Democracia sin partidos

En enero de 1866 comenzó a circular por la prensa canaria el anuncio de un libro que todavía no existía. Antonio Rodríguez López buscaba suscriptores para imprimir Democracia sin partido. Elementos para un libro, un folleto de unas cien páginas que solo entraría en máquinas cuando las adhesiones sufragaran los gastos. La campaña apareció el 15 de enero en El Guanche, de Tenerife; el 2 de febrero en El País, de Gran Canaria; y dos días después en El Time, de La Palma. Antes de llegar a las librerías, la obra ya había buscado lectores en las tres islas.

El volumen salió aquel mismo año de la imprenta de El Time, a cargo de Pedro Guerra, aunque las cien páginas previstas quedaron reducidas a ochenta y cuatro. Su autor, nacido en Santa Cruz de La Palma en 1836, era uno de los poetas canarios más reconocidos de su tiempo —el «cantor de Benahoare»—, además de dramaturgo, periodista y fundador del primer periódico impreso de la isla. La condición poética se reconoce en una prosa llena de imágenes y resonancias religiosas; la experiencia periodística, en su crítica de los comités, las candidaturas acordadas y los periódicos sometidos. En la España de Isabel II, mientras los demócratas intentaban organizarse contra un régimen restrictivo, Rodríguez López proponía algo paradójico: una democracia sin partidos, difundida por la palabra y asentada en las conciencias, pero libre de las organizaciones que aspiraban a conquistar el poder en su nombre.

Rodríguez López contempla cuatro ideas políticas. El absolutismo es un fantasma que pretende recuperar un cetro sepultado; el conservadurismo, una fuerza indecisa y estéril; el progresismo, la luz transitoria de la aurora. Solo la democracia aparece como horizonte definitivo. Su origen no estaría en la Revolución francesa ni en un pacto racional, sino en el cristianismo: de la caridad nace la fraternidad; de esta, la igualdad; y de la igualdad, la libertad. La democracia sería el fruto social del árbol de la Cruz.

Esa genealogía no desemboca en un programa conservador. El autor defiende el sufragio universal, la abolición de los privilegios, las quintas, la esclavitud y la pena de muerte, junto con las libertades de imprenta, tribuna y asociación. Su democracia posee, sin embargo, una frontera religiosa: admite que cada cual crea «en Jehová, en Mahoma, en Vichnú o en nada», pero teme que la expresión pública de esa libertad destruya la unidad moral. De ahí su afirmación de que «no se puede ser demócrata sin ser cristiano». La contradicción es relevante, aunque secundaria respecto de la tesis del folleto: la democracia pertenece a todos y deja de ser universal cuando un partido se apropia de ella.

Para comprenderla hay que atender a la distinción que Rodríguez López repite con insistencia: la democracia no ha de vencer, sino convencer. Imponerla desde el poder significaría traicionarla. Como el cristianismo primitivo, debe avanzar mediante la predicación, descender al corazón de los pueblos y transformarse en conciencia social. A sus propagadores les pide que guarden la espada y combatan con la palabra, en la prensa y en la tribuna. Antes de cambiar las leyes es preciso preparar la opinión pública; antes de vencer, convencer.

Las revoluciones promovidas por una minoría organizada para apoderarse del Estado serían «revoluciones de río», con militantes convertidos en pescadores de la corriente revuelta. No es lo mismo introducir la democracia en el poder que introducirla en la conciencia pública. La primera operación desciende desde una dirección que se considera superior al pueblo; la segunda nace en la sociedad y asciende hasta las instituciones. Solo esta última sería verdaderamente democrática.

El partido invierte ese recorrido y altera la naturaleza de la idea. Reúne a unos para enfrentarlos con los demás y destruye la fraternidad; establece dirigentes y subordinados y quebranta la igualdad; somete la conciencia de sus miembros a una junta o un comité y anula su libertad. La democracia deja entonces de pertenecer a todos y se transforma en enseña de una fracción. Cuando se hace partido —sostiene— cambia de esencia y deja de ser democracia.

La disciplina partidaria inmoviliza además el pensamiento. Rodríguez López arremete contra la «consecuencia política» que obligaba a permanecer toda la vida bajo una bandera para no ser acusado de apostasía. La verdadera coherencia no consiste en pensar mañana lo mismo que ayer, sino en actuar conforme a las convicciones presentes y conservar la libertad de modificarlas. Quien abandona un partido puede no ser un inconsecuente, sino alguien que ejerce su independencia.

La imprenta debía ser el escenario de esa libertad. Frente al periódico subordinado a una agrupación, Rodríguez López reclamaba un periodismo independiente, «flamígero de la verdad». Por eso convirtió la controversia entre La Soberanía Nacional y La Iberia, interrumpida en 1865 por orden del comité central progresista, en una prueba de sometimiento: ambos diarios aceptaron callar en nombre de la disciplina. La prensa había entregado su libertad a los comités.

