Los sindicatos exigen blindar los servicios públicos mientras Moreno saca pecho de los cinco acuerdos de la legislatura

Presión, movilización, acuerdo. Estos fueron los tres pasos que aplicaron los sindicatos en Andalucía durante la legislatura del presidente Juan Manuel Moreno, una constante mantenida a lo largo de cuatros años, especialmente al final del período del mandato y con falta de tiempo para aplicar los acuerdos y comprobar su efectividad. CSIF, CCOO, UGT, Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USTEA y ANPE coinciden en que el diálogo ha sido complejo, lleno de aristas. Pero las manifestaciones frente al Palacio de San Telmo persistentes, con huelgas sanitarias y educativas mediantes, han traído nuevos pactos en un periodo de crecimiento y estabilidad económica. Con unas cifras de empleo récord, apuntan los sindicatos, toca repartir la riqueza y reforzar los servicios públicos.

La tasa de paro en el primer trimestre de este año se situó en un 14,66%, la cifra más baja desde 2008, y con una ocupación en torno a las 3,6 millones de personas. En una comunidad que ha sufrido los embates de la desigualdad, este contexto económico infla los ánimos, los discursos políticos que reclaman para sí la bonanza y, sobre todo, las arcas públicas. Unos datos en los que influye la reforma laboral de 2021, promovida por el Gobierno de coalición, que provocó el descenso de hasta un 10% de la temporalidad entre los trabajadores andaluces. Pese a los avances, la brecha salarial que separa a la comunidad con el resto de España es del 22,1%, según se desprende de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT). Además, un 46,9% de los salarios se encontraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, ¿qué hacer contra la precarización histórica?

“Tenemos más recursos que nunca, pero en esta legislatura se ha profundizado el deterioro intencionado, continuo y paulatino de los servicios públicos, que son los mecanismos para la igualdad”, apunta Nuria López, secretaria general de CCOO-A. “Las brechas han aumentado y, si hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas”. En este punto, coincide Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, quien señala que “los acuerdos han llegado en el último tramo de la legislatura y ha habido que presionar mucho para sacarlos adelante”. En un tono similar, Óskar Martín, secretario general de UGT-A, indica que el balance no es “suficientemente positivo”: “Las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable y están llegando tarde a una ciudadanía que no puede seguir esperando mientras persisten la precariedad, la desigualdad, la vulnerabilidad y, ahora también, un escenario internacional complejo”.

Sanidad: el pulso por más recursos

La palabra “sindicato” no aparece en el programa electoral del PP andaluz, solo “organizaciones sindicales” relativo a la integración de la mujer en el sector de la energía. Pero Moreno sacó a relucir los cinco grandes acuerdos en materia sindical logrados en la legislatura de la mayoría absoluta, para lo que, recuerdan las organizaciones, ha habido una batalla dura detrás.

En materia de sanidad pública, que se sitúa como la primera preocupación de los andaluces en el CIS, las Mareas Blancas han señalado la fragilidad de un sistema que adolece por las listas de espera y una falta de plantilla y recursos que, entre otras cuestiones, provocó la crisis de cribado de cáncer de mama. Catalina García fue la consejera de Salud a inicios del segundo mandato de Moreno, pero una vez destituida, la siguió Rocío Hernández en 2024, quien también fue reemplazada por Antonio Sanz en plena alarma social por los cribados, al que los sindicatos atribuyen un cambio de postura que ha beneficiado el diálogo social y la asunción de acuerdos.

El primer apretón de manos entre la Junta y los sindicatos fue el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado por UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en marzo de 2023 con una inyección de 8.840 millones de euros, y en el que se contempla, entre otras cuestiones, el Plan de Empleo Juvenil y una inversión amplia en la atención primaria, para lo que vendría a reforzarla un segundo logro.

