El Gobierno cuestiona la lealtad del PP al Pacto contra la Violencia de Género tras ceder a Vox la evaluación de las víctimas en Andalucía

Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.

No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas –que los afectados llamaron “caza de brujas”– apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.

La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestión todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales –psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales– que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.

Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.

Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.

Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición –PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía– han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negacionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.

“Aquí, las consecuencias del pacto PP-Vox en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”.

Al equipo del presidente Moreno, esta tormenta política de verano le ha pillado prácticamente de vacaciones, fuera del curso político, con escalonadas reapariciones de sus consejeros y dirigentes del PP andaluz para condenar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis humanitaria de Ceuta.

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, también ha acusado a Moreno de “entregarse al negacionismo de su socio ultra”. “No todo vale para gobernar ¡Qué poco les importa la vida de las mujeres!”, ha escrito. La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, denuncia que dejar en manos de Vox estos servicios públicos es “poner en riesgo la protección de las víctimas”. “Moreno Bonilla comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir”.

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avanzado que van a “fiscalizar al dedillo cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas: lo haremos en el Parlamento, en las calles y, si hace falta, en los tribunales”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, abunda en que “el PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda”.

Consultado por esta cuestión, desde la Consejería de Igualdad del Gobierno de Moreno han rehusado hacer ninguna valoración.

Un servicio “pionero” en Andalucía

La Junta de Andalucía es “pionera” en el desarrollo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, unos servicios médico-forenses encargados de estudiar a la víctima, al agresor y a los menores expuestos a esa violencia, para luego redactar informes integrales, siempre que lo solicite el juez para usarlo, junto al atestado policial y su propia valoración, a la hora de decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando la mujer denuncia. También sirven a las administraciones para la concesión de ayudas públicas.

Estos equipos especializados formados por forenses, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal y gestionados en Andalucía por la Consejería de Justicia, están previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004; y posteriormente desarrollados en la ley andaluza del mismo nombre, que fue aprobada en el Parlamento por todos los grupos (excepto IU) en 2018, cinco meses antes de la irrupción de Vox en la Cámara y de la constitución del primer Gobierno de Juanma Moreno.

Desde entonces, ya va para ocho años, el partido de Santiago Abascal ha impedido el consenso unánime necesario en el Parlamento andaluz para aprobar una declaración institucional de condena por las mujeres asesinadas por sus parejas (nueve en Andalucía, en lo que va de año).

De aquella primera legislatura de Vox, siendo el partido que sustentaba al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, hoy quedan algunas de las exigencias que impusieron a Moreno a cambio de apoyarle la investidura. Los populares, ya con mayoría absoluta, conservan el teléfono de violencia intrafamiliar -término con el que la ultraderecha niega que haya asesinatos de mujeres por razón de género-; el nombre de una consejería de Familia; y un puñado de medidas “en favor de la vida del embrión”, eufemismo de antiabortistas.

Ahora Vox forma parte de otro Gobierno de coalición con el PP. Moreno ha delegado en su socio la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, un macrodepartamento “más técnico que político”, confiando en poder “amortiguar el despliegue ideológico”de la ultraderecha en las políticas públicas, sobre todo aquellas donde ha proyectado sus guerras culturales: rechazo, cuando no criminalización, de los inmigrantes; negación de la violencia de género y negación del cambio climático.

La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”, es decir, se encarga exclusivamente de proveer y mantener los medios materiales, económicos y personales (edificios, equipos, personal funcionario no judicial), pero en ningún caso puede intervenir en la función jurisdiccional ni dar órdenes a los jueces o a los funcionarios de Justicia.

En 2019, en su primera iniciativa parlamentaria, Vox reclamó por escrito a la Cámara una relación de nombres y apellidos de los empleados públicos que trabajan en las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, exigiendo “depurar” a aquellos que emitían informes “ideológicos”, movidos por un “feminismo supremacista de izquierdas”.

Poco después, y ya al calor de la polémica suscitada, la formación ultraderechista amplió su solicitud y exigió también la lista de trabajadores de otros estamentos de la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la violencia machista: de una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y de una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas, también contratada por Igualdad.

La formación ultra pidió los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de todos los empleados públicos, subcontratados o subvencionados por el Gobierno andaluz para luchar contra la violencia de género, con ánimo declarado de desmontar “chiringuitos ideológicos”.

El PP: “El margen de gestión de Vox es muy estrecho”

Este periódico ha consultado a Vox y al equipo de su líder regional, el vicepresidente segundo de la Junta y nuevo responsable de Justicia, Manuel Gavira, si prevén modificar, alterar o suprimir esas unidades de valoración de víctimas de la violencia machista que cuestionaban duramente desde la oposición. No ha habido respuesta.

Fuentes próximas al presidente Moreno ven “inviable” que Vox pueda “legalmente” cargarse estos servicios, que realizan un papel “fundamental” para jueces y policías, e insisten en que el margen de gestión de su socio de Gobierno en el departamento de Justicia “es muy estrecho, casi nulo”.

No obstante, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, no ocultan que Vox tiene ahora un “altavoz” muy potente para instalar sus consignas ideológicas en el debate público, desde la vicepresidencia de una institución tan mastodóntica como la Junta de Andalucía, y sospechan que en Justicia podrán hacer más “fuegos de artificio” que medidas con consecuencias directas para la ciudadanía. “Se van a chocar con la realidad y con la legislación vigente”, repiten los populares como un mantra. “A lo sumo, le cambiarán el nombre, pero seguirán desempeñando las mismas funciones”, bromea un consejero.

En 2024, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por PP y Vox, cambió el nombre de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local para “eliminar cualquier término ideológico de género”, y centrarse así en “todo tipo de víctimas de violencia”. El partido de Santiago Abascal niega que los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas (33 en lo que va de año) tengan un componente de género y cuestiona todas las leyes y políticas públicas encaminadas a combatir esta lacra social.

En Andalucía hay ocho Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a los Institutos de Medicina Legal en cada provincia. El pasado mes de abril, el Gobierno de Moreno decidió reforzar a los equipos que la conforman con la creación e incorporación del “puesto de coordinador, un médico forense”, no sólo para la organización del “ingente volumen de trabajo”, sino para supervisarlas y dirigirlas.

Vox peleó duro en la negociación con el PP para quedarse la consejería de Agricultura, como ha logrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y para gestionar políticas sociales y de familia. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, logró cortocircuitar esas expectativas, aunque a cambio ha firmado un acuerdo de gobierno, con 150 medidas, atravesado por todas las obsesiones xenófobas, negacionistas y ultracatólicas de Vox.