Crónica de la “supervivencia” andaluza: “El triunfalismo económico no repercute en las personas más empobrecidas”

Las puertas de la Federación Liberación abren pronto en el Polígono Norte. En este reducto del barrio sevillano el jaleo de la formación del nuevo Parlamento queda lejos, aunque el rumbo que tomen las políticas públicas impacta de lleno en cada una de las personas que acuden a este recurso social en busca de apoyo, ya sea para descifrar el lenguaje de la administración que les requiere informes, facturas y una retahíla de documentos, o para estar acompañados en su proceso de desintoxicación y reinserción sociolaboral. “Hay un triunfalismo a nivel de datos y de empleo que no tiene una repercusión directa en las personas más empobrecidas y vulnerables”, adelanta Macarena Olid.

La educadora social lleva más de una década trabajando en la entidad. Busca en el ordenador los modelos a cumplimentar, lee en voz alta a los usuarios las condiciones de las ayudas sociales que piden y se las explica una a una, se pone sus gafas rojas y habla con su compañera Paula Suárez, trabajadora social, de las tareas pendientes. “Las condiciones socioeconómicas de estas personas no han cambiado”, zanja. En el interior del local, dividido en varias zonas, se hace una atención integral, tanto psicológica como en formación o de asesoramiento jurídico.

A las diez de la mañana entra José, nombre ficticio. Deja a un lado su bicicleta y se sienta frente a Olid, le da una notificación de la Junta de Andalucía y le pide ayuda para resolverla. En realidad, la carta está dirigida a su hijo, que tiene acreditado un 66% de discapacidad, al que se le reclama dónde ha estado empadronado durante los últimos cinco años debido a que tiene una pensión no contributiva. Una documentación que ahora es prioritaria para no perder la asignación. La respuesta más práctica viene de la educadora social: “Hay que decirles que estuvo en la cárcel y, también, que en el Ingreso Mínimo Vital se constata que vive en vuestra casa”.

La brecha digital y el analfabetismo funcional

En un papel, el vecino, de unos 60 años, anota lo que necesita para resolver rápido este conflicto. Irá a su casa a recoger la información, donde ha estado viviendo con su esposa y cuatro hijos desde que las primeras promociones se construyeron y costaban un millón de pesetas, apenas 6.000 euros, y por las que ahora se piden 120.000 euros. “Las cosas tampoco están tan mal... Ahí está lo de la vivienda, pero dentro de lo que cabe, todo va bien”, comenta sobre las recientes elecciones autonómicas del 17 de mayo. Él voto a la izquierda, afirma sin medias tintas, y reza porque a los de su círculo estén bien. Es su único propósito, por eso está aquí resolviendo dudas entre tanto papeleo.

“Hay que proveer de un espacio en el que estas personas puedan sacar la documentación, más cuando se niegan las citas presenciales en la administración”, siendo una de las grandes barreras la brecha digital, “muchas de ellas no tienen un móvil o no tienen las habilidades para solicitarlo adecuadamente”. Hay quien tiene serias dificultades para comprender los requerimientos de la administración, pese a que saben leer y escribir, lo que se denomina como analfabetismo funcional.

Este es el caso de Marta, nombre ficticio, una mujer de mediana edad que vive en Polígono Norte desde los cuatro años. Heredó la casa de sus padres y recibe el IMV al no tener recursos. Hace un tiempo, acogió a su sobrino en la casa, que es como el hijo que nunca tuvo, y ahora tiene que justificar su presencia para que no le retiren a ella la ayuda social. “Estamos moviendo todos los papeles, a ver qué me dicen, y hoy mismo me presento sin cita para que me atiendan”, comenta. Al preguntarle por la actualidad política, por cómo ve su zona, el barrio, encoge los hombros, como disculpándose: “Ya tengo bastante lío en la cabeza... No estoy metida. Ya ellos harán, digamos lo que digamos”.

