La Junta de Andalucía exige a las personas sin hogar un preacuerdo de contrato para concederles ayudas al alquiler de vivienda

Con una crisis habitacional que se ha convertido en una de las preocupaciones y exasperaciones más acuciantes de la población de todo el país, el acceso a una vivienda se antoja una carrera de obstáculos para las rentas medias y bajas ante la escalada de precios tanto para la compra de inmuebles como para el acceso a un alquiler. Entre los afectados están las personas sin hogar, que sufren un agravante más: la Junta de Andalucía exige para las ayudas al alquiler a las personas especialmente vulnerables que exista un preacuerdo de arrendamiento. Un apartado que despierta la crítica entre las asociaciones del tercer sector porque impone una doble barrera para el colectivo. Ante el mantenimiento de la norma, han elevado al Defensor del Pueblo Andaluz una queja formal para que se revise y anule esta orden.

“Intenta acercarte a una inmobiliaria y pedir que reserven una vivienda durante seis meses, a la espera de que te concedan la ayuda”, ejemplifica Rafael Díaz, miembro de Elige la Vida. A ello habría que añadir que las personas sin hogar pertenecen a un grupo con unas carencias graves, ya sea a la hora de medios físicos como competencias digitales para acceder al trámite o su propia situación vital, donde la falta de ingresos o el deterioro físico y de salud mental que sobrellevan al vivir en la calle hacen que se les descarte rápidamente por parte de los caseros. “No vamos a darle ilusiones a nadie en estas circunstancias, así que hemos decidido movernos para que modifiquen el modelo”, afirma desde Sevilla, a sabiendas de que hay hasta 8.000 personas viviendo en la calle en toda Andalucía.

En colaboración con Proyecto Emaús - Parroquia Santas Justa y Rufina, se presentó el documento al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el pasado 22 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, señala la orden presentada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en octubre de 2025, en la que se recoge que los colectivos vulnerables para los que está destinada la subvención deben ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual para acceder a la subvención. La subvención se ideó en el año 2020 y publicada en el BOJA en 2022. Fue entonces cuando los entes protestaron para que se modificaran las bases de la convocatoria y la Junta accedió a incluir un subapartado con el que se pretendía arreglar el entuerto. Pero, en la actualidad, el punto 6 de los formularios exige: “En el caso de personas sin hogar, preacuerdo de contrato de arrendamiento, debiendo presentar el contrato de arrendamiento una vez se formalice el mismo, a fin de poder recibir la ayuda solicitada”.

“Discriminación indirecta”

A pesar de que se incluyera una modificación para intentar “solventar la incoherencia absoluta” que supone exigir a una persona sin hogar un contrato de alquiler previo, “la realidad del mercado del alquiler de vivienda lo hace imposible”, observan. En cualquier anuncio de Idealista o Fotocasa se leen las obligaciones previas para obtener una visita: contrato de trabajo, avales, hasta dos meses de fianza, un mínimo de renta anual... Un largo listado que, como señalan en la carta remitida al Defensor, hace inviable el acceso para quien carece de apoyo económico: “Es una tarea imposible para las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa, es decir, exclusión residencial, incluso cuando pueden contar con un acompañamiento social y con la previsión de una posible ayuda pública”.

Por tanto, califican las peticiones de la Junta como una “discriminación indirecta” hacia las personas sin hogar al imponer un principio que vulnera el principio de igualdad para obtener una ayuda pública y que va en contra de los propios planes de la Junta dirigidos a aliviar las circunstancias de estas personas, como el Plan Vive en Andalucía o la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía (2023 - 2026), donde hay contemplada una de 400.000 euros en ese periodo con el fin de “aumentar el número de personas sin hogar que acceden a una solución habitacional” y “prevenir el fenómeno del sinhogarismo”. Con esta petición al Defensor, pretenden que se inste a la Junta de Andalucía a eliminar este apartado y se convengan otras cláusulas acordes a las condiciones del colectivo.

María del Carmen Jiménez, portavoz de Emaús y firmante de la petición, explica las obras de caridad que realizan con el apoyo de Cáritas. Desde la distribución de mantas hasta la compra de medicamentos o reparto de caldo a pie de calle, buscan la manera de acompañar a los que viven en las calles del barrio de Los Remedios. “Hay quienes no tienen nada o que logran una pequeña pensión no contributiva o el cobro del Ingreso Mínimo Vital, y es una realidad que afecta tanto a los nacionales o a los extranjeros”, comenta en declaraciones a esta cabecera.

