Las entidades sociales se manifestarán el 14 de febrero en Sevilla por la vivienda: “No a la especulación”

El 14 de febrero las calles de Sevilla volverán a vivir una nueva manifestación por la vivienda. Decenas de colectivos sociales anuncian que la marcha partirá a las doce de la mañana en Gran Plaza y tendrá como punto final la Consejería de Fomento y Vivienda. Bajo el lema Por el derecho a la vivienda, la causa toma como pico de lanza el caso de las 11 familias en peligro de ser desahuciadas en el barrio de Palmete y lo hace extensible a toda la población andaluza, para la que el mercado inmobiliario es una de sus principales trabas.

La organización, capitaneada por Barrios Hartos, cuenta con la participación de múltiples colectivos, entre ellos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación Gente de Barrio, que saldrán con el fin de movilizar a la ciudadanía. En un comunicado, critican la ley autonómica de vivienda aprobada por el Gobierno de Juanma Moreno por reforzar “un modelo que criminaliza la precariedad, protege a los grandes tenedores y fondos buitre, y castiga a los barrios obreros”. Además, consideran que la no renovación de la moratoria de desahucios “deja en una situación de máxima vulnerabilidad a miles de familias y agrava conflictos como el que se vive en el barrio obrero de Palmete”.

Freno al decreto ómnibus

El decreto ómbinus se votó ayer martes en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de la bancada conservadora formada por Junts, PP y Vox. Entre las medidas, aparte de la revalorización de las pensiones, se encontraba la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables que protegía a 60.000 familias. Una cuestión contra la que los colectivos sociales, como el Sindicato de Inquilinas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya han anunciado movilizaciones.

Barrios Hartos hace referencia en el escrito al caso de las 11 familias que lograron aplazar el lanzamiento el pasado 5 de diciembre y continúan a la espera de saber qué ocurrirá con sus casas. El inmueble de la calle Verdad, adquirido por el Banco Santander a través de un fondo buitre hace una década, se adjudicó por valor de 530.000 euros, aunque fueron parte de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO). En la actualidad, los habitantes de estos pisos piden intermediación por parte de la administración antes de que se produzca el desalojo definitivo aun cuando tienen sus contratos en vigor. “No son problemas aislados, sino el resultado de un modelo que convierte derechos básicos en pura mercancía”, reiteran desde la asociación.

A partir del IX Informe FOESSA, se determina que hay casi dos millones de personas en Andalucía en situación de exclusión social, donde la vivienda es el principal obstáculo para que las familias alcancen un nivel de vida digno. Entre la subida de los precios de compra y la cada vez más costosa tarea de encontrar un alquiler asequible, el trabajo ya no es una garantía para salir del umbral de la pobreza, reflejaba el estudio que estima que hay 270.000 personas más que en 2018 que padecen exclusión severa.

Subida de alquileres

El 5 de abril del año pasado fue la última gran concentración social por el derecho a la vivienda. La capital hispalense contó con cerca de 3.000 personas, mientras que en Granada participaron unas 4.000. Desde el Sindicato por la Vivienda, se denunciaba que la situación era “insostenible”, porque no había acceso “a algo tan necesario como un techo, especialmente en una ciudad donde puedes morir en la calle de calor en verano o de frío en invierno”, resaltaba uno de sus integrantes.

Además, la dureza del mercado inmobiliario tampoco ceja en este 2026. Un informe elaborado por Consumo a partir de datos del panel de hogares de Hacienda expone que durante los próximos 12 meses habrá unos 630.000 contratos de alquiler que dejarán de estar en vigor y, según las estimaciones, la renovación puede suponer un alza de los precios entre un 30 y un 50%. Esta cantidad de inmuebles corresponde a 1,6 millones de personas, por lo que Sumar ya ha pedido medidas urgentes al Gobierno central para impedir el agravamiento de la crisis habitacional.