Ese fue el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, logrado in extremis en mayo de 2023 con la rúbrica de UGT, CCOO, CSIF y Satse, después de que el Ejecutivo autonómico eliminara la concertación de esa prestación con la sanidad privada. En él, se contemplaba que un 25% del presupuesto sanitario fuera a este servicio y, a tres años, el presupuesto sanitario marca cifras históricas, pero el gasto sanitario per cápita se sitúa en 1.870 euros frente a los 2.013 de media estatales y la derivación a la sanidad privada continúa. ¿Cuál es el balance?

“El estado de la sanidad andaluza es delicado, falta plantilla y hay una sobrecarga de trabajo, queremos que todo vaya más rápido para dar una mejor asistencia a la ciudadanía”, sentencia Juan José Sánchez, secretario general de Satse en Andalucia. El traslado de los compromisos firmados a medidas que alivien la carga asistencial urge entre una plantilla que ha reivindicado una y otra vez acciones contundentes. La crítica se mantiene desde CSIF, que, aunque no firmara el pacto, advierten que su desarrollo “sigue coleando y va más lento de lo que nos gustaría”. “La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y debe implementarse al 100% cuanto antes si queremos dar salida a alguno de los problemas que tiene Andalucía”, subraya Girela.

“La última fase es donde ha habido acuerdos significativos”, contempla Rafael Ojeda, presidente de SMA, “como el aumento de la retribución de la hora de guardia o el del fin de la exclusividad”, pese a que hay otras cuestiones a limar, como la simplificación de la acreditación de competencias para avanzar en el modelo de carrera profesional. “La derivación a servicios privados ya se daba desde que el PSOE estaba gobernando, pero las listas de espera continúan para los cribados de cáncer y las pruebas diagnósticas o de espera para una intervención quirúrgica: el problema de fondo es la falta de médicos en la sanidad pública”, sentencia.

El tercer gran pacto sindical en el ámbito sanitario fue el Acuerdo sobre la Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el respaldo de UGT, CCOO, Satse, CSIF y SMA. “Llega al tercer intento y en el último tramo de la legislatura, como ha ocurrido con el resto de acuerdos”, señala Girela (CSIF), “hemos conseguido que la carrera profesional impacte en todos los colectivos del SAS, algo que no se producía hasta ahora”. Por su parte, Sánchez (Satse) espera a la nueva convocatoria pública de 6.000 empleos equilibren los recursos, se consoliden los puestos y, así, lograr que las ratio de las enfermeras suban del 5,1 al menos un punto para alcanzar la media nacional.

La sanidad andaluza ha estado atravesada por las huelgas médicas en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, una negociación estacanda con el Ministerio de Sanidad y que, al margen de las diferencias entre los profesionales sanitarios, ha aprovechado Moreno. El candidato popular relacionó el estado maltrecho de la sanidad pública a la “incapacidad” del Gobierno central de negociar con los facultativos las condiciones de su carrera en una fecha clave: la presentación de su programa electoral.

Vivienda: una ILP en contra de la ley autonómica

Una de las afrentas que mantienen los sindicatos contra el Ejecutivo de Moreno es la ley autonómica de Vivienda. Su entrada en vigor a principios de este año las animó a confluir: “El objetivo fundamental de la norma es aumentar la oferta de vivienda, que es un objetivo que compartimos, pero trata la vivienda como un bien de mercado”, argumenta Martín (UGT). El valor de inversión choca con la crisis habitacional que asola el país y dispara los precios y, teniendo en cuenta que solo se construyó un 6,5% de viviendas protegidas entre 2014 y 2024, UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento andaluz.

“La ILP trata la vivienda como un bien de interés general, porque los trabajadores necesitan que se construya más vivienda, pero vivienda asequible”, subraya. El propósito es reforzar el parque de vivienda público y, sobre todo, que sea permanente. Así, se convertiría en “un contrapeso” para el mercado especulativo, señala. En consonancia, López (CCOO) va un paso más allá y acusa al PP de “no haber acompañado a la ciudadanía”: “No han existido políticas de vivienda hasta el final de la legislatura y, en esta ley, lo que se prioriza es entregar suelo a las grandes constructoras para subirnos el precio a la ciudadanía”. En aras de conformar ciudades más inclusivas, añade que la ideación de barrios “amables”, con servicios públicos cercanos y espacios verdes, se encuentran entre sus reivindicaciones.

