La Justicia obliga a tramitar como lugar de memoria la histórica Casa del Pueblo que el 'banquero de Franco' donó a los obreros

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha estimado el recurso presentado por los impulsores de la protección de la antigua Casa del Pueblo de Palma, obligando al Govern balear a tramitar su solicitud para incluir el solar en el Catálogo de Espacios de Memoria. La sentencia anula la resolución administrativa que inadmitió la petición en 2021 y ordena a la Administración autonómica iniciar el procedimiento, tramitarlo íntegramente y dictar una resolución sobre el fondo del asunto.

La Casa del Pueblo fue durante más de una década uno de los principales centros de organización de la clase trabajadora de Mallorca. El edificio original fue donado por el banquero y financiador de la trama golpista de Franco Juan March al movimiento obrero durante la Segunda República y se convirtió en un referente del sindicalismo y del asociacionismo popular en Palma.

Sin embargo, tras un largo proceso de transformación urbana y revalorización inmobiliaria del barrio, el inmueble desapareció. Tal como contó elDiario.es en un reportaje publicado en 2022, el histórico edificio no sobrevivió a la presión especulativa y fue demolido para dar paso a una promoción residencial de lujo, un desenlace que los activistas consideran paradigmático de cómo la gentrificación ha borrado parte del patrimonio popular de la ciudad.

Con todo, la piqueta borró el edificio, pero no la batalla por su memoria. La solicitud presentada en 2021 perseguía precisamente proteger el solar como espacio de memoria democrática, con el objetivo de reconocer el papel histórico que desempeñó en la organización de las clases trabajadoras y evitar que su significado desapareciera definitivamente del paisaje urbano.

El fallo supone ahora una victoria para la plataforma que desde hace años reclama la preservación de este emblemático enclave del movimiento obrero mallorquín, aunque no implica automáticamente que el solar vaya a ser protegido. La sentencia deja claro que la cuestión no es si la Casa del Pueblo debe ser inscrita o no en el catálogo, sino que la Administración no podía impedir que esa posibilidad fuese examinada mediante el procedimiento previsto en la ley.

La resolución llega más de cuatro años después de que se presentara la solicitud de inscripción al amparo de la Ley balear de memoria democrática de 2018. Según recuerdan los promotores de la iniciativa, el propio Govern presidido entonces por Francina Armengol acabó allanándose al recurso contencioso en mayo de 2023 tras asumir el criterio de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que consideró insostenible la inadmisión inicial. Pese a ello, la Sala ha tardado hasta mayo de 2026 en dictar sentencia.

Derogación de la ley de memoria

La decisión se produce además en un contexto político especialmente complejo. Los promotores de la iniciativa recuerdan que PP y Vox derogaron el pasado mes de marzo la ley balear de memoria democrática. No obstante, destacan que el Gobierno central ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esa derogación, lo que, de admitirse a trámite, supondría la suspensión de la norma aprobada por el Parlament balear y la recuperación provisional de la ley de 2018 mientras el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto.

A juicio de la plataforma, este escenario vuelve a abrir la puerta a que el solar pueda ser inscrito en el Catálogo de Espacios de Memoria. Sus integrantes sostienen que la reivindicación trasciende el ámbito memorialístico y plantea un debate sobre quién decide el uso de los espacios urbanos en una ciudad marcada por la crisis de vivienda y la presión inmobiliaria.

Corazón del movimiento obrero mallorquín

Durante más de una década, la Casa del Pueblo fue el corazón del movimiento obrero mallorquín. Inaugurada en enero de 1924 tras un proceso impulsado años antes por sindicatos y organizaciones de trabajadores, el edificio y el solar fueron donados por March. Según el historiador David Ginard, el financiero se había comprometido inicialmente a financiar únicamente la construcción, confiando en que el Ayuntamiento cediera los terrenos, pero la negativa de la corporación municipal, entonces dominada por sectores conservadores, lo llevó a asumir también la compra y cesión del solar.

Durante sus doce años de existencia hasta el golpe militar del 19 de julio de 1936, la Casa del Pueblo se convirtió en mucho más que una sede sindical. Además de albergar reuniones de organizaciones obreras, acogía conferencias, clases, representaciones de teatro, ensayos de corales, una biblioteca, una sala de actos y las actividades de cooperativas y sociedades de socorro mutuo. Su relevancia la convirtió también en objetivo de la violencia política: un atentado perpetrado por la Falange dejó siete personas heridas.

Tras el triunfo de los sublevados, el edificio fue ocupado por la Falange y transformado en un centro de detención y tortura durante la represión franquista. Entre las personas que pasaron por sus dependencias estuvo Aurora Picornell, conocida como la Pasionaria de Mallorca. La Casa del Pueblo sobrevivió a la dictadura, pero no a la especulación urbanística del tardofranquismo: en 1975 fue derribada después de que el Ayuntamiento alegara que se encontraba en estado ruinoso, una versión que los vecinos siempre cuestionaron.