Otra jueza investiga al productor de Canal Sur por coacciones a la testigo clave en la causa por agresión sexual a una reportera

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto una segunda investigación contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur, imputado en otra causa judicial por agresión y acoso sexual a una reportera, a raíz de una denuncia interpuesta por la testigo clave de dicha causa, acusándole de “amenazas y coacciones”, confirman fuentes jurídicas a este periódico.

La jueza María Elena Contreras ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia de la corte penal internacional y obstrucción a la justicia, derivado de un delito de coacciones y amenazas contra un testigo en un procedimiento penal.

En un auto, la magistrada ha citado a declarar a la denunciante a finales de octubre en su juzgado para que “ratifique” la demanda que interpuso ante la Policía Nacional contra el ex CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), empresa copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión.

El procedimiento judicial abierto se encuentra en fase embrionaria, aunque la denunciante ya ha presentado un escrito para personarse como acusación particular contra el que fue su jefe directo durante varios años en ADM. La jueza Contreras, que instruye el caso, estuvo más de 20 años trabajando como jueza de violencia de género.

Gustavo Fuentes y quien fuera su número dos en la productora asociada a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA) estaban citados a declarar el pasado 11 de mayo en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, él como imputado por delitos sexuales contra una reportera; y ella como testigo clave propuesta por la acusación. La declaración se suspendió en el último momento -aplazada hasta el 20 de julio- porque el ex CEO de la compañía cambió de abogado cuatro días antes.

Esa misma tarde, la exdirectiva de ADM y testigo “fundamental” en la causa contra Gustavo Fuentes recibió un mensaje privado desde la cuenta de Instagram del acusado: la notificación recibida dirigía al enlace de una entrevista en vídeo en la que se hacen comentarios violentos como estos: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “Un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La víctima acudió de inmediato a una comisaría de Policía para manifestar su temor ante estas “amenazas” por parte de Gustavo Fuentes y manifestó sentirse “coaccionada” en su condición de testigo en una causa contra su exjefe por delitos sexuales a una empleada, en la que debía haber declarado ante el juez ese mismo día. Al interponer la denuncia presentó una captura de pantalla de la notificación recibida desde la cuenta personal de Fuentes en Instagram y otra del vídeo recibido, confirman fuentes de la Policía Nacional.

El delito de coacciones se considera un delito más grave que de amenazas en el Código Penal. El primero se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, mientras que el segundo puede ser castigado con una pena de prisión de tres meses a un año. Aquí, sin embargo, confluye el agravante de que el sujeto pasivo (la víctima) es testigo en un procedimiento penal, por lo que se consideraría una “amenaza cualificada” y el castigo sería mayor, explican fuentes jurídicas.

Dos causas judiciales relacionadas, pero con procedimientos distintos

Ésta sería la segunda investigación judicial que pesa sobre el ex CEO de una productora semipública, con participación mayoritaria del Gobierno de Juanma Moreno, y un papel capital en el sector audiovisual andaluz. Sin embargo, el juez de violencia de género que instruye la causa principal contra Gustavo Fuentes ha rechazado, de momento, vincular ambos procedimientos. El magistrado Francisco José de Córdoba recibió un mes antes una copia de la denuncia por coacciones que la testigo interpuso ante la Policía -al entender que existe una relación directa con su papel en esta causa-, pero el juez decidió no tomarla en consideración.

Desde el pasado mes de marzo, el juez de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla investiga los presuntos delitos sexuales cometidos por el ex director general de la principal productora de Canal Sur a una de sus empleadas. De momento, ha orillado el delito de acoso laboral que también le imputaba la víctima -por considerarlo fuera de las competencias de su tribunal- y tampoco ha integrado en la causa la denuncia de la testigo “fundamental” por las supuestas amenazas recibidas desde el móvil del acusado.

La denuncia de la testigo contra Gustavo Fuentes es una derivada de la causa principal en la que está imputado, que se ha visto enrarecida por una circunstancia fuera de lo común: el ex CEO de la productora se enteró antes de que se lo notificar oficialmente la Policía o un juez -por una llamada del presidente de la compañía y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas-, lo que le permitió agilizar una estrategia de defensa y llevársela al juez antes de que éste tuviera conocimiento de la denuncia de la testigo, según ha confirmado este periódico de fuentes judiciales.

El mismo día que recibió el aviso del alto cargo del Gobierno andaluz, Gustavo Fuentes también acudió a la Policía para denunciar que le habían “hackeado” su cuenta de Instagram desde donde, “al parecer”, se envió el vídeo amenazante a la testigo, negó haber sido él quien lo hizo, y aseguró que varios trabajadores de diferentes departamentos de su empresa pudieron tener acceso a sus cuentas personales. El exCEO de ADM remitió una copia de esta denuncia al juzgado que le investiga por agresión y acoso sexual a una reportera.

Un directivo arropado por el Gobierno de Moreno

Hasta el pasado 10 de junio, Gustavo Fuentes era un directivo de referencia y con mucho poder en sector audiovisual andaluz, muy bien relacionado con la cúpula del Gobierno de Juanma Moreno y con la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), su principal cliente.

ADM es una compañía semipública, participada por la Junta de Andalucía al 47,8% y principal proveedor de contenidos para Canal Sur, de modo que el escándalo sexual en el que se vio envuelto sacudió el panorama político y empresarial andaluz, pero no le dejó caer hasta que este periódico lo hizo público.

Fue destituido el pasado 10 de junio después de que elDiario.es revelase que un juez de Violencia de Género de Sevilla le había citado a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos sexuales contra una reportera. Estaba denunciado desde el mes de enero, investigado por un juzgado desde febrero e imputado desde el 25 de marzo, citado a declarar inicialmente el 11 de mayo, pocos días antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas, tardó 18 horas en aprobar su “cese temporal de funciones”, que horas después se convertiría en “definitivo e irrevocable”. Fuentes también fue destituido como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de Presidencia y actual vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia contra el CEO de ADM por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testimonios de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

El pasado 20 de julio, Gustavo Fuentes declaró ante el juez de violencia de género durante casi una hora, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a la reportera denunciante, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

Media hora antes, dos testigos propuestos por la denunciante habían ratificado ante el mismo juez la “obsesión” que Gustavo Fuentes sentía hacia la víctima, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial.