Recuperación del empleo en la zona DANA

Los estragos provocados por la DANA del 29 de octubre de 2024, agravados por la mala gestión de la Administración autonómica, tuvieron efectos catastróficos en pérdidas de vidas humanas, impacto ambiental, infraestructuras, recursos económicos, actividad productiva y empleo que afectaron, según datos oficiales, a 306.000 personas en la provincia de Valencia (11,2% del total), con un coste agregado de 17.800 millones de euros, equivalente al 0,65% del PIB español. En el ámbito socioeconómico el shock alcanzó, en mayor o menor grado, a 40.000 empresas y 275.000 trabajadores, especialmente en los municipios de l’Horta Sud y la Zona Cero.

El Real Decreto-Ley 7/2024, aprobado por el Gobierno apenas diez días después de la DANA incluía, entre otras ayudas urgentes en materia de asistencia a la población, un conjunto de medidas para la protección de las personas trabajadoras y de las empresas que configuraron el escudo social (ERTEs, prohibición de despidos, créditos ICO a empresas, prestaciones a autónomos por cese de actividad…) que contribuiría decisivamente a paliar primero el impacto laboral de la catástrofe e impulsar después el proceso de recuperación.

La información disponible hasta el momento permite cuantificar en 19.000 millones de euros los recursos movilizados para hacer frente a los efectos de la DANA, de los que el 86,9% son aportados por el Gobierno central y el 13,1% por la Generalitat Valenciana, a los que habría que añadir los 946 M€ del Plan de Solidaridad aprobado recientemente por la Comisión Europea. En cuanto a los recursos ya empleados, los gestionados por el Gobierno central ascienden a 5.835,7 M€, lo que supone un grado de ejecución del 53,2%, mientras que de los 2.364 M€ comprometidos por la Generalitat se habrían utilizado hasta el momento 894 M€ (37,8%).

Se trata, con todo, del mayor esfuerzo en inversión pública jamás realizado para hacer frente a una catástrofe natural: entre el 30 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025 se habrían destinado una media de 23 millones de euros diarios (21 por parte del Gobierno central y 2 del autonómico) para paliar los efectos de la DANA y fomentar la recuperación de la zona afectada.

Escudo social

De entre las 110 medidas incluidas en el citado Real Decreto-Ley nos centraremos en analizar el contenido y aplicación de las correspondientes a los Títulos VI (empleo) y VII (Seguridad Social), posteriormente ampliadas con otras destinadas a la protección de colectivos vulnerables, sobre todo de personas migrantes en situación irregular.

Las medidas cuantificables derivadas de la aplicación directa del escudo social desplegado por el Gobierno de España para la protección del empleo y la actividad productiva en las zonas afectadas por la DANA ascienden hasta el momento a 449 millones de euros abonados a un total de 124.269 perceptores entre autónomos y trabajadores asalariados.

Junto a las ayudas directas a empresas y autónomos para el mantenimiento o recuperación de su actividad, el eje central del escudo social fueron otra vez los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Se trata de un sistema regulado por el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que resultó ya clave en la gestión de la COVID (solo en la Comunidad Valenciana garantizó la continuidad de más de 50.000 empresas y el empleo de 440.000 trabajadores), se consolidó luego por la Reforma Laboral pactada en el ámbito del diálogo social (sindicatos, patronal y Gobierno) y se reactivó de nuevo para hacer frente al impacto de la DANA.

Su aplicación supone la suspensión temporal de la relación laboral o reducción de la jornada por fuerza mayor sin rescisión del contrato, la protección de trabajadores con la prestación por desempleo abonando el 70% de su base salarial y considerando su vigencia como período cotizado y una exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas.

Tras la publicación el 11 de noviembre del RD-L /2024 se activó el mecanismo de los ERTE y en pocos días el número de solicitudes creció rápidamente, hasta alcanzar a finales de diciembre su pico de cobertura, iniciando desde entonces un progresivo descenso, como resultado de la reactivación de la actividad de las empresas y la reincorporación de sus trabajadores, tras una permanencia media de 125,2 días bajo la protección de los ERTE, lo que supone una tasa de retorno del 98%. De hecho, un año después sólo seguían en dicha 791 trabajadores (2,3% del total de los registrados durante todo el período).

