La acampada de Sevilla cumple dos semanas pidiendo casas para vivir y no para especular: “Queremos cambiar leyes”
Maricarmen encendió la mecha de una desazón social que llevaba tiempo cociéndose en un país atravesado por la crisis habitacional. Pérdida de poder adquisitivo, alquileres cada vez más altos, desahucios, precios de compra desorbitados, emancipación juvenil tardía, gentrificación y ausencia de vida de barrio frente a las cifras récord de la industria del turismo o de las inversiones inmobiliarias. La ola expansiva de la lucha de la vecina madrileña frente a un fondo buitre llegó a Sevilla y, bajo las Setas, acampan decenas de personas desde hace más de diez días como signo de resistencia. Desde el Sindicato de Inquilinas, aseguran que, más allá de la huelga o del resultado electoral, la acción no parará hasta que la vivienda sea efectivamente un derecho y no una inversión.
Frente a las escaleras del monumento estaba José María Ruiz, Tomín, vecino de 88 años. Estaba solo en mitad de la multitud, llevaba pegada una pegatina por la vivienda en su camisa, y contemplaba a los que se plantaron este jueves para pedir un cambio en el rumbo de las políticas de vivienda en el acto homenaje a Maricarmen tras su fallecimiento. “Yo no tengo problemas de vivienda, pero los pueden tener mis hijos, bisnietos, mis vecinos, y habrá que darle una salida a esta situación”, dice en solidaridad con quienes viven en sus carnes la especulación. “La vivienda lo es todo en la vida: para comer, arreglarte, para darle cobijo a tus hijos, da seguridad, es todo, y tienen que solucionarlo”, para lo que pide “un pacto de Estado”, porque “esto no lo soluciona un partido solo”.
Animado, entre el griterío de las proclamas y la lectura del manifiesto, se mostraba orgulloso de la articulación social, de la energía que se desprende en las calles: “La respuesta de la ciudadanía es extraordinaria”, mientras señalaba como los principales causantes de esta debacle al “sistema capitalista y los gobiernos que no han sido capaz de regular un mercado tan salvaje”. Porque Maricarmen es solo la punta del iceberg, como recuerda el sevillano, cuando hay voces de esta crisis que han quedado silenciados o invisibilizados: “Hay miles de Maricarmen y de familias, de ahora y de antes, que llevan tiempo así. Maricarmen fue una gran luchadora y nos ha dejado el camino abierto”.
“Queremos cambiar leyes a nivel andaluz”
“Sevilla, en el contexto actual de huelga y movilizaciones, tiene que jugar un papel muy importante como quinta ciudad de España en tamaño”, reflexiona Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas en la provincia. “Los tiempos de la política son peculiares y hay momentos excepcionales, de movilización y de concienciación masiva, en el que, de repente, pasa todo”, envites para los que hay que estar preparados y hacer un trabajo previo de hormiguita, ya que la constitución del sindicato, allá en 2018, se viene fraguando en la capital hispalense desde hace año y medio. “Si el sindicato no hubiera tenido capacidad, Maricarmen hubiera sido desalojada y nadie se hubiera enterado”, sentencia.
La muerte de la vecina madrileña de 87 años impactó de lleno en las movilizaciones y en el marco político a nivel nacional y regional en un momento en el que la caída de los dos decretos de vivienda presentados a causa de la presión social indignada por su desahucio, la convocatoria de elecciones y el camino hacia la huelga general revuelven el debate y sacan a relucir el malestar de la población. “Nos ha llegado esta bomba que ha sacado muchas cosas latentes o explícitas de la sociedad”, apunta Díaz, que cuestiona la regulación autonómica y local en materia de vivienda. “Más allá de la huelga, el mundo va a seguir de una manera u otra, por lo que nuestro planteamiento es hacer campaña para cambiar determinadas leyes a nivel andaluz”, que tiene las competencias transferidas en vivienda.
Acerca de la regulación autonómica y local, el portavoz del Sindicato de Inquilinas en Sevilla reclama: “Necesitamos un parque de vivienda pública permanente y con precios asequibles, de alquiler y para quien la necesite, en vez utilizar los recursos públicos para dinamizar el mercado inmobiliario con dinero que irá a parar a los bolsillos de constructores y promotores”. En este caso, se refiere a la aprobación de elevar los límites del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), provocando que una unidad familiar con 46.200 euros puede acceder a una VPO y, en el caso de las viviendas con precios limitados, la renta puede llegar a ser de 58.800 euros. “¿Qué tipos de vivienda se están construyendo, cuando hay promociones de 250.000 o 300.000 euros?”, cuestiona.
