Seis empresas compiten por la mayor licitación de suelo para viviendas públicas de València

Seis empresas se presentan a la licitación de la Generalitat para construir más de 320 viviendas de protección pública en tres parcelas ubicadas en el barrio de La Torre de Valencia. Se trata de la mayor oferta hasta la fecha para construir vivienda protegida en la capital valenciana, que cuenta con una importante lista de espera en vivienda pública.

Entre las empresas que optan al concurso está SFI Consulting, propiedad del empresario Javier Timoner Lloret, esposo de la diputada Alma Alfonso Silvestre, que forma parte de la junta directiva y del comité ejecutivo del PP de València. Esta mercantil se apartó de un concurso en el que era la única candidata para construir 220 viviendas protegidas en València porque el “aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados se han retirado”, según expresó. Junto a ella, optan al concurso Atitlan, Albaluz, Ática y Edicover.

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda licitó a finales de octubre la edificación de estas viviendas sobre terrenos propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Son parecelas que han pasado a formar del Plan VIVE Comunitat Valenciana, cuyo objetivo es incrementar la oferta de vivienda protegida en 10.000 inmuebles en esta legislatura a través de la colaboración público privada, movilizando suelo público para construir viviendas a precio asequible.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha explicado que esta actuación “ayudará a dar respuesta a la necesidad urgente de vivienda protegida en la ciudad de Valencia, a través de unos precios asequibles, y facilitando el acceso a colectivos con mayores dificultades, como el de los jóvenes para quienes se reserva un 40% de la promoción”, según un comunicado de la Generalitat.

El Consejo de Dirección de la EVHA aprobó la enajenación por concurso de régimen de permuta de estas tres parcelas. Se trata de una de las fórmulas incluidas en el Plan VIVE para aumentar la vivienda protegida en la Comunitat. De esta forma, la empresa que resulte adjudicataria se ocupará de la construcción y entregará a la Generalitat, en concepto de permuta, un número determinado de viviendas, que se incorporará al parque público vivienda asequible.

En paralelo, la empresa pública de vivienda de València, Aumsa, acordó el jueves el pago de 255.000 euros a una empresa en concurso de acreedores de Jaime Febrer, vinculado al caso Azud, para recuperar unos terrenos donde construir 644 viviendas de protección pública. Se las adjudicó en 2010 el ayuntamiento pero nunca se construyeron. Los socialistas consideran que si se pelearan judicialmente el ayuntamiento podría incluso recibir de manera gratuita porque la empresa está en concurso de acreedores.

El PSPV denunció que la empresa “estaba obligada a desarrollar urbanísticamente esas parcelas y no lo ha hecho, por lo que, a su juicio, no procede ningún pago”. De esta manera, ha señalado que la empresa “ha incumplido sus obligaciones y los derechos de superficie están caducados”, por lo tanto, “esos terrenos deben ser devueltos gratuitamente al Ayuntamiento”, ha señalado.