Madres de Zaragoza denuncian falta de vigilancia e informes “sesgados” en los puntos de encuentro familiar: “El niño entra histérico”

Paula —nombre ficticio— denunció a su pareja por presuntos abusos sexuales a su hija cuando la niña tenía dos años. Desde entonces, las visitas con su padre se realizan en un punto de encuentro familiar de Zaragoza, un espacio en el que profesionales de la psicología y el trabajo social facilitan las reuniones, las supervisan y evalúan la relación de los menores con sus progenitores en casos de conflicto entre estos. La madre asegura que, en dos ocasiones, la menor le ha relatado posibles agresiones sexuales dentro del propio centro y cuestiona que las visitas no siempre estén supervisadas de forma directa, pese a que así lo establece la resolución judicial.

A priori, son lugares imparciales donde debe prevalecer el bienestar superior del menor. Sin embargo, cuatro madres que llevan a sus hijos a estos centros en Zaragoza cuestionan su funcionamiento y denuncian situaciones de indefensión. Todas han pedido que no trascienda su identidad para protegerse ellas y a sus hijos.

Los puntos de encuentro familiar de Zaragoza son de titularidad pública, pero su gestión está externalizada mediante un concierto social con la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA). El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, es responsable de su coordinación, control y evaluación, así como de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad gestora.

Tras el relato de su hija, Paula la llevó al hospital y comenzó el proceso de denuncia. Explica que desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional —la UFAM— le recomendaron poner cámaras en su domicilio para detectar posibles abusos. Ahí grabó a su hija relatando uno de los episodios, algo que sirvió como prueba, pero que no evitó el régimen de visitas establecido por el juzgado: tres días a la semana cada quince días. La hija de Paula comenzó a presentar problemas de control de la orina durante las visitas, según relata su madre. Explica que, al principio, era el padre quien “la llevaba al baño y la limpiaba, porque los técnicos no están para realizar cuidados, están para informar”. La madre asegura que tiene “un informe del colegio diciendo que tiene un excelente control de esfínteres, solo le pasa ahí”, explica. 

La denuncia de esta madre no se queda ahí. Asegura que en dos ocasiones su hija ha dado información sobre posibles agresiones sexuales por parte de su padre dentro del punto de encuentro. “El año pasado no puse denuncia porque no me lo podía creer, todo el mundo me decía que era imposible que eso pasara en un punto de encuentro y pensé que le venían imágenes de antes o algo. Hasta en abril, que mi hija volvió a relatar que su padre le había tocado dentro del punto de encuentro, varias veces. Esta vez grabé en vídeo a la niña explicándolo y puse una denuncia que está en proceso”, cuenta. Según Paula, la UFAM solicitó al juzgado autorización para instalar cámaras en el punto de encuentro, pero la petición fue rechazada por el derecho a la intimidad de las personas que acuden al centro. Afirma que los agentes trasladaron al Juzgado que necesitaban esa autorización para continuar con la investigación.

En uno de los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso este diario aparece una referencia a que la niña expresó sobre sus genitales. El documento añade que, tras realizar el comentario, la menor “continuó jugando con normalidad” y no volvió a hacer referencia al mismo. Paula asegura que tiene grabaciones de su hija hablando de ese juego y cuestiona que el centro no le dé la misma interpretación. “La técnica dice que es un padre muy educado, que ahí ven de todo, que no me preocupe, que mi hija está segura y que tengo que confiar en ellos”, cuenta. La madre explica también que, aunque su hija no se niega a entrar, al principio estaba “muy retraída” y pidió que constara en el informe cómo llegaba al centro. “Me dijeron que solo podían poner lo que pasa dentro de la sala, que la valoración se hace de la interacción con el padre”, relata.

Expone también que su hija realizó un dibujo de su padre desnudo en el que, según su interpretación, se veían los genitales. Muestra su sorpresa de que ese dibujo no “hiciese saltar las alarmas” de los profesionales del centro. “Me reuní con el director diciendo que no entendía cómo una niña podía dibujar a su padre desnudo con genitales en el punto de encuentro y que nadie se diera cuenta ni lo enviara al juzgado. Me dijeron que ellos no están para valorar, que es mi juicio el decir que la niña representa las partes genitales, pero que no están para valorar”, relata. El informe recogió que ella se había quejado del dibujo, pero que el técnico no consideró “nada extraordinario respecto a lo que ella refiere”.