La Junta de Andalucía recurrió en junio al Tribunal Constitucional el Plan estatal 2026-2030 planteado por el Gobierno central que blindaba las viviendas de protección oficial (VPO) y daba 1.200 millones de euros a la comunidad por invasión de competencias, pese a que había contado en un primer momento con su aval. A ello, habría que sumar que el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) aprobó por la vía de urgencia el anteproyecto de la ley autonómica de vivienda, que entró en vigor en enero de este año, en el que se simplificaban los trámites admistrativos para facilitar la puesta en marcha de los planes. Además, deja en manos de los ayuntamientos la edificación de VPO en espacios públicos sin necesidad de recalificarlos o elimina la obligación de depositar la fianza de un inquilino ante la Administración.
“La expulsión del centro histórico sigue funcionando”
Al respecto, Díaz comenta que “hay riesgos”, ya que, expone, “se corre el riesgo de utilizar la emergencia habitacional para cambiar los usos, cuando en un barrio son necesarios hospitales, comercios y demás, y deja sin solucionar el problema: la dinámica de expulsión del centro histórico sigue funcionando”. Con más de 640.000 pisos vacíos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía afronta un reto mayúsculo, y Sevilla también.
Las competencias para regular a los pisos turísticos (denominados formalmente como viviendas de uso turístico, VUT) son de ámbito local, mientras que la Junta es quien establece la norma sobre los apartamentos turísticos (AT). En este sentido, el Ayuntamiento, en manos del PP con el apoyo de Vox, aprobó en octubre de 2024 limitar la tramitación de nuevas licencias y establecieron un tope del 10% para frenar la presión inmobiliaria.
En el centro, ya están saturados los barrios de Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana, por lo que la oferta ha disminuído pero se desplaza hacia la periferia en un momento en el que hay alrededor de 6.000 pisos en activo de los 9.650 disponibles en Sevilla, aunque queda margen para llegar a los 22.750 unidades, como estableció la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro). “El Ayuntamiento retrasó todo lo que pudo esta regularización”, critica el portavoz sindical, “se han perdido unos 5.000 habitantes en el centro y han sacado un plan para repoblarlo de manera oportunista y sin explicar los detalles”, en referencia al Plan Sevilla Centro Vivo, que fue presentado por el gobierno municipal en junio.
“No pueden ignorarnos”
María José y Raquel tienen 23 años, son estudiantes universitarias y, desde el primer día, están en la acampada de Sevilla. ¿Por qué decidieron quedarse? “Queremos mantener nuestra relevancia política y estando en las Setas es imposible de ignorar un problema que es evidente, ¡sale en las fotos de todos los guiris! Tanto la Junta de Andalucía como nuestra ciudad tienen que reconocer lo que está pasando”, afirmó una de las manifestantes este jueves durante la concentración en memoria de Maricarmen. “La incapacidad de la juventud de conseguir tanto alquileres que no sean abusivos como una vivienda el día de mañana están ahí”, subrayaron.
María José vive con sus padres y todavía no se ha podido independizar porque, por una parte, no puede contar con el apoyo económico de sus progenitores, y, por otra, es incapaz de asumir los precios de la vivienda, tanto en Sevilla como por fuera. Motivo por el que tuvo que quedarse en vez de estudiar en otra provincia.
En una situación similar está Raquel, que pudo emigrar desde Málaga a Sevilla a estudiar el doble grado de Ciencias Políticas y Sociología. Todo gracias a que su abuela pudo hospedarla, y con quien paga ahora un alquiler de 850 euros al mes. “Mi hermana se ha tenido que quedar en Málaga, porque no hay opciones, y yo ahora, que quiero estudiar un máster, tendré que quedarme forzosamente en Sevilla aunque hubiera preferido irme fuera”, señala. Una pérdida de oportunidades, a nivel académico y de futuro laboral, que la ha llevado a asentarse en la plaza de la Encarnación.
En el camino hacia la huelga general y con el propósito firme de cambiar el paradigma más allá de los resultados electorales, Iban Díaz destaca que el sindicato no es partidista y se centrarán en los cambios legislativos en materia de vivienda. “El oportunismo político del Gobierno [central de Pedro Sánchez], que no ha hecho nada o muy poco y equivocado en gran medida, no altera para nada nuestra hoja de ruta: gobierne quien gobierne seguiremos movilizándonos”. Así, se centrarán en articular la respuesta para el 11 de noviembre a través de la constitución de comités de huelga por barrios para que “se pare la producción, haya un impacto social y se cambien las cosas”.
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