Los obispos acusan al Gobierno de “intervenir” la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios

Duro discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la apertura de la Asamblea Plenaria del episcopado, la última antes de la visita del papa León XIV. En sus palabras, Argüello arremetió contra el Gobierno, al acusarle de “intervenir” la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios. Y es que, para el arzobispo de Valladolid, el Ejecutivo socialista “tiene una mirada selectiva sobre las víctimas” de la pederastia, y “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil”.

“El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas”, denunció el presidente de la CEE, quien lamentó la voluntad del Gobierno “de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción”, así como “asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

Aunque Argüello renovó su “compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos”, lamentó que pese a haber negociado “en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación”, el “interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)”. “Es justo reconocer la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa”, concedió. Un viaje que tendrá lugar los día 6 a 12 de junio.

Antes del mismo, los obispos necesitan solucionar un conflicto enquistado, el del Valle. “Quiero, desde aquí, invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro”, apuntó al final de su discurso Argüello, en una apelación al acuerdo inédita, pues la Conferencia Episcopal se había mantenido, hasta ahora, al margen, dejando la negociación primero al cardenal de Madrid, José Cobo, quien asumió el acuerdo alcanzado entre el ministro Bolaños y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, tal y como adelantó en primicia elDiario.es hace ya un año.

Un acuerdo que conllevó la salida del prior Cantera y el aval eclesial a la resignificación de Cuelgamuros. Poco después, los monjes se bajaban del acuerdo y planteaban un recurso judicial, que está a la espera de ser admitido, rechazado, o retirado, con el consiguiente enfado del Ejecutivo, que llegó a plantearse regresar al 'punto de partida' (antes del acuerdo con el Vaticano), y expulsar a los monjes. Algo que nadie (ahora, sabemos, tampoco el presidente de los obispos) quiere que suceda. Según pudo saber elDiario.es, la retirada del recurso presentado por la Abadía ante el acuerdo Vaticano-Gobierno (respaldado por el arzobispo de Madrid), evitaría la salida de los monjes y mantendría sacralizado el complejo.

“¿Por qué han llegado a un acuerdo sobre la reparación integral de víctimas de abusos?”, se preguntó Argüello, destacando el trabajo llevado a cabo, desde hace años, por la CEE y CONFER, y anunciando un posible “decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer” (¿incluirá esto a Zornoza?). Tras admitir que la pederastia clerical “es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido”, Argüello defendió el acuerdo para abrir la vía del Defensor del Pueblo.

Con todo, “nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica”. Argüello fue especialmente crítico con las palabras de Bolaños, que citó textualmente (‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’), y recalcó que la Iglesia “ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.

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