Más de 80 colectivos sociales denuncian la “extrema violencia” que sufren los artesanos de los corralones de Sevilla

Un total de 84 entidades y colectivos sociales han emitido un comunicado conjunto contra la “extrema violencia” vivida el pasado 7 de junio en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, a la que se añade la presión y los meses de acoso que han sufrido los artesanos que aún quedan en la instalación. “Lo ocurrido es un ataque directo al derecho a la vivienda y a la vida en nuestros barrios”, han trasladado después del allanamiento de morada que causó la detención de tres individuos de la empresa de seguridad contratada por la propiedad.

“Denunciamos la impunidad con la que operan estas empresas, al servicio de la especulación inmobiliaria, así como la pasividad de quienes tienen la obligación de proteger a las vecinas”, critican en el manifiesto conjunto. La artesana y gestora cultural Estefi Yeah denunció el miércoles 8 de julio en los juzgados sevillanos a varios miembros de la propiedad Garajes Santa Inés S.L. y, también, de los miembros de la compañía de desokupación por un delito de allanamiento, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito se recogen las vejaciones e insultos contra la artista, a la que han amenazado de muerte y con la quema del edificio.

Ante la gravedad de los hechos, los 84 colectivos exigen cumplir con “la garantía efectiva de la integridad física y los derechos de las vecinas”, además del “cese de cualquier forma de acoso inmobiliario” y, por último, “la paralización de esta operación especulativa”. Por ello, llaman “a la solidaridad del conjunto de la ciudad”, porque, advierten, “defender los corralones es defender el derecho a la vivienda, el patrimonio común y la vida digna de nuestros barrios”.

“Normalización de la violencia”

Todo esto sucede en un clima tenso entre las partes a causa de la oferta de compraventa de los corralones de Castellar que comprenden los números 48, 50 y 52 a la promotora onubense Arenas de la Bellida S.L. por 12 millones de euros para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, tal y como adelantó esta cabecera.

Una operación que de contar con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla borraría del mapa el pasaje histórico junto al colegio Calderón de la Barca, como ya ha sucedido con dos de los cinco corralones que hay registrados en la ciudad desde el siglo XIX en el pasaje Mallol número 8 y Bustos Tavera número 26. Al hilo de lo sucedido, los partidos políticos de la oposición y el propio gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) se han pronunciado, por una parte, reclamando soluciones, y por otro, anunciando que se estudiaría la expropiación mientras se señalaba a la ocupación como el origen de los problemas de este corralón.

Al respecto, los colectivos sociales piden una solución “urgente” para que la propiedad se expropie y pase a titularidad pública. “No es aceptable que se tarde en intervenir ante las reiteradas agresiones”, declaran los colectivos sobre la pasividad de la administración, ya que las presiones contra los artesanos se viven desde hace tiempo con numerosas denuncias ante los juzgados, donde se relatan los daños causados o la clausura de los locales sin previo aviso.

“Señalamos también el trasfondo de esta violencia extrema: una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a las vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”, mantienen, “resulta inaceptable que la violencia y el negocio prevalezcan sobre la vida y los derechos de quienes habitan y construyen el barrio”. Reclaman: “Frente al acoso inmobiliario, organización y respuesta colectiva”.

Entre las entidades firmantes, se encuentra el Sindicato de Inquilinas, la Oficina de Okupación, APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Comunidad Palestina, Entrepueblos, PAH Sevilla Este, Barrios Hartos, así como CGT, Asociación Trans de Andalucía, CNT, Facua, Oxfam Intermón, Federación Liberación, Fundación Triángulo, la CNT y Macarena Solidaria, entre otras. Una larga lista, hasta llegar a las 84 entidades, que muestran su rechazo a la “normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar”.