El PSPV enfría la posible moción de censura contra el PP en Alicante y únicamente contempla la dimisión del alcalde Barcala

Tras el anuncio de Esquerra Unida-Podem de iniciar contactos para una moción de censura contra el alcalde Luis Barcala, el PSPV-PSOE ha marcado distancias con la iniciativa. Los socialistas han enfriado la posibilidad de un cambio de gobierno inmediato y han dejado claro que, en estos momentos, su único objetivo político es forzar la dimisión del primer edil ante el escándalo de las viviendas de protección oficial (VPO).

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, se muestra contundente respecto a la situación del alcalde, a quien considera “completamente desacreditado”. Sin embargo, frente a la propuesta de EUPV-Podem de buscar una alternativa de gobierno que requeriría el apoyo de la extrema derecha de Vox, el PSPV prefiere centrar el foco en la gestión del Partido Popular.

“En estos momentos no contemplamos ningún otro escenario que no pase por la dimisión de Barcala, cuya gestión sigue bajo sospecha”, ha señalado Barceló. La concejala socialista critica la “opacidad inaceptable” del equipo de gobierno, denunciando que el alcalde se ha negado a facilitar copia de los informes internos vinculados al caso de las VPO en Les Naus y no ha aclarado si existen más concejales o familiares beneficiados por este “pelotazo”.

La aritmética que frena la moción de censura

El enfriamiento de la moción por parte del PSPV responde también a la compleja realidad numérica del consistorio alicantino. El Pleno de Alicante está compuesto por 29 concejales, situándose la mayoría absoluta en 15. Actualmente, el PP gobierna en minoría con 14 ediles, por lo que cualquier moción de censura necesitaría el bloque compacto de toda la oposición: PSPV (8), Vox (4), Compromís (2) y EU-Podem (1).

Esta obligada alianza con la extrema derecha es el principal escollo. Mientras que Esquerra Unida Podem apela a la “responsabilidad” para explorar esta vía tras el desplante de Vox al PP en el último pleno, el PSPV se muestra reticente a articular una mayoría que dependa de los de Santiago Abascal. Para los socialistas, la prioridad es que la Fiscalía avance en su investigación mientras ellos mantienen la presión para que Barcala asuma responsabilidades políticas por una trama cuya magnitud real, aseguran, aún se desconoce.

Un escenario de parálisis institucional

El escándalo de las VPO, que ya ha provocado las dimisiones de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y otros altos cargos, ha dejado al gobierno local en una situación de extrema debilidad. Pese a ello, la falta de consenso en la oposición sobre cómo proceder —más allá de la exigencia común de dimisión— otorga a Barcala un balón de oxígeno temporal.

El contexto nacional también juega su papel, con el caso resonando en plena campaña electoral de Aragón y situando a Alicante en el centro del debate sobre la regeneración ética en las instituciones. Por ahora, el PSPV mantiene el pulso en la exigencia de dimisión, pero deja en el aire la posibilidad de un pacto de gobierno alternativo que agite aún más el tablero político alicantino.