Las huelgas de 1976 III, a emergencia del movimiento obrero en el País Valenciano

Pese a la existencia de núcleos fabriles dispersos por la geografía valenciana desde finales del siglo XIX (Alcoi) o primer tercio del XX (Vall d’Uixó, Port de Sagunt, Buñol, València, Valls del Vinalopó…), la industrialización del País será tardía y desigual, lo que en su momento fue objeto de un largo y confuso debate nacionalista sobre el supuesto sujeto del cambio histórico y las consiguientes alianzas políticas, que acabaría resultando tan formalmente sofisticado como socialmente estéril.

En realidad, durante la década de los sesenta se registró aquí un acelerado proceso de cambio demográfico, económico y laboral  que acabaría impugnando en la práctica el fatalismo de la profecía fusteriana según la cual  “…la valenciana serà un societat rural, acèfala i neutra.., (en la que) la mediocritat de la burguesía local i la indefinició del proletariat…salten a la vista”.

Finalmente, la inercia del agrarismo y la desvertebración no se cumplió y el País Valenciano  se configurará a partir de entonces como la tercera región económica de España, con una estructura de clases y consiguiente conflicto de intereses propios de una sociedad capitalista desarrollada.

Y así, mientras unos continuaban entretenidos “…à la recherche de la burgeoisie perdue” (nacional, of course!) y otros pontificaban sobre la imposibilidad de un auténtico movimiento obrero de masas debido al minifundismo productivo y la mentalidad menestral de los valencianos…, el hilo industrial que había detectado Ernest Lluch fue tejiendo, de norte a sur del País,  una amplia y compleja trama de pequeñas y medianas empresas articuladas en pujantes distritos sectoriales (cerámica, metal, madera, textil, juguete, calzado…) en los que, junto a algunas grandes factorías (Altos Hornos, Macosa, los astilleros…), trabajaba una nueva clase obrera, procedente en gran parte de la desagrarización valenciana y de la emigración interior mayoritariamente andaluza de la que, en la fase final del franquismo, emergerá un potente movimiento obrero y sindical cuya intervención resultará clave en la transición a la democracia

A mediados de la década de los setenta, la población asalariada en el País Valenciano era ya de 860.000 personas, de las que el 40% aproximadamente trabajaban en el sector secundario (industria y construcción) y algo más de la mitad en los servicios, mientras que el sector agrario apenas ocupaba al 8% del total.

Tal era, en síntesis, la composición sociológica del proletariado valenciano que, tras un proceso de luchas parciales que fortalecieron su organización y conciencia de clase, protagonizará las grandes huelgas de 1976, definiéndose en la práctica como motor real del cambio, al articular sus reivindicaciones socio-laborales con la demanda de libertades democráticas.

Repertorios de acción colectiva

La triple crisis (económica, política y social) del final de la dictadura, que analizamos en la primera entrega de esta serie coincidió también aquí con la negociación de los principales convenios sectoriales que debían regular las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores del País, en un contexto de paro creciente e inflación muy alta que erosionaba el poder adquisitivo de sus salarios.

Por primera vez iba a ensayarse una nueva dinámica negociadora, con todas las características del sindicalismo de clase que emergía con fuerza real, pese a seguir siendo oficialmente ilegal. Se trataba de articular una nueva legitimidad basada en las asambleas de fábrica y de sector, con los representantes elegidos en las candidaturas unitarias y democráticas durante las últimas elecciones del Vertical y las organizaciones obreras aún clandestinas que operaban como auténticos nodos de coordinación.

Durante los primeros meses de 1976 se registró aquí el mayor movimiento reivindicativo que podía recordarse, coincidiendo en intensidad y objetivos con las movilizaciones obreras del resto de España. A un ritmo escalonado primero y casi general después, 190.000 trabajadores valencianos fueron a la huelga en el marco de la negociación de sus respectivos convenios colectivos, utilizando para ello los repertorios de acción colectiva propios del moderno sindicalismo de clase.

Mientras que en unos casos (construcción) la lucha por los convenios se impulsaba desde coordinadoras elegidas en asambleas multitudinarias, en otros (metal) se hacía desde posiciones representativas conquistadas en las estructuras verticalistas, combinándose finalmente ambos modelos en los ramos de madera-mueble, textil, calzado, sanidad, etc., en función de sus respectivas características. Tanto en un caso como en los otros, la presencia e intervención de miembros de CC.OO. fue siempre hegemónica, junto a grupos menores vinculados a USO, el obrerismo cristiano y una UGT en fase de reconstrucción.

El proceso se iniciaba con la elaboración de una plataforma reivindicativa que recogía las demandas surgidas de las asambleas informales de fábrica, de carácter tanto laboral (salario, jornada, vacaciones, horas extra…) como sociopolítico (libertad, amnistía, sindicato obrero), coordinada por los enlaces sindicales elegidos y presentada luego a los representantes empresariales del ámbito correspondiente que, en la mayoría de los casos, carecían de la más elemental cultura negociadora y se instalaban en posiciones intransigentes amparándose en la burocracia verticalista y las apelaciones al orden público.

En una segunda etapa, se convocaban grandes asambleas para informar a los trabajadores del sector y elegir comisiones representativas para el seguimiento de las negociaciones. Ante la habitual negativa de los jerarcas verticalistas a utilizar las instalaciones oficiales, las asambleas multitudinarias se trasladaban a iglesias y plazas públicas concluyendo, generalmente, en manifestaciones por el centro de la ciudad, que aportaban visibilidad al conflicto y reforzaban la percepción social del proceso de cambio en curso.