En este caso, los que han capitaneado las protestas en las calles han sido, sobre todo, las entidades sociales. El 14 de febrero de este año fue la última vez que hubo una manifestación por la vivienda, convocada por Barrios Hartos en Sevilla, como una medida de presión y denuncia para que se alcanzara un acuerdo para las 11 familias de Palmete. Antes, el 5 de abril de 2025, las capitales andaluzas secundaron la movilización nacional por el derecho a la vivienda y la subida imparable de los precios, tanto del alquiler como de la compra-venta de inmuebles.

Educación: la escasez de FP y las infraestructuras

La educación también ha dado quebraderos de cabeza en el mandato de la mayoría absoluta. Tras las huelgas, la Consejería de Educación, liderada por María del Carmen Castillo, se sentó a afirmar el tercer logro sindical: el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo, en julio de 2025 y firmado por ANPE, CSIF y UGT. Apuntan a varias mejoras logradas: la bajada de ratio, que se sitúa en un principio para 22 alumnos en educación infantil, el refuerzo de plantillas, permisos de conciliación, acceso a cátedras, la simplificación burocrática o la implantación del teletrabajo. Además, mencionan dos hitos: la equiparación salarial para que los docentes dejen de ser de los peor pagados en el país y el reconocimiento a la autoridad del profesorado como herramienta para respaldar su labor.

Todavía quedan deberes pendientes: la atención a la diversidad y la Formación Profesional. El descenso demográfico ha propiciado la eliminación de un total de 2.758 líneas (clases), una cuestión que Susana Cueto, responsable de Acción Sindical de ANPE Andalucía, ve como una oportunidad: “La bajada de ratios es un colchón que permite compensar la pérdida de unidades”. Junto a la reestructuración de las aulas, demanda más profesionales de audición y lenguaje, al igual que llegar al ratio de 1 orientador por cada 250 estudiantes, tal y como establece la Unesco, para lograr una escuela inclusiva. “El profesorado está desbordado con todas estas cuestiones”, asevera.

En cuanto a la FP, Girela (CSIF) advierte que la oferta de la pública “es muy limitada” en función de la demanda y hay un número insuficiente de empresas para complementar el itinerario de la DUAL, mientras que se encuentran con “una proliferación de las empresas privadas para darla”. En un informe realizado por CCOO se estima que la FP privada ha crecido un 66% frente al 29% de la pública hasta el curso 2024-2025, concentrando tres de cada diez alumnos, y aunque la Junta asevera que evoluciona la creación de plazas públicas, no desglosa el crecimiento de la oferta privada desde 2018. Además, la modalidad de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) variará para el curso próximo, con su eliminación en al menos 33 institutos andaluces a raíz de una reordenación porque, justifica el Ejecutivo, un 50% de los estudiantes no ha promocionado ni superado el currículo.

Al respecto, Cueto (ANPE) afirma que estarán vigilantes, ya que el cambio del alumnado de una FP básica a una ordinaria o a un programa de transición a la vida adulta (PTVAL) supondría una dificultad añadida. “Nos preocupa con qué apoyos y recursos van a contar los centros a partir de septiembre”, lo que ha provocado la movilización de las familias a las puertas de la campaña electoral en un intento por hacer que la Junta eche marcha atrás.

Otro aspecto sobre el que incide Fran Fernández, portavoz del sindicato USTEA, son las infraestructuras escolares. “El presupuesto en Educación sube, aunque sea más bien para la concertada, pero las infraestructuras están a la cola de los planes”. Por ejemplo, la ley para la mejora de las condiciones térmidas de las aulas, aprobada en 2020, “solo se ha desarrollado un 8%”. Los veranos asfixiantes e inviernos gélidos, fruto del contraste acusado que provoca la crisis climática, es un factor más dentro de “la dejadez” en el mantenimiento de edificios que llevan décadas, subraya, donde la colaboración con los ayuntamientos es imprescindible. “Necesitamos mejoras técnicas y climáticas para dar una educación pública de calidad”, remarca.

