El mayor poblado de infraviviendas de Tenerife se enfrenta a su desalojo: ''Si no hay casas, la única opción es inventarlas''

Más de 300 personas que viven en el mayor poblado de infraviviendas de Tenerife se enfrentan a un desalojo masivo. Este asentamiento está en el Puertito de Adeje, muy cerca del solar donde se construyen las polémicas villas de Cuna del Alma, y durante los últimos años se ha convertido en la única alternativa habitacional para cientos de familias. Entre ellas hay trabajadores de la construcción y del sector turístico, así como perfiles vulnerables como solicitantes de asilo, embarazadas o personas enfermas. Ahora, todas ellas se enfrentan a una orden de desalojo que les da un plazo de 15 días para marcharse de allí. “Solo pedimos respeto y tiempo para buscar a dónde ir”, cuentan algunas de las familias en una entrevista concedida a Canarias Ahora.

En las últimas semanas, agentes de la Policía Local de Adeje se han desplazado hasta el asentamiento para entregar notificaciones a los habitantes del poblado. En ellas se informa a las familias de que la propiedad del terreno ha denunciado la ocupación no consentida del mismo y se les advierte de que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción grave o muy grave, esta última en caso de que la infravivienda se encuentre dentro de la franja de servidumbre de protección de costas. Las sanciones oscilan entre los 6.001 y los 600.000 euros. En una de estas actas, a las que ha tenido acceso Canarias Ahora, se pide a los afectados que tumben las construcciones y abandonen el lugar.

Desde el Ayuntamiento de Adeje aseguran que “de momento no se ha detectado ninguna persona con vulnerabilidad extrema ni ha habido ningún caso de emergencia”, y afirman que se está atendiendo cada caso por orden de solicitud. En esta línea, las familias denuncian que han pedido cita con los Servicios Sociales del municipio y que se las han agendado para octubre, a pesar de que tienen 15 días para marcharse de allí. Además, subrayan que en el asentamiento viven personas con movilidad reducida y una mujer totalmente dependiente que reside en una caravana.

La mañana de la entrevista, Laura, que lleva siete meses viviendo en el Puertito y está embarazada, tuvo cita con la trabajadora social del Ayuntamiento, y afirma que ahora siente “más miedo”. Laura asegura que no le han dado ninguna solución y que solo le han insistido en que busque otro lugar al que ir y que los Servicios Sociales podrían quedarse con su bebé. “Uno siente más miedo ahora, nosotros no tenemos papeles y estamos en situación irregular. Solo trabaja mi marido, que trabaja en la construcción y cobra 1.200 euros”, detalla. Además, tiene tres hijos en Colombia.

Hasta 650 euros por una habitación

Jennifer tiene 33 años y lleva cinco viviendo en el Puertito de Adeje para poder estar más cerca de los hoteles en los que ha trabajado como camarera de piso. Empezó con una carpa y poco a poco ha ido haciendo su casa como ha podido. “Ahora mismo por una habitación te cobran 500 euros. Convives con personas que no sabes ni quiénes son. Además, yo tengo un perro, y no me lo aceptan”, cuenta. “Todos los que estamos aquí estamos siempre en búsqueda activa de una casa, de un alquiler, pero es imposible. Si no hay vivienda, la única opción que tenemos es inventarnos una”, asevera.

La imposibilidad de encontrar un alquiler asequible también llevó a Mercedes, de 70 años, a vivir en este asentamiento. “Me hice una casa con palets, recogiendo de aquí y de allá”, cuenta. “Mi hija tiene 25 años y está estudiando Veterinaria en la Universidad. Si yo me voy de alquiler, por muy buenas becas que tenga mi hija, la tengo que ayudar”, añade. Pocos minutos antes de la entrevista, Mercedes navegaba en las plataformas de alquiler de vivienda, pero el resultado siempre es el mismo. “Una habitación en San Isidro, 650 euros con avalista y dos meses por adelantado”, cuenta.

Jorge y su pareja tampoco han tenido más remedio que crearse una infravivienda en este enclave situado en medio de una de las zonas más turísticas de Tenerife. Trabajaba como camionero en Colombia, hasta que miembros de las guerrillas colombianas asaltaron su camión y se lo robaron. Ahora es solicitante de asilo en España y también está inmerso en el proceso de regularización extraordinaria, aunque aún no ha obtenido una resolución. En Colombia dejó a sus cuatro hijos, a los que mantiene desde Canarias.

En los últimos años, no ha dejado de trabajar en el sector de la construcción, pero aún así el sueldo no es suficiente para poder costear un alquiler y ha tenido que vivir en condiciones indignas. Durante un tiempo vivió en una habitación minúscula en Tejina, en una casa con otras 16 personas. Cuando se fue, le pedían por un piso en la localidad de Chío 900 euros al mes y el pago de cinco mensualidades por adelantado.

En este asentamiento también vive José, que tiene tres hijos a su cargo y, además, sufrió un accidente laboral. Este vecino de Adeje afirma que sus hijos pequeños sienten miedo cada vez que ven a la Policía y pide respeto. “Si vienen a darnos una mala noticia, pedimos que al menos lo hagan con respeto y humanidad”, añade Jennifer, quien insiste en que lo único que piden es un poco de tiempo y que se ofrezca alternativa habitacional a las personas más vulnerables. ''Cualquier colectivo o entidad que pueda ofrecer ayuda, sobre todo a las personas más vulnerables, ya es un montón'', apunta.

''Frenar el chabolismo''

El Ayuntamiento de Adeje ha respondido a este periódico que no hay una cifra exacta ni oficial de personas afectadas por este desalojo, y añade que ''la mayoría son segundas residencias o vacacionales'' y que ''cuando se va a notificar no hay nadie''. Por su parte, las familias responden que a veces no hay nadie porque ''la mayoría son personas trabajadoras''. Esta actuación, explican desde el municipio que lidera José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) - en el cargo desde hace casi 40 años-, se enmarca en el plan del municipio de ''frenar el chabolismo'' y los asentamientos ilegales que han proliferado en él.

El Ayuntamiento, según una nota de prensa, ha diseñado una hoja de ruta en la que también participan la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Estos asentamientos se concentran en las zonas de El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta. Según la concejala de Seguridad, Mercedes Vargas Delgado, ''la situación ha empeorado en los últimos meses, con una acumulación de residuos que genera un riesgo real para la salud pública y para el entorno natural, por la proliferación de plagas, vertidos de aguas residuales al mar y riesgo de incendios''.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento confirmaron en una reunión celebrada en junio que se procederá a la apertura de expedientes individualizados por cada vivienda detectada, en aplicación de la Ley del Suelo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso, aunque la ejecución material de las actuaciones podrá realizarse de forma simultánea y conjuntamente con la Agencia del Medio y Costas.

Por su parte, la concejala de Bienestar Comunitario y Cohesión Social, Raquel Rodríguez Alonso, indicó que el Ayuntamiento tiene identificadas a las personas que ocupan estos asentamientos y sostuvo que la gran mayoría ''no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni de exclusión social'', y que ''únicamente un número reducido de casos requiere seguimiento por parte de los Servicios Sociales municipales''. “Tenemos identificadas a las personas que se encuentran en una situación más delicada, y se les dará la respuesta que esté en nuestra mano dentro de las posibilidades del Ayuntamiento en caso de que se produzcan desalojos”, afirmó.

Las familias denuncian que se proceda a este desalojo sin garantías para las personas vulnerables mientras, a pocos metros, se siguen construyendo las polémicas villas de Cuna del Alma. La Justicia mantiene abierta una causa penal que investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a la promotora para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar.

En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas. La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora. Las presuntas irregularidades detectadas han llevado a la jueza a citar como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta.

''Dicen que nosotros estamos en un suelo protegido. ¿Y Cuna del Alma? Que está rompiendo playas y montañas, ¿eso no está protegido?'', cuestionan los afectados.