La oposición pide aclarar si otros cargos del PP en Málaga tienen apartamentos turísticos: “Hay una trama especulativa”

La concesión de una licencia para levantar veinte apartamentos turísticos en Málaga a José María García Urbano, alcalde del PP en Estepona, ha pasado este jueves por el órgano político que dirige el Urbanismo de la capital. Y allí, en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, la oposición de izquierdas ha preguntado a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero si el Ayuntamiento liderado por Francisco de la Torre (también PP) ha dispensado “trato de favor” a su compañero de filas devenido empresario turístico. Casero ha replicado que todo es legal.

Fuentes del equipo de gobierno insisten en que conceder la licencia es un acto reglado: es decir, que no hay opción a decir sí o no. Pero la oposición subraya que el hecho de que políticos del PP hagan negocio en un contexto de crisis de acceso a la vivienda muy acusada en Málaga no tiene un pase político o ético.

El PSOE ha reprochado al alcalde que cargos del Partido Popular “están forrándose” con la especulación inmobiliaria mientras los malagueños viven un “calvario” inmobiliario, mientras Con Málaga acusa al alcalde de tolerar una “trama especulativa”. El asunto estalla a De la Torre a las puertas de una nueva manifestación por la vivienda, convocada para el próximo 27 de junio.

“Son parte del problema”

La licencia a La Corrala de Capuchinos, S.L., cuyo administrador único es García Urbano, está firmada el 8 de mayo, pero de ella se ha dado cuenta al órgano de gobierno de la Gerencia de Urbanismo este jueves.

Ha sido concedida justo antes de que se lleve a cabo la anunciada moratoria para nuevos apartamentos turísticos, cuyo número se ha disparado en los últimos meses, aunque el proyecto básico lo presentó en mayo de 2024; en marzo de 2025 recibió informe técnico favorable del Departamento de Licencias; en octubre recabó el informe de la Consejería de Turismo; y ahora obtiene la licencia, aunque todavía debe presentar el proyecto de ejecución visado.

Llega sobre la bocina, porque tras semanas de creciente debate, el alcalde anunció el 28 de mayo que prohibirá “cuanto antes” durante un año nuevas licencias de apartamentos turísticos.

Igual que ocurrió con las viviendas turísticas, primero hizo el anuncio y aún no se sabe cuando se materializará la prohibición. La oposición cree que los especuladores juegan con esas ventanas de oportunidad, provocando el efecto contrario al supuestamente pretendido: en el tiempo de descuento, anunciado con un fuerte pitido por el árbitro, los inversores avispados se dan prisa en acelerar el negocio.

La oposición cree que lo hacen con la connivencia del alcalde, al que este jueves tanto el PSOE como Con Málaga han señalado por sus conexiones con los beneficiados, hasta el punto de sugerir un “trato de favor” hacia García Urbano. “Con el anuncio de la medida, pero no puesta en marcha, genera un tiempo precioso para que los suyos hagan negocios: no es lo mismo que un malagueño común obtenga una licencia turística a que lo haga García Urbano. Ahora son parte del problema”, denuncia Mariano Ruiz Araújo, portavoz socialista. “El PP en Málaga está montando una trama especulativa”, resume Toni Morillas, portavoz de Con Málaga.

El precedente de Julio Andrade

El caso de García Urbano, a quien un día se colocó como potencial sustituto de De la Torre en la alcaldía de Málaga, se suma al ya conocido de Julio Andrade, otro delfín del veterano regidor. El exconcejal Andrade explota una vivienda turística en las torres de Martiricos, las más altas de Málaga, cuyos vecinos denuncian reiteradamente los riesgos para la seguridad y la convivencia imposible con turistas desenfrenados.

Andrade, recuperado hace pocos meses como asesor municipal tras su paso por un organismo vinculado a la ONU, registró su piso turístico en enero de 2024, también sobre la bocina: días antes de que entrara en vigor el decreto andaluz, el 22 de febrero. Málaga prohibió meses después los que no tuvieran salida independiente, como sería el suyo, y se hubieran registrado después de esa fecha. Pero Andrade se dio tanta prisa que lo registró antes de escriturarlo antes, según publicó la Cadena Ser.

La sospecha de la oposición de izquierdas, transmitida también por algunos vecinos a este medio, es que hay más cargos públicos y de confianza del PP local con intereses en el boyante negocio turístico. De ahí, que Morillas haya reclamado a De la Torre que haga público qué cargos de su equipo tienen intereses en ese negocio.

A ello se suma que, como desveló este medio, Urbanismo dejó caducar expedientes para la cancelación de más de un millar de viviendas turísticas que incumplen su propia normativa porque no hizo a tiempo los informes que debía aportar.

Una Gerencia de Urbanismo con atasco

Las dudas se acrecientan por el anómalo funcionamiento del departamento de licencias de la Gerencia de Urbanismo, que opera a varias velocidades, según la oposición. El atasco allí ha sido denunciado por el Colegio de Arquitectos y es conocido. El propio regidor lo ha admitido. Málaga estrenó en diciembre una nueva ordenanza para agilizar el proceso, con la que el alcalde dijo que la ciudad se postulaba para ser “líder” en rapidez. Y un mes antes, se anunció un proyecto para aplicar una herramienta de Inteligencia Artificial a resolver el tapón.

Sin embargo, por ahora el Ayuntamiento ni siquiera es capaz ponerle cifras al problema y dice no tener datos concretos sobre lo que tarda una licencia. Esta misma semana, ha denegado esa información a Con Málaga, que había solicitado conocer la demora media entre que se solicita una licencia y se obtiene, tanto ahora, como en los años precedentes. Casero y el gerente de Urbanismo, José María Morente, negaron por escrito la información al grupo municipal de izquierdas alegando que no pueden poner a trabajar a nadie para eso (por el principio de “eficacia administrativa”). Sacar ese dato (una media de días de los expedientes, presuntamente informatizados) supondría la “completa paralización” del servicio, dice la respuesta de Urbanismo.  

El boom de los apartamentos turísticos

La revelación de que García Urbano es uno de los últimos concesionarios de licencia de apartamentos turísticos (si se cumple la promesa del alcalde de aprobar una moratoria “cuanto antes”) ha encrespado a la oposición porque el debate sobre esta modalidad de establecimiento turístico ha subido de decibelios en los últimos meses. Desde la pandemia, su número se ha duplicado: de 173 registrados en enero de 2021 a 362, con más de 9.000 plazas, ahora, más las que quedan por sumarse, porque el anuncio del alcalde no ha hecho más que incrementar el ritmo: en marzo y abril se autorizaron un centenar más en cuatro edificios, con 200 nuevas plazas.

Este boom ha acrecentado la sensación de que Málaga está vendida al turismo a pocos días de una nueva manifestación por la vivienda en la que volverá a señalarse al fenómeno turístico como uno de los principales causantes del encarecimiento del alquiler.

Tras varios amagos y restricciones poco eficaces, el Ayuntamiento de Málaga resolvió no conceder más licencias de viviendas turísticas durante tres años a partir de agosto de 2025. Lo que ha ocurrido es que el globo se infló por otro lado: los apartamentos turísticos, una figura parecida, pero no afectada aún por ninguna limitación, donde los inversores han puesto ahora su dinero en busca de un rédito económico asegurado.

La previsión es que la Costa del Sol superará este verano el récord de 6,2 millones de turistas registrado en 2025. Tanto los hoteleros como la patronal de las viviendas turísticas (que también engloba a los apartamentos turísticos) han anticipado crecimientos, especialmente acusados en el caso de estos últimos, con aumentos de hasta 15 puntos porcentuales.