Dependencia: las listas de espera

En materia de dependencia aún no se ha alcanzado ningún gran acuerdo en el sector, pese a las medidas impulsadas por la Consejería de Loles López. Ante una población más envejecida y vulnerable, la reforma de la ley de dependencia de 2006 parece un paso ineludible. A las puertas del Palacio de San Telmo, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y CCOO exigieron este mismo miércoles una respuesta “urgente” a la Junta a la luz de los informes: hay 40.092 personas en lista de espera, un leve decrecimiento en comparación al año anterior, según el Observatorio de la Dependencia, pero hay más de 25.000 personas tienen reconocida su situación sin haber sido atendidas. Además, 6.995 personas murieron sin recibir atención y la resolución de expedientes llega a tardar 470 días, casi tres veces por encima de los 180 días estipulados por ley.

“Las listas siguen aumentando, lo que dificulta el día a día de muchas familias, especialmente a las mujeres, que tienen que cogerse excedencias o dejar su trabajo para los cuidados, o que se gastan el dinero en pagar una residencia hasta que les llegue las ayudas porque no pueden disfrutar de ese derecho”, indica Nuria López (CCOO). En este sentido, Óskar Martín (UGT) tacha de “inadmisible” las condiciones en las que se da la tramitación para el reconocimiento. “La dependencia exige también medidas de mejora para los usuarios del sistema y de los trabajadores, ya que no es de recibo el maltrato que reciben unos y otros por los retrasos continuos y las malas condiciones laborales”, acusa, instando a que haya un diálogo permanente porque la sanidad y la dependencia “son dos pilares básicos”.

La función pública y los vaticinios para el nuevo curso

De cara a los comicios andaluces, las fuerzas sindicales claman por un refuerzo del sistema, habiendo recursos económicos que pueden lograrlo. “La petición que le hacemos a todos los partidos políticos es un compromiso firme con el refuerzo de la sanidad, la educación, la justicia y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. Hay que cuidar y blindar los servicios públicos, y le exigiremos que cumplan con valentía, recursos y financiación”, reclama Girela (CSIF). Todos los sindicatos consultados defienden su independencia y no secundan a ningún partido político en concreto, pero expresan se mostrarán críticos con las propuestas hechas por cada grupo y negociarán con quien dirija el próximo ejecutivo autonómico.

Entre las tareas pendientes, queda la devolución por parte de la comunidad de las pagas extras que se detrajeron en los años 2013 y 2014 a los empleados públicos, ya que, la Junta de Andalucía tiene “el triste honor” de ser la única que no lo ha finiquitado. Con relación al funcionariado, está el último gran pacto del Gobierno andaluz: el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, sellado con CSIF, UGT y CCOO, el cual afecta a casi unos 80.000 empleados del sector público andaluz y que tiene una vigencia por un periodo de cinco años. La formación continua, la estabilidad laboral y la transformación digital son las señas de un pacto que supone “la transformación” de la administración pública, apuntan desde UGT, e instan a no abandonarlo.

Horas después del 1 de mayo, los sindicatos recuerdan que los esfuerzos por mejorar la calidad laboral de los trabajadores y, en suma, de la sociedad, se hace cada día y se lleva a las calles con protestas y manifestaciones que obligan a la administración a rendir cuentas sobre sus actos y cumplir con sus obligaciones. Aunque echan en falta un mayor respaldo, con más gente fuera clamando por sus derechos, todos ellos aseguran que proseguirán en la lucha, más o menos unidos, y siempre vigilantes con lo que ocurra en la próxima legislatura en Andalucía.