Violencia y tres detenidos por allanamiento en la cuenta atrás para la venta millonaria de los corralones de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a tres personas este martes en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, por un delito de allanamiento de un piso alquilado con contrato vigente, según ha podido confirmar este medio. Los individuos pertenecen a la empresa de seguridad y desokupación contratada por los dueños de la propiedad, que actuaron al mediodía, cuando los gritos y forcejeos en el número 48 hicieron que corriera la voz y se concentraran varias personas en apoyo a los afectados. Una disputa que acabó con otras tres personas recibiendo atención médica. Esto es un episodio clave dentro del contexto consulvo que atraviesan los que quedan en el edificio, ya que la fecha límite para la compraventa por 12 millones de la totalidad de la finca es este verano.

Cerca de la una y media de la tarde, Estefi Yeah, la artista que denunció el pasado 26 de agosto un ataque físico a las puertas de su casa con el fin de amedrentarla y ha alzado la voz en multitud de ocasiones junto al colectivo Defiende Los Corralones y otros artesanos, pidió apoyo a través de sus contactos y redes sociales, aparte de llamar a la Policía Nacional a causa del delito. Entre empujones y amenazas, los presuntos agresores echaron a la calle a la inquilina junto a otras personas, provocando una pelea en la calle. En este sentido, desde Subdelegación del Gobierno han confirmado a este medio que quedan pendientes la entrega de los partes médicos de las personas supuestamente agredidas y, también, de la interposición de las denuncias.

El hostigamiento ha alcanzado su punto álgido este martes con el asalto a la casa por parte de “seis miembros” de la empresa de desokupación que, a partir de lo relatado por las personas que había en la concentración a las puertas del corralón, “han echado a palos a todo el mundo” y han utilizado “gas pimienta” para herir a los inquilinos. Las imágenes y los vídeos recopilados serán presentados este mismo miércoles ante los juzgados, asegura el abogado del colectivo, por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de robo con fuerza.

“Hay denuncias puestas con anterioridad y la semana que viene hay otro juicio por coacciones por un local habiendo un contrato legal, aparte de otro juicio por agresiones y hay otro caso en fase de investigación”, detallaron las fuentes conocedoras de las decenas de demandas contra la propiedad. “Esto es la película de nunca acabar”, lamentaron. En esta línea, los afectados denunciaron que llevaban días sufriendo cortes de luz y, también, les afectó el presunto incendio provocado del contador eléctrico, acusaron, lo cual redobla la presión sobre las condiciones precarias en las que viven dentro del espacio.

“Esto es un Estado ilegal paralelo”

Además, quienes contemplaban la escena mantienen que la empresa de desokupación, con ayuda de la propiedad, metió “a una mujer con una menor en la casa para así llamar a la policía y hacer creer que la casa era suya”. Una “estrategia” con la que pretendían confundir a los agentes y provocar la detención instantánea de todos los presentes. Sin embargo, la Policía Nacional tardó hasta tres horas en acudir al lugar de los hechos, según el relato de los presentes, momento en el que la madre y la hija salieron del piso sin mayor repercusión.

A causa de la aglomeración de gente en el casco histórico, se interrumpió el tráfico de la calle Castellar y, seguidamente, los agentes acordonaron la zona para impedir el tránsito. Una vez calmadas las aguas, la artista y el resto de afectados pudieron acceder de nuevo a su casa. En cambio, los individuos allí reunidos frente al número 48 en señal de apoyo fueron identificados por la Policía Nacional, advirtiéndoles que serían multados en caso de no dispersarse —al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza—. “Nos dijeron que nos iban a acusar de concentración ilegal”, agregó un miembro del grupo.

“Soy vecina del barrio y todos los días paso al lado de los corralones: tienen a unos nazis en la puerta”, criticó otra de las personas, que prefiere no ser identificada como el resto de los que acudieron a protestar. “Esto es un Estado ilegal paralelo”, aseveró otro joven, “y la policía hoy ha actuado porque esto se ha pasado de castaño a marrón oscuro”, en referencia a la actuación de García Seguridad Integral, la empresa contratada por la propiedad Garajes Santa Inés S.L. para la protección del inmueble.

En un momento dado, dos miembros en representación de la propiedad hablaron con la Policía Nacional y, de forma acalorada, con la inquilina afectada. Preguntados por este medio, la pareja declinó hacer valoraciones sobre lo ocurrido y comentaron que la situación en la que se encuentran “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”. Esta es la premisa que han utilizado los dueños a lo largo de estos años de dejadez en las instalaciones y conflictos con los artesanos, aunque muchos de ellos, tal y como ha podido comprobar este medio, mantenían en vigor sus alquileres de renta antigua tanto para en las viviendas como en los locales industriales.

Hotel de cuatro estrellas o que pase a manos públicas

Los corralones de Castellar están en el punto de mira de los propietarios debido a la posible compra por valor de 12 millones de euros que ha ofrecido la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. El acuerdo de compraventa fue firmado en junio del año 2023 y está en vigencia hasta este 2026. Todo ello, a expensas de que se apruebe el Plan de Reforma Interior (PRI) presentado a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, en donde se planea la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, con el consecuente derrumbe del colegio Calderón de la Barca.

El revuelo que ha levantado la operación urbanística, que se saldaría con una nueva promoción de viviendas a precios desorbitados como ocurrió en Pasaje Mallol 8 y Bustos Tavera 26, ha posicionado a los partidos políticos. Por una parte, las izquierdas han pedido que el corralón quede en manos públicas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, ha avanzado que estudia la expropiación, sobre todo para proteger el centro educativo. Una medida que casaría con el reclamo de los artesanos, ya que, como pidieron hace dos décadas, el espacio centenario podría catalogarse como Bien de Interés Cultural (BIC) y quedar bajo el amparo de la administración pública. Un acuerdo que todavía no está encima de la mesa mientras el expediente urbanístico avanza.