El deterioro de la sanidad pública andaluza por los gobiernos del PP de Moreno Bonilla: las causas (I)
Como en el resto de España, la Sanidad Pública Andaluza (SPA) nace sobre la escasa red sanitaria generada al final de la dictadura, construyéndose en su casi totalidad tras la misma. Este logro es la respuesta a una profunda aspiración unánime de la ciudadanía manifestada, en gran medida, mediante una amplia movilización popular. La SPA y el sistema nacional de salud, financiados finalmente con los impuestos de todos, adquirieron en pocos años un desarrollo notable, alcanzando niveles de calidad que los llevaron hasta los primeros puestos de los rankings internacionales. No obstante, la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno de entonces en Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español, dieron lugar a un claro retroceso de su desarrollo. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular (PP) de Moreno Bonilla ha alcanzado el poder en Andalucía y ha inaugurado una política aún más agresiva que plantea, por primera vez, la práctica deconstrucción funcional y organizativa del SPA. El objetivo del presente artículo es describir este proceso.
Desde su llegada al poder en 2019, el Gobierno del PP se ha empleado a fondo para ir, progresivamente, deteriorando la SPA. Para ello, ha usado combinada y simultáneamente dos estrategias básicas: la infrafinanciación y la privatización. La Consejería de Sanidad (CS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en manos de Moreno Bonilla, han emitido una amplia y variada gama de decretos y órdenes en esa línea. Vamos a intentar mostrar resumidamente los hechos en los que nos basamos para lanzar esta afirmación.
Infrafinanciación. En la primera figura se observa la financiación de la SPA a lo largo de los años. Como puede verse, los presupuestos anuales de la SPA (línea de puntos azules) sufren una franca detención y posterior descenso a partir de 2010, debido a la crisis financiera de 2008. Es la época de la austeridad y los recortes.
Para estimar la extensión real de dichos recortes, se calcularon, a partir de 2010 (primer año con recorte evidente), una serie de valores “virtuales” en los que al presupuesto de 2009 (último año sin claros recortes) se le sumó la cantidad correspondiente a la variación porcentual del IPC entre ese año y cada uno de los años posteriores analizados. Eso permitió construir una serie de cifras imaginarias de presupuestos “no recortados” (línea de puntos rojos). La suma de las diferencias entre el presupuesto real y el “no recortado” de cada año, nos daría la suma del recorte total. Este ascendió a 21,000 millones de euros. Esa cantidad puede ser entendida como una deuda sanitaria histórica que ha dejado una profunda huella en los recursos y en la funcionalidad de la SPA.
Llama la atención que los recortes se extendieron más allá de 2018, cuando los efectos de la crisis financiera se daban ya por concluidos. No obstante, Moreno Bonilla alargó los recortes hasta el año pasado cuando, por primera vez, se igualó el presupuesto de 2009 (más el correspondiente incremento debido a la variación del IPC). Pero, desde 2009 hasta el año pasado, trascurridos 15 años, habían ocurrido al menos tres cosas importantes en Andalucía: 1) había 414.893 andaluces más (datos del Instituto Nacional de Estadística INE); 2) el número de andaluces con más de 64 años, los que más recursos sanitarios requieren, había crecido en 423.759 personas (INE); 3) además, la deuda sanitaria histórica seguía ahí. Ninguno de estos tres hechos se había compensado.
Para abordar con mayor precisión el nivel de financiación de la SPA en el periodo PP se puede comparar el gasto sanitario público per cápita (GSP) de Andalucía con el GSP per cápita medio del resto de las CCAA. Estos datos figuran en la tabla siguiente.
Como se ve, durante todo este periodo, el GSP per cápita andaluz ha sido inferior a la media española. Si estos déficits anuales se multiplican por el número de andaluces existentes cada año se alcanza una cifra de algo más de 17,000 M€ que la SPA no recibió. Estos datos confirman que nuestra SP lleva un largo periodo de tiempo sufriendo una financiación escasa con respecto a los estándares nacionales. Pero, además de que los presupuestos son escasos, el PP, desde 2019, aumentó claramente la desviación de dinero de la SPA al sector sanitario privado, como se verá más adelante.