Bonanza económica vs. índices de pobreza

La bonanza económica de la que presume el Gobierno andaluz se traduce en varios datos, con más de 3,6 millones de personas trabajando en 2025, especialmente en Málaga, Cádiz y Sevilla, y una tasa del paro en el 14,6% al cierre de 2025. A los datos macroeconómicos, que fijan el crecimiento del PIB andaluz en un 3,2% frente al 2,8% nacional, habría que sumar la reforma laboral, que ha reducido en un lustro el empleo temporal en un 9%. En algunos círculos se habla de un “milagro económico andaluz” que viene pregonando la Junta. Exportaciones millonarias, creación de empresas, todo ello, en un contexto dependiente del sector servicios, que supone el 77% del PIB —el turismo registró un récord histórico con la llegada de 27,9 millones de personas el año pasado—, pero la industria se queda en el 11% y la agricultura y la construcción en un 6%, respectivamente, a tenor de lo publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Estas cifras deberían traducirse en mejoras palpables para toda la población mediante un reparto de la riqueza, ya que la inflación acumulada desde 2020 supera el 25%, subrayan desde UGT, mientras que los salarios pactados apenas alcanzan el 18%. Además, la comunidad continuó en 2024 a la cola de las retribuciones, solo por delante de Extremadura, Murcia y Canarias. Es decir, los andaluces ganan de media 2.146 euros brutos al mes, lejos del País Vasco (2.809 euros), Madrid (2.761 euros), Navarra (2.589 euros) y Cataluña (2.529 euros), según la Encuesta de Población Activa (EPA). Unas cantidades que entroncan con lo que muestran los análisis sociales: el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía estima que alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social, un 23,1% de la población, mientras que 270.000 personas lo hacen en exclusión severa, un 10,2%.

Por tanto, un 33'3% de la población andaluza vive en exclusión social, donde la vivienda y el empleo precario son las principales barreras para prosperar. Una cifra que ampara la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE, hecha a partir de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en la que se reseña que Andalucía obtiene un 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%).

“No paro de tomar calmantes”

Tras un rato, llega Antonio, nombre ficticio, que necesita ayuda para la bonificación social de las facturas del agua. Ha revisado el contador de la casa que comparte con su esposa y su nieto en varias ocasiones a causa de las cantidades desorbitantes que el sistema determina que han gastado. Procedente de Rumanía, encontró en Sevilla un lugar en el que prosperar y, ahora, dos décadas después, contempla cómo su propio hijo es el que migra a Reino Unido para ahorrar más y volver con mejores condiciones para su familia.

“Nos dejó a la criatura, ya que aquí tenía la escuela, el tema del idioma... Fue lo mejor”, le cuenta a las trabajadoras. Olid le lee las condiciones de la administración para recibir la subvención y él asiente. Entonces, en un momento dado en el que la educadora va a hacer algunas fotocopias, cuenta que tiene un dolor indescriptible en la boca: le dieron cita con el médico de cabecera, pero ahora tendrá que esperar otros seis meses a que le atiende un especialista. “No paro de tomar calmantes”.

“Me acaban de llamar de Cruz Roja porque Encarna, una señora de 90 años, ha dejado nuestro contacto para casos de emergencia y, por lo visto, ha sonado el botón rojo”, comenta Paula Suárez. Busca el teléfono en las carpetas y, si no, irá en busca de algún familiar en la plaza de atrás. En otra ocasión, atendieron a dos hermanos migrantes, mientras que el pequeño permanecía en un centro de menores, el mayor pidió ayuda para encontrar un albergue municipal en el que dormir esa noche. “Fuimos con él a servicios sociales, pero estaban todas las plazas llenas y con lista de espera”, relata Olid, “muchos días nos vemos en este círculo de la pobreza y la exclusión, que no sabe si estamos en época de bonanza o de crisis, porque siempre se está en modo supervivencia”.