El rechazo de Podemos a las ayudas fiscales a caseros que exige Junts complica el nuevo decreto de vivienda

El nuevo decreto de vivienda que el Gobierno anunció la semana pasada que aprobaría durante el mes de julio no se ha puesto aún en marcha, pero su convalidación en el Congreso —donde el texto tendrá que someterse a votación en un plazo máximo de 30 días hábiles tras salir del Consejo de Ministros— ya ha comenzado a ponerse cuesta arriba. Este martes, Podemos dejó claro que no tiene intención de votar a favor de ningún paquete de medidas que incluya nuevas exenciones fiscales para propietarios que pongan su vivienda en alquiler. Y esa es, precisamente, una de las exigencias de Junts que el Ejecutivo está dispuesto a satisfacer para intentar lograr el apoyo de los independentistas al decreto, imprescindible para que este se mantenga en vigor tras pasar por el parlamento.

Quien expuso esta línea roja para Podemos fue su secretaria general, Ione Belarra, que este martes aseguró en una rueda de prensa que “nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”. “Ni por activa, ni por pasiva”, dejó claro Belarra, lo cual descarta tanto un voto a favor de un decreto que incluya esta medida como una abstención que facilitara su convalidación. “Así como hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también hay votos imprescindibles en la izquierda”, argumentó Belarra para defender la posición de su partido. Y fuentes de la formación morada plantean que, si el Gobierno quiere aprobar estos incentivos fiscales, debería llevarlos al Congreso en un decreto separado al de las medidas de vivienda.

Este posicionamiento de Podemos supone un problema para el Gobierno, uno al que la Moncloa ha tenido que enfrentarse en multitud de ocasiones durante la legislatura: que las mayorías que cose por la derecha se le descosen por la izquierda, y viceversa. Con la actual aritmética parlamentaria, el Ejecutivo no se puede permitir un voto en contra ni de Junts ni de Podemos si quiere convalidar en el Congreso el decreto que ha prometido aprobar durante el mes de julio. Necesita, al menos, el apoyo de uno de los dos partidos y la abstención del otro para asegurarse que el texto salga adelante: cosechar el rechazo o bien de Junts o bien de Podemos daría al traste con el paquete de medidas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda evitan valorar el movimiento llevado a cabo este martes por Belarra argumentando que cualquier declaración pública podría desestabilizar una negociación que ya se prevé enormemente complicada. Y es que el decreto de vivienda que planea el Gobierno, lejos de limitarse a incluir la prórroga por dos años de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 —la medida estrella del paquete de medidas que PP, Vox y Junts derribaron hace dos meses—, también contendrá una regulación más restrictiva de los arrendamientos de temporada y por habitaciones o un incremento del IVA a los pisos turísticos, así como los ya mencionados incentivos fiscales a propietarios y también a inquilinos para contentar a Junts.

La estrategia de Vivienda desde que cayó el anterior decreto ha sido la de intentar hacer un encaje de bolillos entre sus socios de izquierdas, encabezados por Sumar, y los de derechas, fundamentalmente el PNV y Junts, para intentar lograr un texto que convenza a todos ellos, algo que ha ocurrido en muy contadas ocasiones a lo largo de la legislatura cuando lo que se han discutido han sido asuntos económicos. Y de ahí que, a juicio del Ejecutivo, todas las piezas del paquete de medidas sean imprescindibles, especialmente en un momento de enorme precariedad parlamentaria del Gobierno y con un Junts que insiste en que el presidente Pedro Sánchez debe dimitir.

Pese a todo, en la Moncloa existe cierta confianza en que, en esta ocasión, es posible lograr el apoyo de los independentistas catalanes al decreto. Y fuentes del ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, consideran que, en la recta final de la legislatura y con la posibilidad real de un adelanto electoral para el primer trimestre de 2027, Junts no se puede permitir volver a ser responsable de derribar un paquete de medidas de vivienda, como hizo hace algo más de dos meses junto a PP y Vox. La coalición que lidera Yolanda Díaz, a diferencia de Podemos, se ha abierto a aceptar que se incluyan en el decreto algunas de las reivindicaciones fiscales de los independentistas a cambio de su apoyo a la prórroga de los alquileres y la regulación de los arrendamientos de temporada.

Sumar eleva la presión sobre Junts

Para evitar soliviantar a un Junts que, desde que escenificó hace meses su ruptura con el Gobierno, ni siquiera reconoce negociar nada con el Ejecutivo, el PSOE ha decidido mantener un perfil bajo y no presionar a los independentistas con el decreto. Por el contrario, Sumar sí ha apostado por señalar públicamente al partido que lidera Carles Puigdemont, y este mismo martes la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, también diputada de los Comuns, aseguró estar “convencida de que el PSOE, con el impulso de Sumar, va a hacer lo que debe, y de que Junts debe, esta vez sí, permitir que una regulación que pide la mayoría” de la ciudadanía catalana salga adelante.

“Junts es un grupo con unos intereses inmobiliarios y económicos muy marcados, pero que también debe responder a los intereses de la población a la que representa”, y “en Cataluña el problema de la vivienda es acuciante”, argumentó Vidal. La portavoz adjunta de Sumar también aseguró que los de Puigdemont han de hacer la “reflexión” de que “esta estrategia del no a todo y de bloquearlo todo les ha llevado prácticamente a un sorpasso por parte de Aliança Catalana”, y denunció que “la antipolítica abre las puertas al fascismo, y Junts lo está comprobando en sus propias carnes”. “El hecho de que estén sentados negociando es síntoma de que han hecho esa reflexión”, celebró Vidal.

Además, a diferencia de Vivienda, Sumar sí se mostró crítica con la posición de Podemos, aunque la portavoz adjunta evitó elevar demasiado el tono contra la formación morada. “A estas alturas, todo el mundo entiende que un decreto no es un programa electoral”, deslizó, eso sí, Vidal, que recordó que en el Congreso “existen unas mayorías que son legítimas, nos gusten o no”. “Es legítimo que Junts haya decidido convertirse en representante de la patronal inmobiliaria, y no sería comprensible que pudiéramos sacar adelante un decreto que, entre otras cosas, permitiera que más de tres millones de personas puedan prorrogar sus alquileres o regulara el alquiler temporal y por habitaciones y que un partido de izquierdas, por maximalismo, no lo apoyara”, planteó la dirigente, que aseguró no tener “dudas” de que, al final, “Podemos hará lo que tiene que hacer”.