Sumar intenta reactivar la agenda social del Gobierno para evitar que la legislatura naufrague por las causas de corrupción

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.