Trump se revuelve tras el varapalo del Supremo a los aranceles que sacude su agenda política y económica

“My way or highway”, suele decir el presidente de EEUU. Ese “a mi manera o a la calle” con el que le gusta negociar a Donald Trump con el resto de sus interlocutores políticos ha saltado este viernes por los aires. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Supremo de EEUU le ha dicho a Trump que su way es un callejón sin salida, que los aranceles anunciados aquel llamado día de la liberación en abril pasado estaban mal aplicados. Y que no está por encima de la ley.

El Supremo ha dicho este febrero lo que llevan meses diciendo muchísimas personas en EEUU: que el presidente no puede imponer aranceles invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Porque esa ley, de 1977, no está pensada para imponer aranceles, y porque hay otros múltiples mecanismos en el ordenamiento jurídico estadounidense para gravar productos y países extranjeros.

El presidente de EEUU llevaba meses metiendo presión al tribunal de forma habitual. Prácticamente cada semana publicaba un post en Truth Social o hacía una declaración en la que expresaba la importancia que para él tenía ganar el caso en el Supremo, donde los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3.

Pero esta vez la mitad de los jueces conservadores se han alineado con los progresistas para tumbar una decisión fundamental en la agenda económica, política y geopolítica de Donald Trump. En efecto, el presidente de EEUU ha usado la amenaza arancelaria para renegociar acuerdos comerciales con medio mundo y, también, para lograr sus objetivos económicos y políticos con países fronterizos como Canadá y México. Es más, según Trump, las amenazas arancelarias también le han servido para lograr declaraciones de alto el fuego entre países en guerra, o incluso lograr inversiones extranjeras de otros países.

Pero los aranceles también suponen una forma proteccionista de gobernar la economía que pasa por imponer trabas a la importación con la idea de proteger la industria nacional frente a la competencia extranjera en un deseo de mejorar las cifras de empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses. Pero nada de eso está pasando de momento: el empleo es débil y los estadounidenses se enfrentan a una crisis seria de asequibilidad, sobre todo en relación con el precio de la vivienda.

Hasta tal punto los aranceles son una forma de entender la política para Trump, que los está usando para asfixiar energéticamente a Cuba y para sancionar el petróleo ruso.

Y a esa arbitrariedad es a la que el Tribunal Supremo de EEUU le ha dicho que no a Trump. El presidente de EEUU puede aplicar aranceles, pero lo tiene que hacer con los mecanismos pensados para ello.

Eso sí, el Tribunal no se ha manifestado sobre los más de 133.000 millones de dólares recaudados por el Tesoro gracias a los gravámenes a la importación que el presidente de EEUU impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya han acudido a los tribunales para exigir reembolsos.

“Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años. Así que redactan esta decisión terrible y defectuosa, totalmente defectuosa”, ha dicho Trump: “Es casi como si no la hubieran escrito personas inteligentes. Y lo que hacen es ni siquiera hablar de eso. ¿Qué pasa con todo el dinero que hemos recaudado? Pues no discuten eso. Qué locura. Acabaremos en los tribunales durante los próximos cinco años”.

Trump anuncia nuevos aranceles

Trump ha considerado el fallo como “profundamente decepcionante”. Y ha dicho: “Me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, estoy absolutamente avergonzado por no haber tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.

El presidente de EEUU, en respuesta, ha anunciado: “Podemos utilizar otras leyes, otras autoridades arancelarias, que han sido confirmadas y están plenamente autorizadas. Por lo tanto, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional en virtud del artículo 232 y los aranceles existentes en virtud del artículo 301, siguen vigentes. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud del artículo 122, además de nuestros aranceles normales que ya se aplican. Y también estamos iniciando varias investigaciones en virtud del artículo 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

“Los miembros del Tribunal Supremo que votaron en contra de nuestro método de aranceles, tan aceptable y adecuado, deberían avergonzarse de sí mismos”, ha publicado en Truth Social Trump el viernes por la noche después de firmar el decreto con los nuevos gravámenes: “Su decisión es ridícula, pero ahora comienza el proceso de ajuste, ¡y haremos todo lo posible para recaudar aún más dinero del que recaudábamos antes!”. Y ha dicho: “Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel global del 10% para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato”.

El presidente de EEUU puede aplicar temporalmente impuestos a la importación de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Los aranceles que el Supremo ha declarado ilegales este viernes son los que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Los tribunales inferiores ya habían considerado ilegales estos aranceles, pero se permitió que siguieran vigentes de forma cautelar mientras la Administración Trump apelaba ante el Supremo.

Los gravámenes incluían un arancel mínimo de referencia del 10%, con algunas excepciones; los aranceles unilaterales, que oscilaban entre el 10% y el 41%, sobre los productos procedentes de países que no habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos; y gravámenes adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que, según Trump, estaban justificados por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

Aranceles fuera del fallo

El caso del Tribunal Supremo no aborda los aranceles impuestos a determinadas categorías de productos utilizando diferentes fundamentos jurídicos.

Por ejemplo, la Administración Trump ha establecido gravámenes sobre el acero, el aluminio, los automóviles, los productos de cobre y la madera aprovechando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Esos aranceles dependen de las investigaciones del Departamento de Comercio, que concluyeron que las importaciones de dichos productos suponen un riesgo para la seguridad nacional.

España apuesta por “diversificar” los acuerdos comerciales

“Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando cuidadosamente”, afirman fuentes comunitarias, informa Rodrigo Ponce de León: “Mantenemos un contacto estrecho con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que planean tomar en respuesta a este fallo. Las empresas en ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en la relación comercial. Por ello, seguimos defendiendo la reducción de aranceles y trabajando para disminuirlos”.

Fuentes del ministerio de Economía español afirman: “Estamos siguiendo de manera estrecha la evolución de este asunto y mantenemos una coordinación constante con la Comisión Europea para evaluar sus implicaciones jurídicas y comerciales. Las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad. España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías. En nuestro país mantenemos una red de apoyo a las empresas que puedan verse afectadas por los aranceles norteamericanos (el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial) y vamos a seguir asesorándolas y acompañándolas en todo momento”.

Y añaden las fuentes del departamento de Carlos Cuerpo: “Con independencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la reacción de la administración estadounidense, contamos con una hoja de ruta propia y la posición de España es firme: la Unión Europea debe avanzar con determinación en el refuerzo y la diversificación de su red de acuerdos comerciales con socios estratégicos, así como en la profundización de la integración y la competitividad del mercado único”.