Alquilar habitaciones

Ya no habla de la posibilidad de alquilar un piso con esta ayuda, sino de una habitación, que en Andalucía ronda los 400 euros, según los datos recopilados por Fotocasa, en un momento en el que los anuncios han crecido un 17% en 2025 frente a 2024. “Nadie alquila sin que haya una garantía, entonces, ¿quién les va a hacer un contrato previo a esa ayuda?”, cuestiona. Sin respuesta por parte de la administración, ha hecho piña con Elige la Vida para forzar el cambio y sugiere que sean las propias entidades las que acompañen al particular: “Con los datos del arrendatario, nos podríamos comprometer a ayudar en el pago de la habitación y que, una vez recibida la ayuda, se dé el dinero a posteriori”.

Las asociaciones son las que vehiculan las ayudas en la mayoría de las ocasiones, como recogen las bases de la Consejería y la I Estrategia de atención a personas sin hogar en Andalucía, para lo que también se recoge una línea de 400.000 euros repartidos en cuatro años. En estos casos, reciben directamente el importe y promocionan planes de acceso a la vivienda, como indica Juan Luis Delcán, presidente de EAPN en la delegación andaluza. “Las ayudas al alquiler de la Consejería tienen ese hándicap y, además, hay que tener en cuenta que resuelven la línea en cuatro o cinco meses, ¿qué propietaria te va a aguantar la vivienda?”, apunta. En la Fundación Atenea, de la cual es miembro, también se topan con las dificultades para facilitar inmuebles a las personas más vulnerables, ya sea por miedo a posibles destrozos o por aporofobia. En todo caso, adelantan el montante económico a los propietarios gracias a que tienen esa capacidad como organización del tercer sector.

“Habría que darle una vuelta porque las ayudas se idean y se destinan para una población que no llega”, lamenta, “en todo esto, las entidades tenemos un papel fundamental a la hora de trabajar con las personas en situación de calle en tiempos tan complicados”. El caso de las subvenciones particulares difiere de las que gestionan las organizaciones, ya que, como apunta, programas como el de Atenea contemplan un proceso de reinserción laboral y una rotación de las seis plazas que tienen disponibles una vez y que la persona sea autosuficiente en un proceso complejo en el que hay cuestiones relacionadas con la salud mental, la drogodependencia o la falta crónica de empleo.

Con casi dos millones viviendo en exclusión social, como estimaba el IX Informe Foessa, la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate en la esfera pública. Una de las entidades que han estado asesorando y gestionando este tipo de ayudas ha sido la Asociación Provivienda. Pepa Muñoz Cañuelo, delegada territorial en Andalucía, comenta que a partir de un análisis realizado en colaboración con otras asociaciones comprobaron que estas líneas públicas “no llegan a las personas sin hogar y deberían tener otras ayudas con otros requisitos más directos, porque estos no se están aprovechando”. Desde la entidad, brindan apoyo directamente en la gestión de los trámites y preparan con antelación a las personas que están en sus programas, ya que son por concurrencia no competitiva, mientras que facilitan el asesoramiento a nivel grupal o individual en los casos que estén fuera de su red.

Sin el número de las personas sin hogar beneficiadas

En respuesta a este periódico, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justifica con motivo del requisito de preacuerdo que “como toda convocatoria de ayudas, es necesario una justificación documentada, porque hay que preservar el fin de los recursos públicos”. “Esa fiscalización previa es necesaria porque, de lo contrario, no se podría conocer si verdaderamente cumplen su cometido”, añaden. “No es un obstáculo, sino una garantía de que llega a las personas que lo necesitan, y los números de solicitantes y beneficiados cada año corrobora que la ayuda llega”, argumentan las fuentes oficiales. En este caso, apuntan que se han canalizado 96,5 millones de euros para 28.689 viviendas y un total de 86.000 personas beneficiarias en Andalucía. Pese a la insistencia de este medio, la Junta no ha proporcionado el dato desagregado sobre las personas sin hogar.

Asimismo, la Consejería traslada que la ayuda, impulsada en 2020, “supone una oportunidad para muchas familias que, de otra manera, no dispondrían de la posibilidad de acceder a una vivienda”, refiriéndose a que la subvención está contemplada para todo un espectro en el que están contempladas las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, al igual que las personas sin hogar y otros individuos especialmente vulnerables. El importante máximo que se contempla por persona es de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes. “Consideramos que el modelo actual funciona, pero estamos abiertos al diálogo con todas las asociaciones y entidades para que nos trasladen sus casuísticas y circunstancias”, concluyen.