Los resultados de esta financiación deficiente de la SPA son muy lesivos y, en bastantes aspectos, no solo no mejoran, sino que empeoran, la situación previa. Así, durante estos años, la SPA es la que menor tasa de médicos y enfermeros por 1000 habitantes tiene de toda España; asimismo, la SPA cuenta con el número de camas hospitalarias, aparatos de TAC y RNM y quirófanos por 1000 habitantes menor o de los menores de entre todas las CCAA. La Atención Primaria (AP) ha sido la más dañada por este desmantelamiento. Esto es de enorme gravedad ya que se ha demostrado que una AP accesible, con visita clínica en 48 horas, en la que las personas son vistas por el mismo equipo por largos periodos y que desarrolla funciones preventivas, disminuye la mortalidad de la población en un 30%. Pues bien, la cita media de la AP actual es de más de 11 días, los ciudadanos sufren cambios continuos de los profesionales que los ven y los programas preventivos se han eliminado por falta de plantilla.
Los efectos de estas deficiencias, base de las inaceptables listas de espera de la SPA actuales, son bien conocidos de todos.
Es preciso destacar que la financiación deficiente de la SPA habría podido ser paliada en este periodo empleando los superávits presupuestarios que, año tras año, han quedado sin gastar (véase un informe de FACUA sobre la inversión en infraestructura sanitaria en estos años), o usando los importantes ingresos adicionales que se recibirían de aceptar la nueva financiación para Andalucía propuesta por el gobierno central, o mediante la suspensión de las mejoras tributarias a las grandes fortunas, o la introducción de medidas de control en el gasto del SAS, como el de farmacia, que se expondrá más adelante. Por ello, se puede concluir que la asfixia presupuestaria de la SPA es parte de un programa predeterminado de este gobierno.
Privatización. Desde su llegada, el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho todo lo posible por apoyar a las empresas sanitarias privadas y por privatizar la SPA, mediante la aplicación inmediata de una serie de medidas. A continuación, vamos a detallarlas en varios apartados.
- Promoción de la adquisición de seguros de salud privados por la población. Ante el deterioro programado de la SPA debido a su deficiente financiación y gestión, aparecen multitud de empresas que ofrecen seguros sanitarios privados “low cost” de dudosa calidad y con claros sesgos por edad o dolencias previas (seguros para gente sana, que dejan de cubrir cuando empiezan los problemas serios de salud).
- Esto es favorecido por la CS y el SAS del PP mediante la eliminación del complemento de exclusividad de los facultativos, de algo más de 900 €/mes, ya que, desde 2019, se paga a todos los facultativos trabajen o no exclusivamente para el SPA. Asimismo, se facilita el acceso de los médicos a reducciones de jornada, lo que, conjuntamente con lo anterior, ha dado lugar a que el número de facultativos que compatibilizan el trabajo en ambos sectores, público y privado, aumente. Este “copago” ha dado “oxígeno” a las aseguradoras que, generalmente, pagan bajos salarios. La pérdida de la exclusividad, junto a la escasez de las plantillas, añaden graves trastornos en la actividad de los servicios del SPA. En definitiva, se ha facilitado la actividad de las aseguradoras, lo que, unido a otros parámetros, ha dado lugar a que el índice de privatización sanitaria de Andalucía aumente al doble, de 2018 a 2025. En este sentido va también la decisión de eliminar la incompatibilidad público-privada de los cargos intermedios del SPA; piénsese en el conflicto de intereses que se crea cuando un Jefe de Servicio del SPA, además, sea por la tarde médico en una clínica privada que puede estar manejando la lista de espera de su propio Servicio.
- Derivación de fondos de la SPA al sector sanitario privado. El gobierno actual, sirviéndose de la Ley 15/97 que lo permite, ha aumentado los conciertos y convenios para ceder cada vez más actividad sanitaria pública a clínicas privadas, pasando de 424 M€ en 2018 a 675 M€ en 2025, si bien estas cifras no están exentas de opacidad. Las empresas más beneficiadas por estos pagos son Quirón, HLA-ASISA, Viamed, Vithas, Cruz Roja, San Juan de Dios y Hospitales Pascual, algunas de ellas en manos de empresas extranjeras y fondos de inversión. Estos aumentos también se han registrado en otros pagos del SAS a empresas privadas. Por ejemplo, el gasto en farmacia ha pasado de 2.739 M€, en 2018, a 4.185 M€, en 2025, un aumento del 52%. Esto último, en gran parte ocurre porque el Gobierno de Moreno Bonilla ha relajado las medidas de abaratamiento y control del gasto que existían antes (suspensión de las subastas de medicamentos, desuso de genéricos, bio-similares y del decreto 512-2015, que permite compras centralizadas de fármacos para los centros sociosanitarios). Similares faltas de eficiencia se han detectado en otros pagos del SAS, lo que indica que este gobierno no parece estar preocupado por pagar sobrecostes al sector privado. Como resultado, la partida total que se deriva al sector privado aumenta progresivamente sobre la de pagos al personal, y se acerca al 40% del presupuesto de la SPA.
