Un cuarto juzgado imputa a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias de ancianos

Un cuarto juzgado de Madrid ha llamado a declarar a varios ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso para responder por la muerte de ancianos en residencias de la región durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En este caso tanto Carlos Mur como Javier Peromingo, entonces directores de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, tendrán que comparecer como investigados el próximo 10 de febrero junto con Pablo Busca, máximo responsable en ese momento del SUMMA 112. Ese juzgado investiga la muerte de una anciana en una residencia de Manoteras.

Distintos juzgados de la región investigan por lo penal si los protocolos que puso en marcha la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de marzo de 2020 supusieron una discriminación para los ancianos de las residencias al impedir su hospitalización mientras los geriátricos permanecían sin medicalizar. En un primer momento varios juzgados archivaron las causas que mantenían abiertas por entender que estos 'protocolos de la vergüenza' podían ser una decisión cuestionable pero no delictiva, pero recientemente otros juzgados han reabierto diligencias y llamando a declarar a estos responsables sanitarios como imputados y no como testigos, como había sucedido hasta ahora.

La nueva citación será el próximo 10 de febrero en el juzgado 37 de la Plaza de Castilla de Madrid y las principales comparecencias son las de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo. Ante otros juzgados diferentes, los dos han renegado de la parte más polémica de estos protocolos que, según los familiares, impidieron de facto que sus padres y abuelos fueran llevados a hospitales donde las posibilidades de supervivencia eran mayores.

Martínez Peromingo apuntó a Mur como el responsable de estos protocolos mientras que el propio Mur se distanció de estos criterios. Junto con ellos también están llamados a declarar el entonces responsable del Servicio de Urgencia Médica de Madrid y la geriatra de enlace del hospital Ramón y Cajal. Esta investigación se solapa con otras abiertas en un juzgado de Collado Villalba y en otros dos de la misma Plaza de Castilla. Otro juzgado de Leganés se inhibió tras intentar tomarles declaración.