En cómputo agregado (de noviembre’24 a noviembre’25) fueron 2.877 empresas las que presentaron un ERTE y 33.643 los trabajadores (8,1% sobre el empleo total de la zona DANA) que recibieron las prestaciones correspondientes durante el período de vigencia del expediente, registrándose niveles de cobertura significativamente mayores en l’Horta Sud (9,3%) y la Zona Cero (14,3%), que dan cuenta del desigual impacto territorial de la afectación. Salvo 10 grandes (Ford, Campofrío, hoteles Ilunion y varias industrias agroalimentarias) se trataba de PYMEs y microempresas con una plantilla media de 9 trabajadores

La cobertura, prestaciones y duración de los ERTEs evitó, pues, la pérdida de miles de empleos, hasta el punto de que durante su vigencia sólo se aprobaron por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat 64 Expedientes de Regulación de Empleo (EREs de extinción contractual) que implicaron el despido de 346 trabajadores (equivalente al 1% de los cubiertos por ERTEs).

Así pues, tal y como confirman las investigaciones más solventes (IVIE-Lab, BBVA-Research) podemos concluir que el papel de los ERTE ha sido extraordinariamente positivo para el mantenimiento primero del empleo y la recuperación posterior de la actividad productiva en el área afectada, superando ampliamente las expectativas empresariales.

Además de su dimensión laboral, el escudo social promovido por el Gobierno de la nación incluía otras medidas de protección a los colectivos más vulnerables doblemente afectados por la DANA mediante el incremento del 15% para las pensiones no contributivas, las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las de ayuda a la infancia.

Según los últimos datos oficiales consultados, fueron 18.909 los perceptores del IMV y del complemento de ayuda a la población infantil (CAPI) los que vieron incrementada su prestación (que oscilaba entre los 497 y los 814 euros mensuales).

Por otra parte, ante la imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito doméstico y de los cuidados, el RD-L 7/2024 estableció en su artículo 45 la aplicabilidad a las trabajadoras de este sector (17.400 de alta en la Seguridad Social en la provincia de Valencia, de las que más de la mitad vive o trabaja en las zonas afectadas) del régimen especial de prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor, con una cuantía salarial equivalente al 70% de su base reguladora, sin necesidad de período de carencia previo ni posterior consumo de tiempo cotizado.

Con todo, el mayor nivel de vulnerabilidad social era el que afectaba a las personas migrantes en situación irregular de las zonas afectadas que, por carecer de permiso de residencia y empadronamiento administrativo, no podían acceder a las ayudas en materia de vivienda, empleo y seguridad social pese a ser, paradójicamente, quienes más las necesitaban, convirtiéndose en los parias de la DANA, atrapados en una espiral de precariedad de la que no sabían cómo escapar, mientras en ocasiones sufrían el acoso provocado por los bulos xenófobos de la extrema derecha.

Fueron, de nuevo, los sindicatos de clase (CCOO y UGT) quienes junto a las organizaciones sociales implicadas (Oxfam, Coordinadora valenciana de ONGD) los que plantearon a la Secretaría de Estado de Migraciones la adopción de medidas urgentes para paliar dicho déficit de cobertura.

El acuerdo resultante se concretó en dos vías de regulación extraordinaria, mediante la concesión primero de autorizaciones de residencia y trabajo por un año para quienes estuvieran empadronados o con cita en los municipios afectados y, después, con la prórroga o renovación automática y gratuita de las autorizaciones que expiraban, así como la validez asegurada de permisos supeditados al alta en la Seguridad Social.

Se presentaron 37.448 solicitudes para el conjunto de modalidades de autorización, habiéndose resuelto favorablemente hasta el momento 33.044 y quedando otras 101 en trámite de resolución, en una demostración de la eficacia del diálogo social y de dignidad de la acción gubernamental.

