Sánchez gana tiempo para llegar al verano del 2027 con la bandera de la sentencia europea sobre la amnistía y la financiación autonómica
En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.
“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.
Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.
Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.
Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.
Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.
En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.
Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.
“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad.
Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.
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