La hija de María, otra de las madres que acude a uno de estos centros, también comenzó a presentar problemas de control de la orina durante las visitas, según relata su madre. Denunció abusos sexuales de su pareja a su hija cuando la niña tenía tres años. En su caso, las visitas se ampliaron basándose en informes técnicos que destacaban el “apego” de la menor hacia su progenitor: “¿Es que no hay nadie en este mundo que tenga formación y que sepa que una niña de entre 0 y 6 años va a sentir apego hacia su figura de referencia y va a mostrar ese apego le haga lo que le haga? Es instinto de supervivencia”. Critica que tanto la ampliación de las visitas como la absolución dictada el pasado mes de septiembre se basaron, a su juicio, en ese criterio: el apego de la menor. “En eso se basó la sentencia para ponerme un día más y en eso la de la absolución”, sostiene. Los informes que se evalúan en estos espacios son fundamentales en las resoluciones judiciales.

Relata que su hija comenzó a perder el control de esfínteres durante las visitas o cuando iba a haber un encuentro, algo que, según asegura, no sucedía en casa ni en el colegio. “Me dicen ”es que se lo estaba pasando tan bien que se le ha escapado'“, cuenta. Explica que al principio esos episodios no se reflejaban en los informes y que tuvo que solicitar una orden judicial para que quedara constancia de cuándo habían sucedido. ”Lo ponen obligados, pero siempre justificando en que se lo está pasando tan bien y se ríe tanto que se le escapa“, afirma. María asegura que también pidió un informe a la tutora de su hija para comprobar si ocurría lo mismo en el colegio, y le confirmó que no, que los problemas de control solo ocurrían en el PEF. Ahora, asegura, su hija ya se niega a entrar a las visitas. ”Se plantó hace dos semanas y dijo: 'No me gusta, no voy a entrar, me hizo daño y no voy a entrar porque no me gusta'“, cuenta María.

La relación entre las visitas con progenitores que han ejercido violencia y el bienestar de los menores también se ha estudiado en el ámbito académico. Una investigación publicada en 2009 en 'Journal of Family Violence' analizó la relación entre las visitas con sus padres y los problemas de conducta de niños en edad preescolar que habían presenciado violencia doméstica. Por su parte, un artículo publicado en 2016 en 'Informació Psicològica', firmado, entre otros, por el psicólogo Antonio Marín Manrique y la doctora en Psicología María Pilar Tormo Irún, abordó las dificultades de intervención en los puntos de encuentro familiar en casos de violencia de género. Los autores señalaron la necesidad de formación específica para los profesionales, una mejor coordinación entre los organismos implicados y una valoración individualizada de la conveniencia de derivar a los menores a estos servicios.

Las madres cuestionan la supervisión de las visitas

Paula sostiene además que, en varias ocasiones, profesionales del centro le han reconocido que no permanecen dentro de la sala durante las visitas, a pesar de que sean supervisadas. “Según la técnica, ellos están en el pasillo con las dos salas con la puerta abierta y a ella le da para, si está manteniendo algo en la sala de la izquierda, tener la capacidad de ver lo que pasa en la sala de la derecha”, afirma. María asegura que, en una ocasión, entró al PEF para ir al baño y vio “a la técnica sentada fuera, entre las dos salas”. 

Paula expone que en el PEF al que acude coinciden dos visitas supervisadas al mismo tiempo, además de las entregas y recogidas de menores. Hay dos técnicos, uno en la oficina que atiende el teléfono y otro que vigila las dos salas. “Si ahora mismo hay dos criaturas en dos salas diferentes haciendo las visitas, ¿quién vigila si están abriendo la puerta o atendiendo al teléfono?”, se pregunta, y asegura que ella ha tenido conversaciones con la técnico mientras había visitas supervisadas.

