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Carlos Mazón ocupa su nuevo escaño en la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat.

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La renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat pudo haber sido una oportunidad para hacer una pausa, reflexionar y asumir responsabilidades con seriedad. Inclusive partir de cero. Pero el Partido Popular ha decidido recolocarlo casi de inmediato al frente de la Comisión de Reglamento de las Corts, dejando claro que la prioridad no era renovar nada, ni cambiar nada, sino proteger al suyo. Y eso dice mucho, no solo del PP, sino del funcionamiento político en la Comunitat Valenciana.

La Comisión de Reglamento no es un cargo cualquiera. Ahí se fijan las reglas internas del Parlamento, se marcan los equilibrios entre partidos y se definen los procedimientos que dan forma al debate democrático. Es, en resumen, la comisión que pone orden al juego político. Por eso, quien la presida debería tener un perfil neutral, con autoridad moral y cierta distancia con el mal gobierno. Nombrar a Mazón, recién salido del despacho presidencial, para ese puesto manda justo el mensaje contrario. Pero tranquilos, que no cunda el pánico, esa comisión no se ha reunido nunca en dos años de gobierno. Todo un mensaje. Ahora bien, el señor Mazón cobrará 637 euros al mes, 8.918 euros al año, por no hacer nada.

Lo que ha hecho el PP valenciano es aplicar una lógica interna de partido: proteger al líder caído, evitar movimientos bruscos y que siga de aforado, por si las “moscas”. Se entiende desde la maquinaria partidista tradicional, caduca y trasnochada, esa que huele a naftalina, pero no desde la lógica del buen gobierno y la calidad democrática.

Una dimisión no debería convertirse en un simple trámite que se borra en unos días con un nuevo puesto. Si la salida de un presidente no tiene consecuencias reales, el mensaje que le llega a la gente es desolador: que en política nadie cae del todo, que siempre hay una silla esperando y que la responsabilidad es, en el fondo, solo un gesto vacío.

Y esto no es solo cosa del PP. Es un patrón que arrastra toda la política española. Pero aquí, en la Comunitat Valenciana, pesa más por el momento que vivimos: creciente desconfianza ciudadana, polarización en aumento y una sensación general de que las instituciones no están a la altura. En ese contexto, recolocar tan rápido a Mazón no solo es inoportuno. Es contraproducente.

Lo más saludable, y coherente con una democracia que se respete a sí misma, habría sido que se apartara un tiempo de la primera línea. Darle espacio a su salida, permitir que su dimisión tuviera un peso real. Esa distancia no solo es un gesto de responsabilidad; es también una forma de reconstruir confianza en las instituciones.

Pero el PP no ha querido. Y esa decisión deja ver dos cosas: que no saben gestionar transiciones y que el pacto alcanzado para conseguir que dimitiera, no solo era quien sería su sucesor. El problema es que lo que les fortalece a corto plazo como partido, debilita a largo plazo al sistema institucional.

El PP ha perdido una oportunidad clave de mostrar que su líder saliente asumía responsabilidades de verdad. Ha preferido blindarlo antes que dar ejemplo. Ha dejado claro que, una vez más, proteger al partido está por encima de regenerar las instituciones o recuperar la confianza ciudadana. La familia, es la familia.

Porque al final, lo que está en juego no es solo un nombramiento más. Es una forma de entender la política. Y con gestos como este, queda claro que en el PP valenciano siguen sin entender que una democracia no solo necesita leyes, también necesita señales claras de que el poder tiene límites.

La decisión resulta aún más cuestionable si se pone en contexto con un episodio reciente y especialmente delicado: la gestión de la DANA que nos golpeó duramente, donde más nos duele, con la pérdida de vidas humanas. Aquel temporal dejó barrios anegados, infraestructuras colapsadas y a miles de personas esperando respuestas que el Consell no supo dar con la rapidez necesaria. La falta de previsión, la lenta coordinación de emergencias y la respuesta institucional tardía, sobre todo en los municipios más castigados, generaron críticas, incluso desde alcaldías del propio Partido Popular. Esa gestión dejó al descubierto fisuras claras en la credibilidad del Ejecutivo y aceleró un desgaste que terminó con la salida forzosa de Mazón.

Que, después de una emergencia mal gestionada, el partido decida recolocar a su expresident en un órgano clave del Parlamento lanza un mensaje peligroso: que los errores graves no tienen consecuencias políticas reales, o que, si las tienen, duran apenas un suspiro.

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