“Tenemos miedo”: derribo inminente de una casa histórica junto a un yacimiento en la costa de Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha pedido a Costas “extremar la cautela” ante el derribo previsto para este 21 de septiembre de una vivienda histórica en Cueva de la Negra, en Pájara (Fuerteventura), por la presencia de un yacimiento arqueológico junto al inmueble.

En una carta remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ejecutivo regional ha solicitado que cualquier actuación de demolición se desarrolle “de forma compatible” con la protección del patrimonio cultural, cuyas competencias corresponden a las administraciones canarias.

La familia de la propietaria de la casa, Pascuala Roger Pérez, de 80 años, ha manifestado a Canarias Ahora su “profunda preocupación” y “miedo” ante la posibilidad de que Costas demuela el hogar, del que aseguran que tiene más de cien años de historia y que formaba parte de un poblado de familias dedicadas a la pesca, según recogen escritos históricos de la zona.

El inmueble es pequeño y de una sola planta, con muros de piedra de hasta un metro de grosor. Se trata de una construcción tradicional vinculada al litoral desde sus orígenes y que era utilizada de manera estacional. “Esto es el origen de Morro Jable”, resume una de las hijas de Roger Pérez, Ana.

La Demarcación de Costas de Canarias notificó a la familia el pasado 11 de septiembre que iba a proceder este lunes a “la entrada en la vivienda y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas”. El inmueble se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre desde 2005, cuando se aprobó el deslinde entre el puerto de Jandía y la Casa Las Señoras, una franja en la que está prohibido el uso residencial.

La resolución, que lleva por título “notificación de demolición”, llega pocos días después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara el 25 de agosto medidas cautelares para suspender el derribo, previsto inicialmente para el 26 de ese mismo mes, mientras estudia su valor con vistas a incluirlo en el inventario de elementos que integran el patrimonio cultural y arqueológico de la isla.

Esas cautelares “fueron comunicadas a las administraciones afectadas”, según una carta de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. En ellas se acuerda la suspensión de la demolición de la vivienda y se establece que será el Ayuntamiento de Pájara la entidad encargada de protegerla hasta que finalicen los estudios sobre su posible interés patrimonial.

Pero Costas ha decidido seguir adelante y ha recordado que, desde el 28 de julio de 2026, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria le autorizó la “entrada, demolición y reposición del terreno a su estado primitivo”.

La familia de Roger Pérez denuncia que Costas parece estar “por encima del bien y del mal” y que se siente presionada para abandonar la casa. Añade que, desde hace semanas, sus integrantes se turnan para evitar que el hogar se quede solo y que han pedido al Cabildo que acuda al juzgado para reclamar el cumplimiento de las medidas cautelares. Reclaman además que estas se hagan extensibles para frenar un posible precinto.

Los familiares recuerdan asimismo que el pleno del Senado aprobó el pasado 24 de junio una moción que insta al Estado a paralizar todos los procedimientos de deslinde y las actuaciones que puedan suponer una pérdida de derechos, como un derribo, mientras se tramita la modificación de la Ley de Costas.

Este periódico ha intentado contactar con el Cabildo de Fuerteventura, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha reclamado a Costas que “deje las prisas a un lado porque una piqueta destruye la historia”, en declaraciones a periodistas.

Junto a la casa de Roger Pérez se encuentra un yacimiento arqueológico integrado en el inventario patrimonial de Pájara desde 2007. Es un conchero aborigen formado por la acumulación de conchas de moluscos y otros desperdicios que ayuda a entender la dieta, los ciclos estacionales y la adaptación al medio de las poblaciones de Canarias.

La existencia de ese yacimiento es lo que ha llevado al Ejecutivo regional a pedir a Costas que extreme las cautelas ante “cualquier intervención que pueda afectar al subsuelo o al ámbito inmediato” al mismo. No ha solicitado de manera expresa la paralización de los trabajos, sino que se actúe con especial cuidado al tratarse de una actuación que comporta “movimientos de tierras, retirada de materiales, tránsito de maquinaria” y otros trabajos “con posible incidencia arqueológica”.

Patrimonio del Ejecutivo regional ha indicado también que los proyectos que puedan suponer una afección sobre elementos del patrimonio cultural de Canarias deberán someterse a informe favorable del Cabildo de Fuerteventura, encargado en este caso de fijar las medidas “protectoras, correctoras y compensatorias necesarias para la salvaguarda del patrimonio cultural afectado”.

“Una resolución administrativa firme en materia de costas y de una autorización judicial de entrada no altera por sí misma este reparto competencial ni determina la inaplicación de la normativa sectorial de patrimonio cultural”, dice el Gobierno.

La familia de Roger Pérez, sin embargo, lamenta que “las administraciones canarias hablan de proteger el patrimonio, pero no actúan mientras avanza la piqueta de Costas”. En un comunicado, advierte de que el 21 de septiembre puede ser el final de “lo último que permanece en pie de una parte de la historia de Cueva de la Negra” y que “la preocupación sin decisiones no protege una casa, un yacimiento ni la historia de un pueblo”.

La familia critica al mismo tiempo lo que considera un doble rasero entre los grandes establecimientos y las chozas tradicionales: “No podemos aceptar que pequeñas construcciones tradicionales, utilizadas durante generaciones por familias de pescadores, mareantes y trabajadores de las islas, sean tratadas como si carecieran de valor mientras grandes establecimientos e instalaciones del litoral encuentran mecanismos administrativos para continuar existiendo”.

La familia sostiene que no pide “privilegios”, sino que “las administraciones utilicen todos los instrumentos legales disponibles cuando está en riesgo nuestro patrimonio histórico, etnográfico y arqueológico”.

“Canarias no puede conservar únicamente el litoral que produce riqueza económica y permitir que desaparezca el que conserva la memoria de quienes vivieron aquí antes que nosotros”, remacha la misiva.