Irene, otra de las madres entrevistadas, también denuncia una “falta de vigilancia” y añade que, en ocasiones, “los juntan a todos en una sala y los padres hablan entre ellos mientras los niños se entretienen con los demás niños”. Su hija empezó a acudir al centro cuando era muy pequeña, en un contexto de violencia de género y con una causa penal abierta, según relata. “Yo la he criado sola y, al ser tan pequeña, tenía unas rutinas muy marcadas, como cualquier niño a esa edad. Y ahí se las saltan: la tenían hasta última hora de la tarde con pocos meses de vida, cuando debería llevar horas durmiendo, y todo por la enorme falta de disponibilidad del centro, que está saturado y quiere que su etapa allí acabe cuanto antes para atender toda la demanda. Mi hija tuvo que adaptarse a esa falta de disponibilidad para cumplir con las visitas, en horas intempestivas para un bebé que, en su vida normal, estaría durmiendo”, explica.

Irene considera que los profesionales no reflejan en los informes todo lo que ocurre durante las entregas y las visitas. “Se les acaba el concurso en diciembre. Hay algo por lo que creemos que cada niño que consigue salir de ahí es un éxito, y cada cosa grave que pasa la tapan o la ignoran en el informe”, sostiene. Asegura que su hija se pasaba casi todas las visitas dormida y “tampoco se reflejó en ningún informe”: “ Además, esas visitas ni siquiera eran las fijadas por la sentencia, porque el PEF no tiene disponibilidad, y te encaja como puede. Entra llorando muchas veces; la han llegado a meter a la fuerza, cogida como un saco, mientras se la oía llorar desde la calle. ‘No podemos hacer nada’ o ‘que entre así, que ya se calmará’ son frases que suelen decir. Sin embargo, en los informes no recogen los episodios desagradables: lo que pasa ahí dentro es todo de color de rosa para que el juez te saque de ahí cuanto antes”. La madre sostiene que, “informe bueno tras informe bueno y con la causa penal abierta”, se ampliaron las visitas.

La norma que regula estos centros contempla varias de las situaciones que describen las madres. El reglamento de los puntos de encuentro familiar establece que, en las visitas supervisadas, “un profesional supervisará permanentemente la visita”, y la convocatoria del concierto exige además al menos dos profesionales presentes cuando se atiende a familias. El mismo reglamento dispone que, durante esas visitas, el cuidado del menor recae en el progenitor que lo visita, lo que encaja con lo que Paula relata sobre la ayuda con el baño: los técnicos, según le dijeron, “no están para realizar cuidados”. En las entregas y recogidas, los profesionales solo supervisan el inicio y el final de la visita, pero deben registrar “cualquier incidencia” que se produzca en esos momentos. Lo que no recoge la convocatoria del concierto son cámaras de vídeo o audio en las salas: sí exige botón de pánico y videoportero, pero no grabación. Esa medida ya la proponía en 2019 la asociación Somos Más, y la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer recogió entonces quejas de usuarias porque el centro se negaba a instalarlas.

La importancia de los informes

Todas coinciden en que los informes están “sesgados”. “La forma de relatar lo que nosotras hacemos y lo que hacen los padres es completamente distinta. Nos califican con adjetivos subjetivos mientras que destacan lo que ellos hacen de forma positiva”, sostienen. En los informes de seguimiento a los que ha tenido acceso este diario aparecen expresiones como “algo exigente y poco receptiva”, “de manera altiva” o “no facilita la separación” para describir distintas actuaciones de una de las madres. En otro documento, los profesionales consideran que su comportamiento “retroalimenta una despedida larga y angustiosa” y que su reacción “genera mayor intranquilidad”.

En cambio, en otros informes se describe a los padres con expresiones como “comprensivo” o con un “vínculo afectivo positivo y estable”. En otro documento, los profesionales destacan su “implicación, respeto y adaptación a las necesidades de la menor”. Los informes pueden ser tenidos en cuenta en las resoluciones judiciales. Las madres aseguran que, en varias ocasiones, los jueces les han dicho que han basado sus decisiones en lo que consta en esos documentos, cuyo objetivo es evaluar la relación de los progenitores con los menores.