Ante el frecuente bloqueo de las negociaciones, la representación obrera, compuesta mayoritariamente por militantes de las principales organizaciones sindicales, planteaba la posibilidad de huelga como medida de presión, sometiendo su convocatoria a la decisión de la asamblea, que operaba desde entonces como factor de difusión y coordinación de la misma.

Pese a las dificultades derivadas de las restricciones legales para el normal ejercicio de los derechos de asociación, reunión y huelga, que tardarían aún más de un año en reconocerse, aquella primera generación de sindicalistas forjada en la clandestinidad y sin apenas experiencia fue capaz de gestionar un amplio movimiento huelguístico que concluyó, en muchos casos,  con importantes acuerdos que satisfacían, al menos en parte, las reivindicaciones presentadas al tiempo que generaban poder contractual y sentaban las bases para el posterior desarrollo de las organizaciones obreras.

Cuando se cumplen ahora 50 años de aquel proceso, que contribuyó decisivamente a acelerar el cambio político y la conquista de las libertades, constituye un deber de justicia histórica reivindicar la memoria de las mujeres y hombres que lo hicieron posible. Tal es el compromiso que asume y desarrolla la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), promovida por CC.OO. en su proyecto editorial Rutas de la Memoria Obrera que trata de documentar y difundir los principales conflictos sociales en nuestra Comunidad durante el franquismo y la transición democrática, siguiendo el hilo rojo iniciado por las investigaciones y testimonios recopilados entonces por Josep Picó (El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme, editorial E. Climent, 1976) y Jesús Sanz (El movimiento obrero en el País Valenciano, Fernando Torres editor, 1976)

Dialéctica presión/negociación

El primer episodio importante de aquel invierno caliente en el País Valenciano fue protagonizado por más de 200 trabajadoras textiles de la factoría COINTEX de Buñol que mantenían, desde finales de diciembre, una serie de paros parciales contra el despido de una delegada sindical y en defensa de sus reivindicaciones salariales y de seguridad laboral. La noche del 9 de enero de 1976 la policía amenazó con desalojarlas violentamente de su encierro en la iglesia se San Pedro. El toque de campanas alertó a la población que acudió masivamente en su apoyo, activando una oleada de solidaridad civil (dimisión del Ayuntamiento, presiones a la autoridad laboral, etc.) que obligó a la empresa a negociar y evitar despidos y sanciones.

Si el caso de Buñol resulta cualitativamente significativo, la huelga de la construcción lo será en términos cuantitativos tanto por su duración (2 semanas) como por el número de participantes (alrededor de 80.000 en las tres provincias) y los resultados conseguidos.

El conflicto empezó el 14 de enero en Valencia, extendiéndose poco después a Castellón, y se mantuvo hasta el día 27 con asambleas y marchas prácticamente diarias, coordinadas por la Comisión de los 40 que supo articular correctamente la presión con la negociación, pese a las tensiones del proceso y el radicalismo de grupos minoritarios, hasta alcanzar finalmente un acuerdo que, entre otras mejoras, superaba ampliamente el tope salarial impuesto por el Gobierno. Apenas un mes después, el 25 de febrero, arrancaba la huelga en la construcción de Alicante, con dinámicas, duración y resultados similares.

La revisión del convenio valenciano del metal provocó, asimismo, una importante respuesta obrera (30.000 trabajadores en huelga entre el 26 de enero y el 7 de febrero), caracterizada por haber sido gestionada desde dentro (y contra) las mismas estructuras verticalistas, a las que habían accedido militantes de CC.OO. con el apoyo electoral emitido desde muchas pequeñas y medianas empresas que, junto algunas grandes que disponían de convenio propio (MACOSA, Astilleros Elcano) consiguieron quebrar la resistencia patronal a la negociación y lograron acuerdos satisfactorios.

En las comarcas del sur, la tensión social latente estalló también durante aquellos meses en torno a las negociaciones colectivas en los sectores del calzado (Vinalopó) y del textil (Alcoià-Comtat). En el primer caso, el asesinato policial del joven Teófilo del Valle, al término de una manifestación en Elda el 24 de febrero, bloqueó las demandas en curso para la renovación del convenio que quedaron aplazadas al año siguiente cuando, impulsadas por un amplio  movimiento asambleario, alcanzaron su máxima expresión.

En el área de Alcoi, de fuerte concentración fabril y larga tradición de lucha sindical, se habían registrado dos importantes huelgas en los años anteriores (abril de 1974 y octubre de 1975) con acuerdos positivos para los trabajadores del ramo de fibras de recuperación textil, a cuya renovación en 1976 se opuso la patronal de forma intransigente, pese a la huelga sostenida durante tres semanas, a partir de 31 de marzo, por más de 9.000 trabajadores que, aún fracasando en sus reivindicaciones, concitaron la solidaridad de gran parte de la población.

Concluía así, con victorias y derrotas, aquel primer trimestre de 1976 durante el que se registraron, también, importantes luchas en sectores de escasa tradición sindical hasta el momento (banca, enseñanza privada, transportes…) y que el verano  de aquel mismo año demostrarían una alta capacidad de movilización (huelgas en la industria de la madera y la sanidad pública), representando en su conjunto un importante salto cualitativo para el movimiento sindical de nuestro país en su proceso de organización e interlocución social en defensa y promoción de los intereses de la clase trabajadora y los derechos civiles de toda la ciudadanía.

Desde entonces y hasta la legalización de los sindicatos en abril de 1977 y las primeras elecciones libres del 15 de junio, se produjeron avances importantes en el proceso de ruptura democrática, para cuya consecución resultará decisiva la presión obrera y sindical, como tendremos ocasión de analizar en posteriores entregas de este blog.