El Gobierno lleva al Constitucional la derogación de la ley de memoria democrática de Balears

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.