Alicante investiga la adjudicación de viviendas públicas a una concejala del PP, a un técnico y a dos hijos de una alto cargo

Escándalo en el Ayuntamiento de Alicante tras hacerse público que la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; los dos hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro viviendas protegidas de una promoción de 134 viviendas que cuenta con zonas comunes, con piscina y pistas de pádel.

Se trata de la primera promoción de vivienda protegida que se construye en la ciudad en décadas en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados, lo que hace de este tipo de pisos a precios más asequibles tengan una altísima demanda. El residencial se levantó sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación por el cual la administración se queda una parte de los inmuebles.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado este jueves la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con estos hechos que ha adelantado el diario Información. La promoción está ubicada en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan y se inició en 2018. El primer edil ha recalcado que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

“Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente”, ha destacado Barcala. “Y, por ello, este mismo miércoles 28 de enero pedí al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos”, ha añadido.

“Aclarar que si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”, ha proseguido el primer edil. Barcala también se ha comprometido “a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión”.

El informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación. A estos departamentos municipales se les solicita que informen de la relación de personal que ha participado en el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área. El responsable designado para instruir este informe de aclaración es el secretario general del Ayuntamiento de Alicante.

Peticiones de dimisión del PSPV y de Compromís

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha exigido la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y ha reclamado al alcalde, Luis Barcala (PP), que comparezca de inmediato en un pleno extraordinario y que ponga en marcha una comisión de investigación para dar explicaciones y fiscalizar qué ha ocurrido con la adjudicación de vivienda pública en Alicante, tras conocer que la concejala y un arquitecto de Urbanismo y dos hijos de una alto cargo, han sido adjudicatarios de la única promoción de vivienda pública. Además, ha asegurado que llevará el caso a la Fiscalía.

“Barcala debe dar explicaciones ante la magnitud de este escándalo y exigimos la dimisión o el cese de la concejala de Urbanismo. Se debe investigar si se ha traficado con información privilegiada y si ha habido trato de favor en la adjudicación de vivienda pública, cuando miles de alicantinos no pueden acceder a un recurso habitacional”.

Durante el pleno celebrado este jueves, Barceló ha preguntado al alcalde si determinadas personas, entre ellas la actual concejala de Urbanismo, contaron con algún tipo de ventaja al conocer los trámites y si alguien ha utilizado su posición dentro de la institución municipal para realizar tratos de favor. “¿Hay más amigos o familiares del PP que han resultado beneficiados?”, ha preguntado la portavoz socialista.

“El plan de Barcala para construir 6.000 viviendas en Alicante en colaboración con la Generalitat Valenciana está bajo sospecha y no nos fiamos. Vamos a fiscalizar con lupa la cesión de parcelas al Consell a través del Plan de Vive de Mazón, asumido ahora por Pérez Llorca, para que la vivienda pública se adjudique a quien realmente lo necesita, y no a quien tenga información privilegiada”, ha añadido la portavoz .

El portavoz de Compromís en la corporación municipal, Rafa Mas, ha pedido la dimisión del alcalde, Luis Barcala, y ha tildado el asunto de “escándalo”.

La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado este miércoles que “la única promoción de vivienda de protección pública construida en Alicante en los últimos 25 años ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del Partido Popular”, una situación que ha calificado de “escándalo” y que, a su juicio, “demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios”.