Urbanismo desoye en Zaragoza a los técnicos y concede a un promotor una planta de viviendas más de lo previsto

El Gobierno del PP en Zaragoza ha autorizado a un promotor a levantar una planta más de lo que fija el planeamiento urbanístico en un bloque de vivienda libre en plena avenida de Cesáreo Alierta, y lo hace pese a que los informes técnicos determinan que no es “procedente” elevar la altura del edificio. Aunque el proyecto proviene de una enajenación de suelo público en la que el ganador, Miguel Servet Square SL –hubo un segundo licitador– conocía ya la “situación fáctica y urbanística” de la parcela, como indican los arquitectos municipales, el gerente de Urbanismo opta por dar la razón a su número dos y acepta una octava planta para que el constructor pueda ofrecer así “las mejores viviendas posibles” a los compradores. La polémica ha trascendido a raíz de la última Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, celebrada este lunes y en la que los hechos fueron denunciados por Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común.

Las 34 viviendas, comercializadas bajo el nombre de The Avenue –según anuncia en el solar y en la web el promotor–, se venden según Idealista desde un mínimo de 224.000 euros para un piso de una habitación y 54 metros cuadrados hasta los 736.000 euros que cuesta un ático de cuatro dormitorios y 225 metros.

El Ayuntamiento de Zaragoza licitó el suelo a finales de 2024 por 1,9 millones de euros y lo adjudicó a Miguel Servet Square SL por 2,3 millones. La parcela era un bien patrimonial del Consistorio y provenía del 10% de aprovechamiento que correspondió al municipio a partir del proyecto de reparcelación del entorno en 2017.

El Servicio Técnico de Planeamiento informó hasta en dos ocasiones –en marzo y en octubre del año pasado– en contra de autorizar una planta más al promotor. Entre medias, el vicegerente de Urbanismo, Pedro Marín, se posiciona a favor de “estimar” la propuesta del promotor ante el riesgo, suscribe, de “un supuesto de reclamación de responsabilidad patrimonial” contra el Ayuntamiento. Sin embargo, los arquitectos municipales insisten en su respuesta: hubo un concurso público en el que “el adjudicatario asumió el conocimiento pleno de los condicionantes urbanísticos”, por lo que no cabe aventurar una hipotética “responsabilidad patrimonial”. A su vez, recuerdan que el plan especial “regula expresamente la altura” y fija un máximo de baja más siete plantas, y que ganar una octava altura “supondría una desproporción evidente” con el entorno.

Pese a esto, el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, avaló en un informe fechado el pasado 29 de octubre el aumento de una planta “para permitir” al promotor “las mejores condiciones para las futuras viviendas”.

Aprobación inicial

Fuentes de la Consejería de Urbanismo explican a este periódico, por un lado, que la edificabilidad no se incrementa y, por el otro, que el cambio urbanístico no es definitivo, ya que la modificación del Plan Especial se encuentra en su fase inicial. “Hay un periodo de información pública donde se pueden presentar alegaciones y que serán resueltas, aceptándolas, adaptándolas o denegándolas, por técnicos municipales bajo criterios estrictamente técnicos y legales”, añaden.

Precisamente una de las alegaciones proviene del anexo colegio Agustín Gericó, más en concreto de la Fundación homónima. En su escrito, inciden en los argumentos de los técnicos municipales y lamentan que a la planta extra pedida por el promotor se suma una baja de 5 metros y plantas alzadas de 3,3 metros, lo que genera un “efecto acumulativo” que da como resultado una “altura material equivalente” a un bloque de nueve alturas.

Por su parte, desde Zaragoza en Común consideran “un escándalo” el hecho de que, “una vez más, el gerente de Urbanismo pase por encima de los informes técnicos” del Servicio, “máxime cuando el proyecto inicial forma parte de un expediente de licitación”. “No es la primera vez” que se da esta situación, advierte el grupo municipal. “Los beneficiados son siempre los promotores, son actuaciones muy graves que están teniendo lugar en este contexto de burbuja inmobiliaria en el que están haciendo negocio las empresas”, añade Zaragoza en Común.