Reporteros Sin Fronteras denuncia las acciones “intimidatorias” contra la prensa del “entorno de Ayuso” y el juez Peinado

“La polarización política impacta en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión. La libertad de prensa también se ve amenazada por un aumento de las acciones judiciales abusivas y del señalamiento político contra los periodistas”. Esa es una de las conclusiones de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que este jueves presentó su informe de 2026 sobre la libertad de prensa en el mundo. En su clasificación, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29, respecto a 2025.

Preguntada al respecto, la relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, Edith Rodríguez Cachera, sostiene que “en los últimos años” se han multiplicado las “demandas judiciales intimidatorias” contra la prensa española. En conversación con elDiario.es, Rodríguez detalla explícitamente que esas demandas han llegado del “entorno de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también “por parte del juez Juan Carlos Peinado”. Así, la relatora asegura que el hecho de que las actuaciones contra los periodistas provengan del entorno judicial “intimida aún más” a la prensa.

Las presiones y amenazas del entorno de Ayuso han sido constantes en los últimos años. En marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó la investigación acerca del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, mandó varios mensajes a una de las periodistas de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo el alto cargo de Ayuso. “¿Es una amenaza?”, preguntó la compañera. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez. Ese mismo día, elDiario.es había publicado en exclusiva que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y también que González Amador cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

El pasado noviembre, durante el juicio que acabó condenando al ex fiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, Rodríguez volvió a descalificar a elDiario.es. Preguntado por el hecho de que no contestara a las preguntas de este medio sobre el fraude de González Amador, él respondió con las siguientes palabras: “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”. Sobre el mensaje que recibió por parte de elDiario.es, añadió: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”.

Además, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones sobre González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso difundió los datos de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales, además de lanzar el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. Tanto el diario de Prisa como el PSOE denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por haber aireado datos privados de los periodistas y el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid le ha convocado para que declare ante el juez el próximo día 6 de mayo.

Amenazas y coacciones de Peinado

El juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez que ha propuesto juzgarla por cuatro delitos, amenazó en octubre a elDiario.es con una querella y le exigió 50.000 euros por haber publicado una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que cargó con dureza contra la investigación del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno.

Entonces, Peinado presentó una solicitud de conciliación, un escrito previo a la interposición de una querella, contra el político y el director de este medio por injurias y calumnias en la que planteó varias exigencias: que se eliminara la entrevista, que Puente pidiera disculpas públicamente, que no se criticara más su gestión de la causa y, finalmente, ser indemnizado con 50.000 euros. El escrito fue presentado en los juzgados por Guadalupe Sánchez, la misma letrada que ha registrado demandas similares en nombre del rey emérito y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra los políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”. El acto de conciliación se celebró sin acuerdo y este medio, por el momento, no ha recibido ninguna querella de Peinado. El pasado septiembre Peinado también denunció a varios periodistas por criticar en televisión su actuación contra Begoña Gómez.

Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que estas actuaciones contra la prensa, tanto la de Rodríguez como la de Peinado, “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación. La relatora Edith Rodríguez destaca, asimismo, que este tipo de actuaciones intimidatorias se suelen realizar habitualmente contra “medios digitales de tamaño mediano” y no contra grandes conglomerados, con el claro objetivo de que las amenazas influyan en sus respectivas líneas editoriales e intimiden a sus profesionales.

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, recoge el informe de RSF que llega a hablar de un clima de lawfare contra la prensa.

El informe de RSF destaca precisamente que “el mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta” en la que “los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE acaparan el mercado”. “A nivel regional, el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es alto”, añade, si bien considera que la prensa (digital y/o en papel) “goza de una mayor diversidad y, por tanto, de mayor pluralidad”.

Este organismo internacional alerta, también, de que “España es víctima de un clima de gran polarización política” de la que “no se libran unos medios en los que la opinión contamina cada vez más a la información”. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido de forma reiterada con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y la lucha contra la desinformación proponiendo medidas relativas a la transparencia (de la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios), el secreto profesional, la creación de un registro de medios, el acceso público a la información, o la reforma del organismo regulador del sector y del modelo de medición de audiencias”, destaca, aunque luego matiza que “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”. 

“Agitadores” de Vox para “sabotear” ruedas de prensa

Entre los deberes, RSF recuerda que “siguen sin derogarse los artículos más polémicos de la 'ley mordaza' y los llamados 'delitos de opinión' del Código Penal, una promesa que el Gobierno parece definitivamente incapaz de cumplir”. También denuncia que “los órganos directivos de la radiotelevisión pública siguen siendo designados sin arreglo a la independencia que promueve la EMFA, con el consiguiente impacto en el sesgo editorial de RTVE”.

“Peligrosamente concentrado y debilitado, el sector ha instalado a la profesión periodística española en una grave precariedad ya cronificada. A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo. Mientras, la erosión de unos medios en grave crisis los vuelve cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”, añade el texto, que destaca que “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles”.

Reporteros sin Fronteras también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”, zanja.

La organización se refiere al caso de agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo que vulneran cualquier tipo de ética periodística, cargan contra los periodistas y los intimidan a la hora de hacer su trabajo. Ambos están inmersos en un proceso en el Congreso a raíz de que varios profesionales de la información y distintos partidos solicitaran la retirada de su acreditación.