Primeras reacciones a los recortes del Gobierno andaluz a UGT y CCOO: “Pagan su peaje ideológico a la extrema derecha”
Vox arremete contra los sindicatos, ya sea verbalmente o en el pacto de gobierno que firmó con el PP de Juanma Moreno. Andalucía ahora tiene la primera muestra de este recorte anunciado en el anteproyecto de ley de los presupuestos aprobado este viernes: recorte del 50% en una de las partidas para UGT y CCOO. Lejos de la cifra que había señalado el vicepresidente y líder andaluz de la ultraderecha Manuel Gavira de 3,5 millones, los sindicatos ya cuentan con un 12% menos de financiación y alertan sobre este giro: “El diálogo social es un derecho constitucional, no un chiringuito que el Gobierno andaluz pueda recortar para pagar su peaje ideológico a la extrema derecha”.
Así arremete Rafael Gelo, secretario de Institucional de UGT, que explica que los fondos finalistas se destinan directamente al asesoramiento de trabajadores, a la prevención de riesgos laborales “para que la gente no muera en el tajo”, a la negociación de convenios colectivos que regulan los salarios y las jornadas, “estén o no afiliados”. “Cuando un conflicto laboral en una gran empresa o un sector estratégico de Andalucía se resuelve en una mesa de negociación y no termina en una huelga indefinida que paralice la economía es gracias a las relaciones laborales”.
La partida que se ha visto afectada es la relacionada con la participación en la mejora de las relaciones laborales. La subvención fue en 2026 de 714.800 euros para UGT y de 533.250 euros para CCOO, mientras que este ejercicio lleva una consigna de 357.400 euros para UGT y de 266.625 euros para CCOO. Un recorte de 624.000 euros que supone la rebaja del 50% con respecto a lo dispuesto hace un año.
“Que los presupuestos no sean escaparate de propaganda”
A raíz de lo sucedido, UGT pide que los presupuestos “no sean un escaparate de propaganda, sino una palanca real de redistribución de la riqueza, cohesión social y equilibrio territorial”. “Andalucía no necesita anuncios grandilocuentes sino transparencia, que la Junta evalúe cualitativamente cuánto ha ejecutado de los ejercicios anteriores, porque cuando se pasa del papel a la calle, seguimos a la cola del empleo estable, renta per cápita y cohesión social”, señala, para lo que exige mayores esfuerzos en sanidad, vivienda, educación y un presupuesto “que garantice el sistema 100% público y universal” junto a la “recuperación del personal precarizado” frente “a las externalizaciones encubiertas”.
Pese a este cambio anunciado por Vox, la asignación para la Ley de Participación Institucional de Andalucía queda intacta. La asignación fue de 7 millones de euros en los presupuestos de 2026: 1.770.761 euros para CCOO y UGT, respectivamente, mientras que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), recibió 3.541.521 euros. Ahora bien, en 2027 se mantiene idéntica dentro de las cuentas de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a cargo de Rocío Blanco. Una cuestión en la que no ha podido meter baza la ultraderecha.
Por tanto, UGT ha recibido unos 2,1 millones de euros y CCOO alrededor de 2 millones, unos 4,1 millones de euros para este 2027 frente a los 4,7 millones del tramo pasado. El cambio es notorio y merma los recursos de los sindicatos mayoritarios en Andalucía con un recorte del 12%; lejos de lo demandado por la ultraderecha, aunque es un inicio.
Aumentan las partidas para resolución de conflictos laborales
La ley de Participación Institucional fue aprobada en diciembre de 2025 y respondía a una deuda histórica, ya que hay dos décadas de atraso con respecto a Madrid y la comunidad era una de las tres que carecía de tal herramienta en el país. El texto marcaba a UGT y CCOO, los sindicatos mayoritarios, como interlocutores con el Gobierno andaluz para la concertación social, es decir, para participar en la toma de decisiones del diseño de las políticas públicas y ser consultados en los anteproyectos de las leyes que les afectan.
No obstante, otra partida en la que también se verían afectados los sindicatos CCOO y UGT es la correspondiente al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA), dependiente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dos organismos en los que participan como interlocutores. Este herramienta extrajudicial tiene por objetivo resolver conflictos en el entorno laboral y buscar el consenso para evitar la movilización de las plantillas en sus demandas a la patronal. Participan la Junta de Andalucía, el empresariado y los sindicatos, y tal y como se plasma en el último informe de 2026, su actividad aumenta.
En el mes de septiembre se registró un ascenso en el número de expedientes, 710, un 9% más que en la misma fecha del año anterior. Los efectos de estos expedientes se extendían a 49.588 empresas y 400.179 trabajadores andaluces, con mayor incidencia en Málaga, Cádiz y Sevilla, donde también participan CCOO y UGT.