- Penetración y expansión del sector privado dentro de la SPA. Son múltiples las fórmulas usadas para insertar a las empresas y su cultura en la SPA, como intentaremos enumerar resumidamente en este apartado.
- Para empezar, muchos de los gestores del SAS con amplia formación en centros públicos han sido sustituidos por personas provenientes de empresas privadas, con frecuente uso de “puertas giratorias” (gestor de empresa privada, paso por puesto relevante en la SPA y vuelta a la empresa privada).
- Privatización de la gestión y funciones de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), anteriormente una institución científica prestigiosa, que ha sido desprovista de su actividad analítica y crítica de la salud pública andaluza y ha sido convertida en un elemento de cobertura de la colaboración público-privada.
- Introducción de empresas privadas (farmaindustria y otras) en los Patronatos de los Institutos de Investigación ligados a los grandes hospitales de la SPA.
- Desarrollo de gran número de convenios supuestamente científicos entre empresas privadas y la SPA: Proyecto FARO para el estudio en la población andaluza con enfermedad vascular arterioesclerótica, gestionado por Novartis; Acuerdo de la CS (2022) para investigar en neurología médica de precisión, controlado por Roche Farma; Protocolo de actuación (2023) para la mejora de la atención al paciente, gestionado por Johnson & Johnson; Convenio marco del SAS con Medtronic para la innovación aplicada a procesos asistenciales (2020-2028); Convenio de I+D+i (2025) entre la EASP y la MF ABBVIE; Acuerdo del SAS con Astra Zéneca (2023) para “Reforzar la colaboración público-privada y contribuir a la eficiencia, equidad y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.
- Concertación con Mutuas Laborales para la posible privatización de la salud completa de los trabajadores (Concierto con Ibermutua).
- Propuesta de privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.
Tras el resumen anterior, puede afirmarse que el lobby de las empresas sanitarias ha logrado una extensa penetración en la SPA gracias al Gobierno de Moreno Bonilla y a su intención privatizadora.
Importa destacar que el Gobierno del PP ha usado las situaciones críticas de la SPA como oportunidades para instaurar su programa regresivo. Así, en vez de corregir la deficiente financiación debida a la crisis financiera, ha extendido los recortes de ese periodo fuera del contexto temporal, como se ha visto al principio, lo que ha ahondado el deterioro de la SPA y favorecido la expansión de las empresas aseguradoras. También, ha usado la difícil situación sanitaria generada por la pandemia de Covid 19 y la posibilidad coyuntural de realizar contratos de emergencia, para derivar fondos públicos sin control a clínicas privadas, empresas farmacéuticas u otras, incluso arriesgándose fuera del periodo de cobertura legal, un tema que ya hemos descrito en otro lugar. Todo ello confirma la intención deficitaria y privatizadora de la SPA de este Gobierno.
Queremos concluir este análisis sobre el deterioro actual de la SPA aportando nuestra opinión sobre la intencionalidad profunda del Gobierno andaluz actual y su gobierno en relación con la SPA. Pensamos que lo que se intenta es cambiar el concepto de salud. Para la mayoría de la población, la salud es un derecho conquistado que nos hace iguales a todos en cuanto a la salud, y que se sostiene sobre un sistema de Sanidad Pública universal, gratuito en el acceso, de alta calidad y pagado con los impuestos de todos. Sin embargo, para Moreno Bonilla y su Gobierno, la salud es un negocio en el que quien quiera mejor salud ha de adquirirla en el mercado privado, por lo que solo el que disponga de mayores medios económicos podrá acceder a ella, y los demás tendrán que conformarse con una SPA cada vez más deteriorada. Y la pregunta es: ¿lo vamos a consentir?
José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).
Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas
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