La democracia no se financia en efectivo

El 17 de diciembre de 2025, la Audiencia Nacional abrió una investigación para esclarecer presuntos pagos en efectivo, de origen desconocido, dentro del PSOE. Los documentos recibidos ( a petición del juez) apuntan a movimientos de dinero entre 2017 y 2025, justo los años que abarcan la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. Vale aclararlo desde el principio: que se abra una investigación no significa que haya una condena. La presunción de inocencia sigue siendo clave en cualquier democracia. Pero fingir que no pasa nada tampoco es una opción. Cuando la justicia pone bajo la lupa al partido que gobierna, no estamos ante un simple tema administrativo. Es algo que toca la fibra de la política, de la ética y, sí, también de la democracia.

No es baladí que, tras recibir la información que remitió el PSOE al juez, este decidiera abrir una pieza separada por blanqueo de capitales y financiación ilegal. Algo debió llamar la atención en los asuntos contables. La apertura de esta nueva línea de investigación sugiere que el contenido de los justificantes y documentos aportados no fueron, precisamente, tranquilizadores.

Para entender lo que está en juego, conviene detenerse un momento en dos conceptos que a veces se mencionan sin mucha profundidad: financiación ilegal y blanqueo de capitales. No son tecnicismos. Son líneas que, si se cruzan, comprometen la legitimidad de todo el sistema.

La financiación ilegal sucede cuando un partido político mueve dinero por fuera de los límites legales. Puede ser a través de donaciones prohibidas, gastos que exceden lo permitido, cajas paralelas o pagos en efectivo sin rastro. Estas reglas no están por gusto. Buscan que todos los partidos compitan en igualdad de condiciones, y evitar que el poder político se compre con talonarios o favores.

El blanqueo de capitales es aún más grave: es hacer pasar por legal un dinero cuyo origen es ilícito. Aunque se asocia muchas veces al crimen organizado, en política también puede ocurrir cuando hay fondos opacos, pagos fraccionados o movimientos en efectivo hechos para esquivar controles. Además de Atentar contra la economía formal del estado y socavar el estado del bienestar. Por eso, el dinero en efectivo sin origen claro es una alerta roja para los organismos de control.

Cuando una causa judicial apunta a estas prácticas dentro de un partido democrático, el daño no se mide solo por lo que diga un juez. El golpe es ético, profundo, y deja una marca duradera.

Primero, porque erosiona la calidad democrática. Votar está bien, pero también necesitamos confiar en que quienes gobiernan cumplen las reglas básicas. Si esas reglas parecen opcionales para quienes mandan, la desconfianza crece. Y no es fácil revertirla.

Después, porque afecta al buen gobierno. No se pueden pedir políticas públicas limpias si el propio partido no mantiene limpias sus cuentas. La opacidad interna suele ir de la mano con atajos, controles laxos y confusión entre lo que es partido y lo que es institución.

Y también, porque golpea la lucha contra la corrupción. España ya viene arrastrando escándalos que desgastaron la confianza en las instituciones. Cuando aparecen nuevas sombras sobre partidos en el poder, no solo se cuestiona a esos partidos: se debilita el mensaje contra la corrupción y se alimenta el cinismo de muchos ciudadanos. A veces cuesta no preguntarse si de verdad alguien predica con el ejemplo.

En el caso del PSOE, el efecto puede ser todavía más fuerte. No hablamos de un actor menor. Es un partido central en la historia democrática del país, y ha hecho bandera de la transparencia y la regeneración política. Justamente por eso, su nivel de exigencia debería ser más alto. No alcanza con dejar todo en manos de los tribunales. Hay una responsabilidad política que exige explicaciones claras, transparencia total y, si corresponde, consecuencias reales.

Si hace unos días escribía sobre “los monstruos de la política” refiriéndome al partido popular y el daño que hacia su inacción regeneradora y nada democrática decisión de mantener al “innombrable” en la primera línea política, imagínate las consecuencias si todo esto se confirma. Me vienen unas cuantas: la ejemplaridad de los partidos, la gestión del dinero público y privado o el daño que las sospechas de opacidad causan a la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Esto no va de anticipar culpables ni de armar juicios paralelos. Va de entender que la democracia también se desgasta cuando se normalizan zonas grises. Cuando el dinero entra por la puerta de atrás, la confianza ciudadana suele ser la que se va por la ventana. Y eso es algo que ningún gobierno debería permitirse. Mucho menos, en su propia casa.