La compensación para los agentes sociales que participan en el SERCLA fue de 945.483 euros y para los agentes sociales miembros del CARL fue de 297.758 euros, haciendo un total de 1.243.241 euros. En 2027 ha pasado a ser de 1.087.305 euros y 297.758 euros, respectivamente, ascendiendo a 1.385.063 euros. Así que el aumento es de un 11,41%. En este caso, no se especifica la atribución a cada participante de los entes sociales, pero se infiere que, siendo un instrumento para la conciliación laboral en el que participa la parte sindical, habría sido sometido a escrutinio.
Otro instrumento esencial para el diálogo entre los diferentes agentes sociales es el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), dirigido por Luis Roda Oliveira, y, en esta ocasión, su presupuesto crece. El Consejo General de la entidad está formado por representantes tanto de la Junta de Andalucía, como de la Confederación de Empresarios junto a CCOO y UGT, para lo que no hay asignado un sueldo a ninguna de las partes, salvo algún tipo de indemnización por razón del servicio a quienes no son parte de la administración. En este caso, se pasa de 6,8 millones a 7,6 millones, una subida de un 11,7%. Pese a ello, el número de trabajadores sigue siendo el mismo (20) y son los gastos salariales los que absorben la mayor parte de la subida, ajustada a los incrementos retributivos.
“Desprecio absoluto”
“Esta reducción del 50% en los presupuestos de 2027 demuestran un desprecio absoluto de este Gobierno por los derechos laborales en Andalucía porque estos recursos no se van a recortar a las siglas de UGT, sino que van destinados por ley a la mediación de conflictos, la seguridad en el trabajo y, en definitiva, a defender las condiciones de la clase trabajadora en Andalucía”, manifiesta el secretario de Institucional de UGT-A.
La relación entre la Junta de Andalucía y los sindicatos en la última legislatura en solitario de Juanma Moreno estuvo marcada por la presión sindical en las calles. Los acuerdos en materia educativa, la mejora en la atención primaria y del empleo público o el acuerdo para la carrera sanitaria fueron aprobados in extremis y con la vista puesta en las elecciones autonómicas que, finalmente, quitó la mayoría absoluta al PP dejando la puerta abierta a la ultraderecha.
Ya lo expresaban los líderes sindicales a este medio, como Nuria López, secretaria general de CCOO-A, “hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas porque se ha profundizado en el deterioro continuo y paulatino de los servicios públicos”. Unas palabras que también compartía Óskar Martín, secretario general de UGT-A, cuando replicaba que “las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable”, añadiendo que persistía “la precariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad”. Los sindicatos mayoritarios presentaron una iniciativa legislativa popular para el acceso a la vivienda que verá pronto la luz en el debate parlamentario, aunque ya han participado en la ILP presentada por la plataforma Mareas Blancas para el blindaje de la sanidad pública.
El punto 145 del pacto firmado entre Moreno y los de Santiago Abascal recoge la reducción de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”. Por ello, advierte que “se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones” de estos entes “que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces”. Pero, ¿cuál es la utilidad pública efectiva?
Como defiende Rafael Gelo, “la utilidad pública de los sindicatos de clase no se acredita de acuerdo a los partidos, sino en el artículo 7de la Constitución Española, que nos sitúa como un pilar fundamental del Estado de derecho para la defensa de los intereses económicos y sociales de la ciudadanía”. Con ello, recuerda que los delegados son elegidos democráticamente en los centros de trabajo y arremete contra el apartado que quedó reseñado en mayo, “plantear la acreditación de la utilidad pública muestra una profunda ignorancia jurídica y constitucional también”.
Nuevos frentes abiertos
“Nos resulta hipócrita hablar de recortar lo que ellos denominan 'gasto superfluo' de un gobierno de coalición que le quita el dinero a los trabajadores para financiar galas privadas a los pies de la Giralda”, añade, “deberían dejar de usar los recursos públicos para sus alfombras rojas y dejar de usar a los sindicatos como cortinas de humo para tapar el caos de las listas de espera, el desmantelamiento de la sanidad pública o las universidades”.
Al inicio de este curso político, los trabajadores de la dependencia clamaron por mejorar las condiciones laborales, al igual que los empleados de la administración pública que presionan para que se cumplan los acuerdos en materia de teletrabajo mientras que la movilización en las universidades públicas va in crescendo.
Además, hay un nuevo frente sanitario. La paz alcanzada en julio se rompió con el anuncio de una huelga indefinida entre los médicos a partir del 13 de noviembre, al que se añade el paro educativo que, finalmente, encontracará con la huelga general del 11 de noviembre, sin mencionar las protestas por la vivienda de estos meses. Los recortes en las cuentas no dejan de ser una declaración de intenciones por parte del Gobierno andaluz, si bien las relaciones con Moreno se habían mantenido con cierta fluidez, pese a los tiras y aflojas propios de la negociación colectiva.
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