“Incluso con un informe de servicios sociales, el juez hace caso siempre al informe del PEF”, explica Marta, otra de las madres que acude a uno de estos centros. Su hijo tiene necesidades especiales y, según cuenta, los técnicos no evalúan cómo llega al punto de encuentro ni lo que dice en la despedida “El niño entra muy alterado, llorando, con ataques de ansiedad, vómitos, y lamentando que no vamos a poder hablar”, relata. El padre se lleva al menor un fin de semana entero o quince días en verano y, durante ese tiempo, según explica Marta, “no podemos hablar, impide las comunicaciones”. Cuenta que, en una ocasión, el niño lloraba agarrado a su cuello pidiendo quedarse y “me lo quitaron de los brazos y se lo llevaron porque me dijeron que las despedidas rápidas son lo mejor”.

“A mí los psicólogos me han dicho que requiere que le dé su espacio y valide sus sentimientos en la despedida. No obstante, una vez no pude evitar echarme a llorar viendo sufrir al niño y me acusaron de obstaculizar la entrega y alargarla innecesariamente, constando en informe”, afirma. Según relata, cuando ha pedido que se recoja el estado en el que entra su hijo y sus expresiones textuales, le han respondido que “cuando está con la madre no se evalúa, lo que evaluamos es cuando está con el padre, entonces las entregas y lo que dice el niño en ellas no se evalúan”.

La madre asegura que el menor volvió a relatarle lo sucedido y cuestiona que se le preguntara por ello en presencia del padre. “¿Cómo vas a enfrentar a un niño de cinco años cuando relata una agresión? Otra cosa es que se lo preguntes de nuevo a solas para que no haya inferencias en su versión, pero no: lo enfrentas al señor al que está acusando de haberlo agredido y al que tiene que ver de nuevo al día siguiente para que ratifique lo que el propio niño acaba de relatar delante tuyo”, sostiene. Tras este episodio, presentaron una reclamación “a la que ni nos han contestado”. Marta se muestra indignada por la falta de cámaras y de vigilancia constante en este espacio: “Es un sitio donde hay personas de todo tipo, también condenados por violencia de género que han pasado por la cárcel incluso por intento de asesinato de sus parejas, puede pasar cualquier cosa, son personas violentas de las que están analizando si tienen o no capacidad parental. Y no ponen cámaras”.

Un servicio público gestionado por una entidad concertada

Los puntos de encuentro familiar de Zaragoza Centro y Actur están gestionados por la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto social con el Gobierno de Aragón. El acuerdo para el periodo 2024-2026 contempla un coste máximo de 662.433,47 euros para el conjunto de ambos centros en 2026. El concierto vence el 31 de diciembre de 2026, aunque puede prorrogarse hasta completar un máximo de diez años.

El servicio atiende a cientos de familias. En 2022, los juzgados derivaron 131 familias al punto de encuentro de Zaragoza Centro y 24 al de Actur, según los datos que el propio Gobierno de Aragón facilitó al Justicia de Aragón, además de cinco a un tercer centro, el de Zaragoza Periferia, que entonces gestionaba otra entidad. La convocatoria del concierto estima que ambos centros pueden atender a 900 menores: 600 en Zaragoza Centro y 300 en Actur.

Entre las obligaciones de la entidad figuran mantener los medios humanos y materiales comprometidos, contar con un equipo con formación específica, disponer de protocolos de intervención y seguridad y comunicar por escrito a la Administración las incidencias que se produzcan, así como informar de las quejas presentadas por el funcionamiento del servicio. El concierto también obliga a la entidad a garantizar la continuidad del personal ofertado y a facilitar las inspecciones y evaluaciones de la Administración.

El Gobierno de Aragón mantiene la titularidad pública del servicio y, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, tiene atribuidas las funciones de coordinación, control, seguimiento y evaluación de los puntos de encuentro familiar. El concierto con APEFA establece la creación de una comisión paritaria que debe reunirse trimestralmente para analizar la actividad, los objetivos, las intervenciones y las incidencias, además de revisar las memorias periódicas del servicio. La Administración también puede solicitar informes sobre la gestión y sobre casos concretos, y tiene capacidad para inspeccionar y evaluar el funcionamiento de los centros.

El acuerdo incluye, asimismo, el compromiso del Gobierno de Aragón de elaborar un protocolo específico para los casos de violencia de género, que las entidades gestoras deben implantar, además de procedimientos propios, que cada entidad debe diseñar, para organizar las intervenciones y distribuir los espacios de forma que se garantice la integridad física y emocional de las mujeres y sus hijos. No consta que ese protocolo se haya hecho público.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.