Sumar confía en que la presión social para la prórroga de los alquileres tuerza el brazo a PSOE y Junts

“Esto no acaba aquí”. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el pasado martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en los pasillos del Congreso apenas unos minutos después de que la mayoría que forman PP, Vox y Junts tumbara el decreto de medidas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, que contenía la prórroga de los alquileres que vencieran en 2026 y 2027. Desde entonces, Bustinduy y el resto de los principales dirigentes de Sumar se han afanado en mantener el foco mediático sobre este asunto. Y en el partido cunde la sensación de que la presión social terminará obligando a moverse a los actores que ven con más reticencias la prórroga: el primero, Junts, pero también el Ministerio de Vivienda.

Desde el varapalo parlamentario del martes, Bustinduy ha iniciado un periplo mediático para expresar el mismo mensaje que difundió ya en la tribuna del Congreso: que la pelea por la prórroga de los alquileres se va a mantener. Lo mismo planteó este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que aseguró que su coalición no se va a “rendir” e insistió en que, aunque el decreto de vivienda fue “derrotado en el Congreso”, las medidas que contiene están “ganadas en la calle” y esa “fuerza social” hace inevitable que terminen convirtiéndose en ley. 

En privado, el análisis que hace Sumar es el mismo: que el debate sobre la medida ha calado en la sociedad y que hay “caldo de cultivo” como para, al menos, pelear la reactivación de la prórroga de los alquileres. Y las fuentes consultadas señalan un hito clave en este pulso: la manifestación convocada el próximo 24 de marzo en Madrid por el Sindicato de Inquilinos bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida, bajemos los precios”, que el ala minoritaria del Gobierno aspira a que sea al menos tan masiva como las celebradas en 2024 y 2025 en varias ciudades de España y cuyo manifiesto emplaza a las “vecinas, sean propietarias o inquilinas”, a protestar para “acabar con el modelo especulativo de la vivienda”. 

Con esa marcha en el horizonte, Díaz se mostró convencida el jueves en una entrevista en RNE de que aún hay espacio para “negociar” con Junts y afirmó que Sumar va a “trabajar con la parte socialista” del Ejecutivo para recuperar la prórroga de los alquileres al mismo precio, si bien evitó poner una fecha para culminar esa negociación. Lo cierto es que, por ahora, no ha habido ningún movimiento concreto, y los partidos se han limitado a marcar públicamente sus posiciones después de la derrota parlamentaria del decreto del pasado martes. Pero también es verdad que, frente a la negativa rotunda y el escaso entusiasmo por la medida que expresaban la semana pasada Junts y el PSOE, respectivamente, tras la votación del martes sus discursos han cambiado.

El jueves, por ejemplo, la portavoz de los independentistas catalanes en el Congreso, Míriam Nogueras, se mostró dispuesta en TVE a negociar con el Gobierno un nuevo decreto de medidas de vivienda, e incluso le reprochó su “lentitud” a la hora de poner en marcha iniciativas para afrontar la crisis. La posición de Junts es aún muy lejana a la del Ejecutivo, pero Nogueras incluso verbalizó lo que para su grupo es “imprescindible” que incluya un nuevo decreto: medidas como las desgravaciones fiscales para “toda persona que esté pagando” un alquiler o la recuperación de la “seguridad jurídica” —aunque no concretó a qué se refería con ello.

Junts mantiene la puerta entreabierta y el PSOE pide tiempo

Las palabras de la portavoz de Junts suponen la culminación de un brusco viraje que comenzó el lunes, cuando la formación confirmó que derribaría el decreto el martes pero abrió la puerta a convalidar un nuevo paquete de medidas siempre que contemplara sus demandas, que además de las rebajas fiscales o la “seguridad jurídica” también incluyen la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. Sumar intentó ensanchar esa vía para salvar a última hora el decreto, pero no hubo movimientos por parte del ala socialista del Gobierno, que consideró que los de Carles Puigdemont únicamente querían tener un relato que les permitiera no ser culpados del fracaso del decreto. 

Varios días después de tumbar el texto, Junts mantiene sin embargo la puerta entreabierta al menos a negociar. Fuentes del partido, de hecho, sostienen que la pelota está en el tejado del PSOE y que ellos se encuentran “a la espera” de recibir una llamada, aunque también dejan caer que, si los socialistas no están en las tesis de Sumar —que se ha abierto a aceptar las demandas de Junts a cambio de recuperar la prórroga de los alquileres—, “no merece la pena hablar”.

Por ahora el PSOE no ha dado pasos concretos, y fuentes de la Moncloa piden tiempo para preparar una propuesta que poder renegociar con los grupos parlamentarios. “No sabemos cómo articularlo todavía, no podemos avanzar pantallas a la velocidad de la luz”, explican estas fuentes. Sin embargo, el discurso del ala socialista del Gobierno ha experimentado un cambio importante en los últimos días: si la semana pasada fuentes de ese sector admitían en privado que no querían involucrarse en la negociación porque la daban por perdida desde el primer momento, este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró públicamente que el viraje de Junts ha abierto “una ventana de oportunidad”.

“Yo le agradezco a aquellos grupos que se están abriendo a la posibilidad de alcanzar esos acuerdos”, y particularmente “a Junts”, planteó Rodríguez, que anunció que mantendrá una “ronda” de reuniones con los grupos parlamentarios y se mostró abierta a aceptar las ayudas fiscales que reclaman los independentistas, puesto que la propia Moncloa las planteó hace unos meses. Fuentes del Ministerio de Vivienda se muestran optimistas ante la posibilidad de negociar, aunque también abren la puerta a rebajar la “medida de máximos” que supone, a su juicio, la prórroga “unilateral” de los contratos de alquiler, que era la que contemplaba el decreto que fue rechazado el martes pasado.

Vivienda, asimismo, ha asegurado en los últimos días que tiene intención de “intensificar los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año”. Esa ley, no obstante, es una materia completamente diferente a la de la prórroga de los alquileres, y lleva meses varada en el Congreso por falta de apoyos.