La patronal brama contra las nuevas exigencias a los pisos turísticos en Andalucía: “Se expulsa a viviendas legales”

El litigio entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha posicionado rápidamente a la patronal de los pisos turísticos, desde donde se exige parar la “criminalización” de los que “sostienen parte de la economía” y, a su vez, se requieren medidas que eviten que haya inmuebles “legales” que queden fuera de la oferta. Con esta declaración de intenciones, la asociación, que representa el 15% de las viviendas de uso turístico en la comunidad, puntualizó que la entrada en vigor del registro único ha disminuído la oferta un 14%, con un total de 21.862 viviendas menos.

En estos ocho meses, la rebaja también se ha experimentado en Sevilla, donde la cifra se sitúa en el 27% con 2.659 pisos. El podium lo completaría Marbella, donde ha habido una disminución del 19% con la baja de 2.993 inmuebles. En Granada, hay un 16% menos de pisos turísticos, que supondrían unos 620; en Málaga cayó un 14%, con 1.845 propiedades, y en la Costa del Sol se estima en torno al 15%.

Unos datos que traslada la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), desde donde se muestra “preocupación”: “Hay un conflicto de intereses entre las exigencias de la Junta y el Gobierno”. El debate se generó a raíz de la entrada en vigor en junio de 2025 del registro único del Ejecutivo español, que tiene competencia en Vivienda. Sin embargo, se atribuía unas medidas similares que ya contemplaba el Registro de Turismo de Andalucía. Ante los requerimientos de la Comisión Europea, el Tribunal Supremo dirime a quién corresponde la responsabilidad antes de que el 20 de mayo entre en vigor la disposición europea del Reglamento sobre alquileres de corta duración.

“Reclamamos que haya una rectificación profunda del sistema que se ha realizado, porque es confuso operar entre distintas administraciones, y se está expulsando del sector a viviendas que son legales”, expresó Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVAPro y delegado en Sevilla. “Hay un muro burocrático que impide que desaparezca la oferta ilegal, porque este registro es solo obligatorio para la vivienda de uso turístico, que no para los apartamentos turísticos”, criticó, “decir que hay 23.000 viviendas ilegales porque no tienen un número de registro no es veraz”.

“Arbitrio del Colegio de Registradores”

Al respecto, justificó que para obtener el código hay varias dificultades, entre ellas, la duplicidad de la documentación entre administraciones que podría provocar más conflictos judiciales, así como el requerimiento de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad —una medida voluntaria que, a su juicio, entienden que se disponga para que haya menos opacidad en el parque inmobiliario—. Además, subrayaron que hay negocios que no solicitan este código dado que, aunque se están explotando, no desean publicitarse en Airbnb o Booking. Si bien tacharon la cifra de irreal, la plataforma desconoce en la actualidad cuál sería el número de viviendas ilegales.

“Estamos contentos de que se vigilen las publicaciones en las plataformas, pero lo deja al arbitrio del Colegio de Registradores, que funcionan como policías y dejan dudas de interpretación”, rechazó Chaves. Desde la asociación, manifestaron que el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía era suficiente, ya que funciona desde el año 2010 como garantía para el sector, aunque solicitaron modificaciones en la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que prepara el Gobierno de Juanma Moreno, como que se adecúe el número de plazas turísticas por área geográfica, “no es lo mismo tener 16 personas en una vivienda en el centro de Sevilla a que sea en una casa rural”.

Otro dardo que lanzan a la Junta de Andalucía es el relativo a las multas de 600.000 euros que contempla la nueva normativa. “Estamos de acuerdo en que haya una persecución de la clandestinidad, pero tiene que haber una proporcionalidad: no es lo mismo multar con esa cantidad un macrocomplejo que a una casa”, zanjó el responsable de AVVAPro. En plena crisis habitacional, la plataforma se mostró como un actor dialogante, definiéndose como un activo importante y cada vez más profesionalizado del sector turístico, “complementamos a la oferta hotelera, y se resuelve una demanda de los visitantes, sobre todo las familias, dando actividad a los barrios”.

Sevilla, la presión turística en la periferia

La capital hispalense, en manos del gobierno del PP con la colaboración de Vox, legisló en octubre de 2024 para limitar la tramitación de nuevas licencias para pisos turísticos. El tope por cada barrio es del 10%, un escenario que venía a intentar frenar la presión inmobiliaria en el casco histórico, donde ya se consideran saturados al estar por encima del porcentaje Santa Cruz, Arenal, Afalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, así como San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 9.650 disponibles, de los que alrededor de 6.000 están operativos, adelantó la asociación, quedaría margen para dar permisos a otros 22.750.

“Hay zonas donde la vivienda turística ha ejercido presión, motivo por el que se han establecido reglas más estrictas. En un momento dado, era oportuno para dar respuesta a la vorágine de creación de pisos turísticos, pero en otros barrios de la ciudad mantiene vivo el comercio y, además, la vivienda de uso turístico reparte dinero entre los propios sevillanos, y no se va a grandes empresas ni fondos”, apostilló Juan del Toro, vocal de AVVAPro en Sevilla. “Sentimos responsabilidad por lo que pasa en la ciudad”, indicó, aunque creen que se “destruye vivienda” ante las exigencias urbanísticas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presión se está trasladadno hacia los barrios periféricos, por ejemplo, hacia los exteriores de la calle Ronda se detecta más actividad, “pero no en la misma proporción como en el centro antes de la regulación”. Aunque la actividad turística transforme el callejero sevillano, estiman que no se alcanzará el máximo permitido de pisos turísticos debido a que la demanda de los visitantes se sitúa en el casco histórico. “No tiene sentido llegar al máximo del 10% en Pino Montano, donde ya hay 48 viviendas de uso turístico, y aunque la normativa lo permitirá, creemos que no será así”, zanjó.

“Bajar los precios” por el impacto de Adamuz

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, las condolencias se transforman en estimaciones por el impacto económico en el sector turístico. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el vocal de AVVAPro mostró su “preocupación” por el hecho de que las reservas han caído entre un 20 y 30% en los pisos turísticos: “Hemos tenido que bajar precios para evitar las cancelaciones”.

El parón en la circulación en el eje Madrid-Sevilla ha afectado a la ganancia de estos negocios, para lo que piden que “se restituya la confianza y la seguridad en el turista”. El reajuste de precios también ha estado apuntalado por el número de cancelaciones que, estimó, varían entre un 8 y 10%. El año pasado, la capital hispalense recibió 1,02 millones de visitantes y tan solo en ocupación hotelera llegó al 84%. En las principales plataformas, quedan anuncios que oscilan con costos entre los 1.000 y 1.5000 euros.