La misma apropiación se reproducía en las elecciones. El sufragio era un acto solemne, pero las organizaciones entregaban al elector una candidatura cerrada que muchos depositaban sin leer. Ya no votaban cien ciudadanos llevando su conciencia a la urna, sino un partido que disponía de cien votos. Rodríguez López prefería la lentitud y la dispersión de una elección espontánea a la eficacia de unos nombres decididos de antemano.

En el Parlamento culminaba la obediencia. Los representantes se distribuían entre los bancos ministeriales y los de la oposición, y el resultado se conocía antes del debate. El razonamiento se apagaba frente al sí o al no mecánico de cada bloque. Los diputados se convertían en «autómatas de la política» y la deliberación podía sustituirse por una suma. El partido, nacido para defender ideas, terminaba impidiendo que estas influyeran en la decisión.

La conclusión estaba dirigida a los propios demócratas: «Disolved ese partido naciente». Para defender la democracia no era preciso inscribirse en un catálogo ni aceptar compromisos colectivos; bastaba con encarnarla libremente y propagarla «en las urnas, en la tribuna y en la prensa». Los dos corolarios finales lo resumían todo: «La verdad política es la Democracia» y «La Democracia, para ser verdadera, ha de ser Democracia sin partido».

La propuesta no quedó aislada. El 25 de octubre de 1868, El Auxiliar recomendó el libro «a todo buen patricio» y elogió su lógica, su lenguaje y el talento del escritor. Diez días después, Juan Fernández Ferraz fechaba en Santa Cruz de La Palma una Refutación de algunas doctrinas contenidas en el folleto Democracia sin partido, publicada aquel mismo año. Tenía solo diecinueve años: nacido en la capital palmera en 1849, había comenzado a escribir en El Pito y se formaba en Filosofía y Letras en Madrid; más tarde sería un destacado educador y periodista en Costa Rica. En febrero de 1869 su opúsculo se vendía a dos reales: la controversia fue pública, no una discrepancia privada.

Ferraz compartía la soberanía popular, la igualdad jurídica y el rechazo del privilegio. Discrepaba acerca de los medios. Si las ideas no existen separadas de quienes las sostienen, varios ciudadanos unidos por unas mismas convicciones forman inevitablemente un partido. Los abusos, intrigas, sobornos y ambiciones proceden de la imperfección humana y del «pandillaje», no de la asociación política en sí. Rodríguez López acertaba al combatir las camarillas, pero se equivocaba al confundirlas con toda organización.

La réplica señalaba el vacío práctico de Democracia sin partido. ¿Cómo propagar una doctrina, concurrir a las elecciones, formar mayorías, gobernar y exigir responsabilidades sin alguna acción colectiva? Una idea sin defensores organizados permanece inerte. Suprimir los partidos porque pueden corromperse equivaldría a sofocar la libertad para impedir que alguien la utilizara mal. Para Ferraz, la muerte de los partidos sería la muerte de la propia libertad.

En 1869 se sumó Miguel Villalba Hervás. Nacido en La Orotava en 1837, era abogado, periodista, figura del republicanismo tinerfeño y vicepresidente del Comité Republicano de Santa Cruz de Tenerife. Su posterior trayectoria como diputado provincial, gobernador civil y diputado a Cortes confirmaría que hablaba desde la política organizada. Dedicó Los partidos políticos y las sectas religiosas ante la razón y el derecho natural a los comités republicanos de Canarias y lo presentó como complemento de la refutación de Ferraz. Mientras Rodríguez López pedía disolver el partido democrático, Villalba conocía desde dentro la organización republicana y consideraba indispensable la acción colectiva.

Villalba sostuvo que de la diversidad de criterios nacen inevitablemente escuelas filosóficas, confesiones y partidos. La asociación multiplica las fuerzas y traslada las ideas desde la especulación hasta la tribuna, la prensa y la calle. Como Ferraz, distinguió entre partido y pandillaje: los abusos debían combatirse moralizando e instruyendo a la sociedad, no deshaciendo la organización. Ambos objetaron también la restricción religiosa del folleto, pero aquella disputa derivaba de la cuestión principal: si la libertad individual puede realizarse sin una organización que la defienda.

Democracia sin partido no ofrece una arquitectura institucional capaz de sustituir a los partidos. Confía en que una conciencia pública ilustrada produzca candidaturas, mayorías y gobiernos, pero no explica cómo coordinar voluntades ni exigir responsabilidades. Sus contradictores vieron ese límite. Rodríguez López observó, sin embargo, males persistentes: la obediencia que reemplaza al criterio propio, las siglas que se apropian de las ideas, la papeleta decidida de antemano, el periódico convertido en portavoz y el Parlamento sometido a mayorías que votan antes de escuchar.

Más de siglo y medio después, permanece la pregunta: ¿qué queda de una idea cuando quienes la representan terminan utilizándola para alcanzar el poder? Ferraz y Villalba ofrecieron la respuesta que faltaba: sin ciudadanos organizados, la democracia carece de instrumentos; pero cuando la organización degenera en pandilla, puede devorar la idea que debía servir. En esa tensión entre la necesidad del partido y la desconfianza hacia él reside la originalidad de la controversia iniciada por Antonio Rodríguez López en 1866.

J. J. Rodríguez-Lewis