Las huelgas de 1976. (II.- Aquel invierno caliente)

En el proceso de aceleración histórica que vivió nuestro país durante el período comprendido entre la muerte del dictador y las primeras elecciones democráticas (“Había semanas que parecían años…”!), la confluencia entre las crisis política, económica y social retroalimentó una dinámica de fuerte conflictividad laboral que, durante el primer trimestre de 1976, alcanzó niveles de movilización general.

Pese a sus límites y contradicciones, el inicio de la transición amplió la estructura de oportunidades, generando grandes expectativas de cambio en todos los ámbitos lo que, en el caso de las relaciones laborales, coincidió con la negociación de miles de convenios colectivos en los que se dirimían las condiciones laborales de más de ocho millones de trabajadores, en un contexto de inflación creciente que erosionaba rápidamente el poder adquisitivo de sus salarios. Mientras un decreto gubernamental fijaba en el 14% el tope máximo de los incrementos posibles la inflación real rozaría a finales del año el 20%.

Junto a las demandas salariales básicas, el movimiento sindical aún ilegal planteaba reivindicaciones largamente aplazadas (reducción de jornada, vacaciones, seguridad laboral, derechos sociales…) ante gestores públicos y privados con escasa o nula cultura negociadora, acostumbrados al inapelable ordeno y mando con la represión y el despido como recurso habitual.

Así pues, a diferencia de los principales países democráticos de nuestro entorno en los que la institucionalización de las relaciones laborales había aislado el conflicto político del social, aquí operaba la tendencia contraria, de manera que la ausencia de libertades sindicales y civiles, la alta inflación y baja cobertura de las prestaciones sociales junto a la persistencia de la represión empresarial, policial y judicial conferían contenido político y potencialidad transformadora a la movilización obrera que adquiría así un fuerte componente expresivo y acreditaba su consolidación como actor social clave en un contexto de crisis.

Los datos

Aunque la oleada de huelgas se había iniciado incluso unos años antes y se prolongaría con algunas oscilaciones durante toda la década, fue en 1976 cuando alcanzó una de sus mayores cotas: 3,7 millones de huelguistas y una media de 1.553 jornadas de huelga por cada mil asalariados, contribuyendo, decisivamente, a desbaratar primero las maniobras continuistas del régimen, a acelerar luego el ritmo de los cambios hacia la democracia y a configurar, finalmente, un nuevo sistema de relaciones laborales.

Para dimensionar adecuadamente la magnitud del movimiento huelguístico desarrollado hace ahora 50 años en nuestro país, podemos plantear un doble análisis comparativo, tanto sincrónico como diacrónico.

En el primer caso, los datos de la OIT (véase la gráfica) acreditan que España fue, junto a Italia, el país europeo que registró un volumen de conflictividad laboral más alto en la década de los setenta (un promedio anual de 864 días de huelga por cada 1.000 trabajadores), con la particularidad de que durante dos terceras partes de dicho período en nuestro caso lo fue bajo un régimen no democrático.

Más significativo aún resulta constatar cómo en 1976, con 8,8 millones de trabajadores asalariados, se acumularon 13,7 millones de jornadas no trabajadas por motivos de conflicto laboral, lo que supone casi veinte veces más que las 703.178 registradas en 2024 (último año del que disponemos de una estadística consolidada de huelgas), con el doble de población asalariada, lo que demuestra que en condiciones de normalidad democrática son las relaciones laborales institucionalizadas las que, a través del diálogo social y la negociación permiten gestionar el conflicto de intereses, quedando la huelga como último recurso legítimo en caso de bloqueo.

Los hechos

El año había comenzado con el conflicto de los trabajadores del Metro madrileño (5 de enero), al que el gobierno de Arias Navarro respondió con la militarización del servicio. Una semana más tarde, en una demostración de su grotesco autoritarismo, amplió dicho modelo a otras empresas públicas en huelga (Renfe, Telefónica, Correos, Construcciones Aeronáuticas), de manera que a mediados de mes había 120.000 trabajadores obligados a operar bajo control militar.

Pese a todo, el paro en los servicios públicos tuvo efectos multiplicadores hacia otros sectores (metal, construcción, banca, taxis…) y grandes empresas (Standard Eléctrica, Chrysler, Siemens, Pegaso…) que veían bloqueada la negociación de sus respectivos convenios, mientras el movimiento comenzaba a extenderse a otras regiones del país (Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, País Valenciano…) en lo que un ministro de la época (Areilza) calificaría, en un arrebato meteorológico, como “una galerna de huelgas”.

No se trataba, sin embargo, de una simple tormenta de invierno si no de un amplio y profundo movimiento social que combinaba la propuesta con la protesta, normalizando progresivamente la ocupación del espacio público con manifestaciones y asambleas que reforzaban su legitimidad social al tiempo que erosionaban la del gobierno post-franquista, lo que habría de resultar clave en la conquista de la democracia, como ha documentado una reciente serie de TVE.

En aquel primer trimestre de 1976 el número total de trabajadores en huelga superó los dos millones (190.000 en el País Valenciano, como explicaremos en la siguiente entrega de esta serie), consiguiendo con su presión superar en muchos convenios los topes salariales impuestos y forzando al gobierno a aprobar, a primeros de abril, una Ley de Relaciones Laborales que sustituía a la vieja regulación de Contratos de Trabajo de 1944, estableciendo importantes mejoras (jornada laboral de 44 horas semanales, 21 días de vacaciones) y ampliando las garantías frente a la arbitrariedad patronal en materia de despido improcedente (el artículo 35 reconocía al trabajador el derecho a optar entre la reincorporación o la indemnización).

Sin embargo, el gobierno Arias-Fraga seguía instalado en la inercia represiva del franquismo (en 1976 hubo 4.795 procesos en el Tribunal de Orden Público), mostrando su rostro más brutal con los asesinatos de trabajadores en huelga como Teófilo del Valle (Elda, 24 de febrero) y los cinco muertos en Vitoria (3 de marzo).

Tales eran las contradicciones de un tiempo y un país que, como cantara Raimon en un multitudinario recital celebrado en Madrid el 5 de febrero de aquel año, venía d’un silenci antic i molt llarg que comenzaba entonces a romperse entre gritos corales de “Am-nis-tía, Li-ber-tad!”.