Recuperación laboral

Si los ERTE operaron inicialmente como una estrategia reactiva, los Planes de Empleo impulsados por el Ministerio de Trabajo con carácter complementario (art. 49 del RD-L 7/2024) lo harán desde una perspectiva proactiva con el doble objetivo de reducir el paro mediante la contratación por los Ayuntamientos de desempleados del sector agrícola y contribuir con su trabajo a la reconstrucción de las zonas afectadas. El primero de dichos planes (RD 1282/2024, de 17 de diciembre) supuso la contratación de 3.122 personas y el segundo, aprobado un año después de la DANA (Orden SEPE TES/1302/2025, de 14 de noviembre) y dotado con un presupuesto de 80,6 millones de euros, prevé la incorporación de otras 7.750 personas.

Cuando se cumplía un año de la DANA que asoló un tercio de la provincia de Valencia, el servicio de estudios del BBVA publicó un informe evaluando su impacto y perspectivas de recuperación, constatando que uno había sido menor de lo inicialmente estimado y la otra más rápida y positiva de lo previsto.

Mientras que en sus primeras estimaciones el BBVA-Research proyectaba unas pérdidas económicas de entre el 0,55% y el 1,71% del PIB y caídas superiores del empleo, una vez publicadas las cifras oficiales sobre la evolución de ambas variables se confirmaba el coste de la DANA en una cifra equivalente al 0,65% del PIB y una primera contracción del empleo de 1,4 puntos porcentuales.

Tanto este informe como los realizados por otras instituciones (Banco de España, Cámara de Comercio, IVIE) adjudican el cambio positivo de las previsiones a la fuerte inversión impulsada por los poderes públicos para paliar los daños ocasionados por la DANA y que estaría contribuyendo, junto a la resiliencia ciudadana, a acelerar la recuperación de la actividad en los municipios afectados, aunque con diferencias territoriales y sectoriales en ambos procesos.

Además de los datos macroeconómicos (PIB, facturación empresarial), resulta necesario atender a la evolución de las variables procedentes del mercado de trabajo con objeto de completar la evaluación que pretendemos de la eficacia, alcance y límites del escudo social post-DANA. En este caso, los indicadores a analizar son los de la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores asalariados, así como los registros de paro y contratación laboral.

En todos los casos se comprueba que con ser inicialmente duro el impacto habría resultado transitorio y la recuperación más temprana de la prevista. Si atendemos, de entrada, a la evolución de la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores asalariados se comprueba que, tras una caída inicial entre noviembre’2024 y enero’2025, se inició pronto un ciclo de recuperación que mantendrá desde entonces las oscilaciones habituales de temporada, siendo finalmente mayor el crecimiento del empleo en la Zona Cero más castigada.

Entre octubre de 2024 y el mismo mes del año siguiente la afiliación a la Seguridad Social registró un incremento neto de 44.549 personas en toda la provincia y de 5.051 en la Zona Cero de la DANA, en la que el empleo creció porcentualmente por encima de la media (5,7 y 4.8 por cien, respectivamente).

Dicha tendencia refleja la evolución de la contratación laboral que, tras registrar una ligera contracción en el primer trimestre del año seguirá desde entonces un crecimiento sostenido, hasta consolidarse en valores superiores al mismo período del año anterior, confirmando así el efecto positivo de las políticas de protección implementadas y la capacidad de resiliencia de empresas y trabajadores.

La evolución del paro registrado constituye, finalmente, el espejo invertido de dicha tendencia: mientras que entre octubre’24 y enero’25 aumentaba en un 2,1% en el conjunto de la provincia y un 3,3% en la Zona Cero, experimentaría desde entonces una reducción sostenida (-8,4%), especialmente significativa en la Zona Cero, de manera que justo un año después había en la provincia de Valencia 9.960 parados registrados menos y 1.851 menos en la Zona Cero.

Así pues, mientras se dirimen las responsabilidades políticas y judiciales, la evolución de los indicadores económicos y sociales, así como los informes de los principales institutos de investigación coinciden en valorar muy positivamente la cobertura y efectos del escudo social desplegado por el Gobierno de la nación tras la DANA, pese a la persistencia de ritmos desiguales de recuperación que aconsejan focalizar las inversiones pendientes de ejecución en las áreas y sectores que más sufrieron entonces el impacto de una catástrofe natural y una gestión política que no pueden ni deben repetirse.