La Junta de Andalucía ultima una ley que endurece las multas a los pisos turísticos ilegales con 600.000 euros

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Turismo Sostenible que endurece las sanciones a los pisos turísticos ilegales y activiades clandestinas. La cuantía máxima de las “sanciones leves” crece de 2.000 a 10.000 euros, mientras que la de las “graves”, que hasta ahora “iban de los 2.000 a los 18.000 euros, ahora” quedan “entre 10.000 y 100.000 euros”. Por ejemplo, “prestar un servicio turístico de forma clandestina” puede suponer un sanción de, “como mínimo, 20.000 euros”.

El consejero del ramo, Arturo Bernal, ha puesto el acento en las infracciones “muy graves”, que “antes se calibraban entre 18.000 y 150.000 euros, ahora pasan a ser de entre 100.000 y 600.000 euros”, y ha citado como ejemplo de ese tipo de comportamientos el “obstruir una labor inspectora o presentar declaración falsa, incorrecta o inexacta cuando se está haciendo una declaración responsable para la inscripción en un registro de una actividad cualquiera”.

Bernal ha apostillado que espera que no haya que “aplicar ninguna” de estas sanciones, que son “para evitar esta actividad ilegal o clandestina que, desde luego, no está siendo capaz de resolver el registro único de viviendas del Estado”, que “más bien” se está dedicando a “crear incertidumbre y más problemas”, según ha lamentado.

El consejero ha defendido que se trata de una norma construida desde el diálogo y la “participación efectiva”, porque durante su elaboración se han recibido y gestionado “más de 1.700 aportaciones a través de las diferentes mesas sectoriales” conformadas “en todas las provincias”.

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPRO) ha emitido una nota valorando positivamente el Anteproyecto de Ley, destacando que la Consejería ha mantenido una interlocución “fluida” con el sector. Según la patronal, la regulación en una norma con rango de ley supone “una oportunidad única para controlar la oferta comercializada y combatir la oferta clandestina que tanto daño y competencia desleal genera”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha tardado años en reconocer que la proliferación de pisos turísticos está alterando el mercado y dificultando el acceso a una vivienda, sobre todo de alquiler. Lo recogió por escrito, por primera vez y de manera explícita, en el decreto de medidas urgentes con el que aspira a construir 20.000 casas en cinco años, que era a su vez un adelanto de varias de las medidas de la Ley de Vivienda andaluza, aprobada este martes en el Parlamento.

Esta norma, precisamente, culpa del problema más a la ocupación ilegal que a la oferta inmobiliaria para turistas, hasta el punto de pasar de puntillas y no adoptar ninguna medida en esta línea. La nueva Ley de Vivienda, aprobada sólo con los votos del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, no apunta a los excesos del turismo y su impacto en el parque inmobiliario, pero sí desarrolla varias medidas contra la ocupación.

La norma prevé hasta la creación de tres organismos para ello, básicamente para dar asesoramiento porque las competencias autonómicas son limitadas, pese a que los datos del Ministerio de Interior reiteran que los problemas con ocupas son mínimos en Andalucía (en 2023 se registró el número más bajo de denuncias del último lustro) y que, sin embargo, sí hay un creciente malestar ciudadano por el impacto de los inmuebles turísticos. 

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate final y, si procede, posterior aprobación, previsiblemente en el primer semestre de 2026.

La norma otorga “respaldo legal” al trabajo desarrollado en innovación e inteligencia de datos, incluido el sistema 'Andalucía Nexus', y tiene entre sus pilares el de la sostenibilidad, de forma que la ley “asegura un desarrollo equilibrado del turismo, protege el entorno y reduce desigualdades territoriales”, asegura el consejero.

La ley establece una arquitectura “más eficiente” que reduce de 17 a seis los decretos necesarios, lo que, según la Junta, “facilita la operatividad del sector y mejora la seguridad jurídica”. De igual modo, la ley incorpora “un sistema estable de planificación turística que establece instrumentos homogéneos para todas las administraciones implicadas”. Este marco define “estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento que permiten una gestión coherente del destino en el conjunto del territorio andaluz”, añaden desde la Junta.

Además, “consolida la colaboración público-privada mediante órganos formales de participación que integran al sector empresarial, profesional y social, con el objetivo de asegurar una visión compartida del futuro turístico de Andalucía”.

El texto también regula la calidad de los servicios turísticos con estándares “más exigentes y mecanismos actualizados de clasificación y control”. La norma prevé nuevas herramientas para impulsar la profesionalización del sector, el desarrollo de productos de “alto valor añadido” y la “mejora continua de la experiencia del visitante”.

Asimismo, introduce “parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta, con el fin de fortalecer la competitividad global del destino Andalucía”.