PP y Vox derogan la ley balear de memoria histórica y evocan a los “asesinados por las hordas rojas”

PP y Vox han culminado este martes uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament ha supuesto la eliminación definitiva de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. El archipiélago se suma así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. 

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Este martes, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox han sumado sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Desde la bancada de la izquierda, donde los diputados han exhibido fotografías de víctimas del franquismo mientras se debatía la derogación, los parlamentarios han cargado con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”. “Han quedado desdibujados como partido democrático”, les ha recriminado el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha lamentado que la supresión no solo afecta a las víctimas del franquismo, sino al conjunto del sistema democrático. “Con la derogación de las leyes de memoria democrática no solo pierden las víctimas y sus familiares: perdemos todas y todos, y también pierde la democracia”, ha subrayado, reprochando al PP que utilice su mayoría parlamentaria para eliminar una ley que, tal como ha defendido la oposición, fue fruto de un consenso previo.

“La historia es clara: cuando la derecha moderada asume el marco ideológico de la extrema derecha por miedo a perder votos, no lo detiene, lo legitima. Y a menudo lo fortalece”, ha expresado por su parte la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, aseverando que sus palabras no son paralelismos “simplistas”, sino un recordatorio de que Europa “ya ha recorrido este camino antes y sabe perfectamente dónde acaba cuando nadie se atreve a hacer frente a tiempo”.

En esta misma línea, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha calificado la jornada como “un día triste para este Parlament y para esta sociedad”, reprochando a los populares que cedan ante la ultraderecha para modificar un marco legal que, ha recalcado, formaba parte de los consensos básicos de la convivencia democrática. Negueruela también ha reivindicado la importancia de mantener las políticas públicas de memoria para explicar en las escuelas lo ocurrido durante la dictadura y evitar que se repita, al tiempo que ha incidido en que las leyes de memoria no buscan reabrir conflictos, sino garantizar que las nuevas generaciones conozcan los hechos y comprendan la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. “Pero les digo una cosa” -ha advertido-: “Les aseguro que por muchas leyes que deroguen jamás borrarán los grandes horrores que se hicieron”.

Frente a las manifestaciones de la izquierda, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática recurriendo a la narrativa habitualmente enarbolada por la extrema derecha y rechazada por el consenso historiográfico: que el gobierno del Frente Popular surgido tras las elecciones de febrero de 1936 carecía de “legitimidad de origen” porque “medio centenar de votos fueron robados” en la comisión de actas del Congreso.

A pesar de que el golpe militar contra la Segunda República llevaba meses preparándose por parte de amplios sectores del Ejército y de la derecha autoritaria, y de que la represión se prolongó de forma sistemática durante décadas, el parlamentario de extrema derecha ha presentado el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo como el “pistoletazo de salida” de la contienda y ha aseverado que en ambos bandos hubo víctimas, como las de “Paracuellos del Jarama”, recordando a quienes fueron “asesinados por las hordas rojas” para sostener, de este modo, que las leyes de memoria democrática ignoran a estos últimos.

En los últimos meses, el Govern se ha comprometido, no obstante, a dar continuidad a la ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como la 'ley de fosas'-, aprobada por unanimidad en 2016. Se trata de una norma que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas del franquismo -de las que han sido identificadas más de 50- que fueron asesinadas de forma violenta y enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados dentro y fuera de los cementerios. Los investigadores apuntan a que otras personas fueron lanzadas a pozos y simas. Se estima, con todo, que más de 1.700 víctimas continúan desaparecidas a lo largo del territorio balear.