sea más sencillo. No les da la gana.

A lo largo de las décadas de democracia, el PP ha pasado por numerosos procesos judiciales y escándalos políticos relacionados con financiación irregular, adjudicaciones públicas o redes clientelares. Más allá de las condenas concretas o de los nombres propios, el debate de fondo sigue siendo otro: la dificultad del partido para abordar estos episodios con verdadera transparencia y con voluntad de cambios estructurales.

La línea de defensa habitual ha sido presentar cada caso como un hecho aislado, fruto de decisiones personales. Sin embargo, esa explicación ha convivido durante años con una percepción social persistente de falta de autocrítica y de respuestas internas contundentes. Ni cuando ha gobernado ni cuando ha estado en la oposición se ha consolidado una estrategia clara de regeneración que vaya más allá de relevos de liderazgo o de códigos éticos de copia y pega. Se continúa pensando que con la técnica del Avestruz. Así les va.

Reconocer la corrupción como un problema endémico en las organizaciones políticas no  tiene un coste político evidente ( el partido popular debe de pensar lo contrario) tan solo implica admitir cambios en los controles internos, en la cultura organizativa y en la selección de dirigentes. Ahora bien, el coste de no hacerlo es evidente, porque mina la credibilidad institucional y alimenta la desconfianza ciudadana.

Por eso, la cuestión no es solo qué casos han existido, sino qué respuestas estructurales se han impulsado para evitar que se repitan. Y ahí surge la crítica principal: la sensación de que las reacciones han sido más defensivas que transformadoras, más centradas en proteger la imagen del partido que en reforzar de verdad los mecanismos de prevención y rendición de cuentas. Y por supuesto sin reformas internas ni de gobierno.

En una democracia, los partidos no se valoran únicamente por sus programas o su capacidad de gestión, sino también por cómo afrontan sus propias sombras. La corrupción no desaparece ignorándola ni reduciéndola a episodios del pasado. Se combate con transparencia, controles eficaces y asunción de responsabilidades políticas. Y ese sigue siendo uno de los retos más incómodos (y pendientes) para el Partido Popular, que continúa esquivando el problema caso tras caso.

Esta incomodidad no es una idea abstracta: tiene nombres, etapas y antecedentes claros. La trayectoria del PP en democracia está marcada por algunos de los casos de corrupción más sonados de la política española y valenciana. La trama Gürtel, la financiación irregular investigada en el caso Bárcenas, los múltiples frentes territoriales, o el impacto institucional de los casos Lezo y Púnica han dejado una huella difícil de separar de la historia reciente del partido. O los erial, cooperación, terra mítica, emarsa, Brugal o la y la trama valenciana de la Gürtel.

En muchos de estos episodios hubo sentencias firmes, condenas a cargos públicos y responsabilidades penales individuales reconocidas. Aun así, la crítica política ha persistido en otro plano: la percepción de que la respuesta orgánica del partido fue, de nuevo, reactiva y no preventiva; más orientada a contener el daño mediático que a revisar a fondo los sistemas internos de control, supervisión y selección de cargos. Y, casi siempre, acompañada del recurso“y tú más”.

El problema no desaparece cuando el partido pasa a la oposición, ni se soluciona automáticamente al volver al gobierno. La falta de reformas internas percibidas como profundas, sostenidas y verificables ha reforzado la idea de que la corrupción se gestiona como una crisis puntual, no como un riesgo estructural.

Un ejemplo reciente de este patrón, esta vez en la administración local, se ha dado en Alicante, con la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en una promoción construida sobre suelo municipal. Varias de estas viviendas, destinadas en teoría a facilitar el acceso a la vivienda a personas con ingresos limitados, acabaron en manos de cargos públicos, técnicos municipales o familiares directos de responsables políticos del Partido Popular. Pero siguen siendo casos aislados. ¡Qué vergüenza!

El caso ha provocado dimisiones y la apertura de investigaciones administrativas y judiciales, pero volvió a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: más allá de las responsabilidades individuales, la existencia de fallos en los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de interés. Una vez más reabre el debate sobre si las respuestas del partido se limitan a cuando el escándalo ya es público, sin abordar de forma profunda las debilidades estructurales que permiten que este tipo de situaciones se repitan en distintos niveles territoriales.

Así se cierra el círculo: cada caso, pasado o presente, refuerza la sensación de que el verdadero desafío no es solo depurar responsabilidades cuando estalla un escándalo, sino construir mecanismos eficaces que impidan que vuelva a ocurrir. Y ese sigue siendo el punto más incómodo del debate interno.

Todos sabemos aquello de: “si quieres que algo cambie, empieza por hacer algo diferente” con el partido popular lo tenemos claro. Por lo tanto, la pregunta no es si volverá a ocurrir, si no, cuando y donde será el próximo caso de corrupción.