Igualdad tilda de “sinsentido” que las unidades de valoración las dirija Vox y vuelve a pedir reunirse con Moreno
Ana Redondo, ministra de Igualdad, carga contra el Gobierno andaluz tras haber dejado en manos de Vox el área de Justicia, a donde están adscritas las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, al calificar como “incoherente” y de “sinsentido” que un “partido negacionista” dirija este órgano encargado de evaluar a las víctimas de violencia machista. A renglón seguido, la ministra ha reiterado la necesidad de reunirse con Juanma Moreno, presidente de la Junta, indicando que este miércoles estará ella y su equipo “a su entera disposición” de forma presencial antes de su vuelta a Madrid.
El Gobierno central convocó hoy el Comité de Crisis sobre violencia de género por primera vez en Andalucía debido a la “preocupación” que despierta el número de asesinatos machistas cometidos en los últimos años en la comunidad. En 2024 se registraron un total de 10 mujeres asesinadas, cifra que ascendió a 15 en 2025 y, en lo que llevamos de año, la comunidad ya cuenta con 10 víctimas, de las que seis fallecieron en Málaga, “un porcentaje muy elevado con respecto al peso poblacional, lo que da 10 puntos por encima en Andalucía y 40 puntos en la provincia”, aseveró la ministra en una rueda de prensa tras guardar un minuto de silencio para condenar el crimen de una mujer de 88 años, 37º víctima mortal en España por violencia de género el pasado 11 de septiembre en San Sebastián de los Reyes.
“Solicitamos en junio una reunión y no hemos recibido respuesta”, subrayó Redondo, “estamos a plena disposición para seguir avanzando y reforzando la cadena de protección”, destacando que “cada eslabón” importa, entre ellos, el compromiso de las instituciones públicas. Por ello, señaló directamente al dirigente popular por adjudicar Justicia al vicepresidente segundo y líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, y advirtió que el Estado “estará muy vigilante”, ya que, entre otras cuestiones, las unidades de valoración “se pueden sufragar con los fondos del Pacto de Estado” contra la violencia de género.
En el Comité de Crisis, convocado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, estuvo presente Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y Loles López, consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, representante de la Junta de Andalucía a la que se refirió la ministra. “Que esté la consejera es una obligación y me encantaría también analizar las unidades de valoración, pero por eso escribimos a Moreno Bonilla y queremos que este tema se responda de alguna manera desde la autoridad autonómica”, insistió Redondo.
El control de las pulseras 'antimaltrato'
La ministra también se ha referido al escrito firmado por la Audiencia Provincial de Málaga fechado en julio en el que se advierte de los errores de localización de las pulseras antimaltrato tanto de víctimas como de investigados, adelantado por ABC, y que fue remitido al Ministerio de Igualdad y al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“Lamentablemente, en este escrito no se hace llegar al Ministerio casos concretos, son valoraciones genéricas, y ya vimos lo que ocurrió con una valoración genérica de la Fiscalía en la memoria de 2024”, en referencia a la polémica generada por el órgano judicial que, en su informe, refirió que había fallos “puntuales”, aunque luego rectificara y añadiera que las víctimas habían estado “protegidas en todo momento”. Al respecto, Redondo indicó que necesitan conocer “exactamente lo que entienden desde la Audiencia que ha fallado y en qué casos ha fallado, sino es muy difícil. Lo que sí les digo es que ninguna mujer con dispositivo Cometa ha sido asesinada”
No obstante, el oficio judicial también alerta de los errores técnicos del Centro Cometa, el servicio encargado de hacer el seguimiento de las pulseras antimaltrato. A ello, la responsable de Igualdad añadió que “se han reforzado todos los protocolos” y que la redacción de las nuevas licitaciones recogían el año pasado las recomendaciones realizadas, pese a que lamentó que el CGPJ no se mostrara de acuerdo con la recomendación que se le hizo desde su instancia para mejorar la formación en materia de género en la judicatura.
VioGén y el caso de Franyel
Andalucía cuenta con un escollo que, por el momento, es insalvable: solo un tercio de los municipios están incluidos en el sistema VioGén, en el que se incluyen las medidas de seguridad para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Solo el 37,2% de las corporaciones locales están inscritos, es decir, 292 de un total de 785 municipios. Unas competencias que están en mano del Ministerio del Interior pero materia en la que Igualdad ha expresado su preocupación.
“Los municipios tienen que hacer un convenio para que haya medios disponibles, que son los policías locales y la guardia civil”, recordó Redondo, “hay zonas en las que faltan efectivos o se deciden otras prioridades”. “Hacemos un llamamiento a que los municipios valoren ingresar en este sistema de protección”, añadiendo que comprenden las dificultades que atañen, por ejemplo, a los municipios con menor población en el que apenas hay policías desplegados para cumplir con todas las funciones.
Por último, la ministra se refirió al caso de Franyel, una mujer trans de 35 años asesinada a manos de su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella) en el mes de agosto. La Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) emitió un comunicado en el que exigía que se adecuara el tratamiento institucional que está recibiendo el crimen, ya que, al no haber solicitado el cambio registral de sexo se ha procesado su caso por lo penal en vez de los tribunales especializados de violencia sobre la mujer.
“La ley trans nos indica que para ser considerada víctima de violencia de género tendría que haberse registrado, esto es constitutivo, no declarativo”, un hecho que ha condicionado la investigación: “Hay que aplicar la ley y, en este sentido, nos lleva a discernir que constitucionalmente no está inscrita”. En vista de las palabras de la ministra, se deduce que, en consecuencia, Franyel no será reconocida póstumamente como víctima de violencia machista.
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