Por qué el director general de Costas del Gobierno de Canarias declara este lunes como investigado por Cuna del Alma

La instrucción judicial que investiga presuntas irregularidades en la promoción del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), cobra este lunes una nueva dimensión con la declaración como investigado del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. El alto cargo, nombrado por Coalición Canaria, autorizó las obras pese a que un primer informe interno las rechazó y apeló a la “relevancia del turismo para la economía canaria” para defenderlas.

Acosta fue citado el pasado mes de julio por la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona, ante la que también han declarado ya como investigados el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, y el representante legal y los administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL, así como dos técnicos de Costas del Gobierno canario en calidad de testigos.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, esto es, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas, hasta que la justicia paralizó las obras a petición de la Fiscalía.

La promotora ya había obtenido la licencia del Ayuntamiento de Adeje para construir gran parte de la controvertida urbanización de 420 villas de lujo proyectada en el Puertito, un paraje natural rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.

Pero los trabajos en la zona de servidumbre, que solo ocupan el 5,25% de la parcela T2 del proyecto, de unos 45.000 metros cuadrados (el proyecto completo abarca cerca de 430.000), requieren una autorización expresa de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, ya que la normativa es muy restrictiva con respecto a los usos que pueden desplegarse en ella. Es precisamente esa autorización la que investiga la jueza y por la que ha citado este lunes a Antonio Acosta.

Rechazo primero, autorización después

Acosta autorizó las obras el 30 de enero de 2025 tras un recorrido no exento de polémica por los despachos del Gobierno de Canarias.

La solicitud inicial de Cuna del Alma fue rechazada en primera instancia por un técnico autonómico. En un informe firmado en julio de 2024, concluyó que la piscina descubierta, el restaurante y el aparcamiento para buggies “pueden tener otra ubicación” fuera de la franja de protección del litoral. Sostuvo además que esas construcciones “no prestan un servicio necesario o conveniente” al dominio público marítimo-terrestre, una exigencia explícita recogida en la Ley de Costas.

La promotora del proyecto alegó. Describió la playa del Puertito de Adeje como “pequeña” e “incapaz de atender la demanda” estival, aseguró que sus servicios son “a todas luces insuficientes” y se apoyó en jurisprudencia que caracteriza la restauración como un complemento que permite “un mejor disfrute” de la costa.

Segunda Casa Adeje, de hecho, considera “convenientes” las actuaciones que propone para “dar un mejor servicio” a la playa. Y el Ejecutivo autonómico no tardó en darle la razón.

En enero de 2025, un informe firmado por el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, propuso conceder la autorización a la promotora. Para ello, argumentó que la Administración debe “velar por que [las playas] se encuentren equipadas” y destacó que el futuro restaurante daría servicio tanto a los clientes del complejo como al público general. El documento también concluyó que las alegaciones presentadas por Segunda Casa Adeje habían refutado el criterio expresado por el técnico que rechazó las obras en julio de 2024.

Ese informe fue avalado por el director general de Costas el 30 de enero de 2025. Acosta aprobó la ocupación de los 2.400 metros cuadrados de zona de servidumbre que ocuparían los equipamientos de Cuna del Alma y apeló a la “relevancia del turismo para la economía canaria”, al tiempo que catalogó los locales de hostelería como edificaciones clave para el disfrute de la costa.

En resumen: el Gobierno de Canarias permitió a Cuna del Alma ocupar la franja de protección del litoral porque le viene bien al turismo.

La jueza había dado carpetazo a la querella inicial contra la iniciativa, presentada por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que agrupa a la Asociación de Taxistas Permanentes de El Puertito, la familia Galindo, La Gaveta 20A, el Tagoror Permanente y Rebelión Científica, además de particulares), al considerar que existían autorizaciones administrativas que amparaban las actuaciones, entre ellas la concedida por la Dirección General de Costas.

Pero la Fiscalía recurrió. Entiende que las instalaciones propuestas por Cuna del Alma contravienen la Ley de Costas, en concreto el artículo 47 de su reglamento, aprobado en 2014, que establece que en la franja de protección de la costa solo están permitidas “las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.

La jueza acordó entonces reactivar la investigación y paralizar los trabajos a petición del Ministerio Público, pero solo los que se estaban desarrollando en la costa. La magistrada, sin embargo, cerró la puerta a suspender todo el proyecto, como habían solicitado los querellantes, sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las actuaciones en la zona de servidumbre.