La reconciliación como veredicto

España se rompía, Pedro Sánchez era un traidor a la patria y las plazas del país clamaban, jaleadas por la derecha política y mediática, contra una transacción “corrupta e inadmisible” que vulneraba los principios de independencia judicial, la separación de poderes y hasta el Derecho Europeo. El mismo PP inflamado, exaltado e hiperventilado en estos meses por los casos de corrupción que afectan al PSOE, calentó la calle contra la amnistía con la convocatoria de hasta cinco grandes manifestaciones entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, además de secundar decenas de concentraciones frente a la sede del PSOE . Hoy, sin embargo, calla tras el espaldarazo de la justicia europea, salvo para decir que respeta el fallo del TJUE (Tribunal de Justicia Europea) que allana el regreso de Puigdemont a Catalunya y da la razón al Gobierno de España.

Ya no hay duda: la norma es constitucional y conforme al Derecho a Europeo, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales artífices de la ley, después de que el TJUE haya escrito negro sobre blanco que la medida de gracia ni choca contra los intereses financieros de la Unión ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo. Eso sí, nadie saldrá a la calle para pedir que Feijóo se vaya a su casa por azuzar el enfrentamiento, ni insultará a los jueces por poner todos los palos a su alcance en la rueda de la normalización institucional, política y social en Catalunya, ni tampoco se pedirá a los magistrados del Supremo que cuelguen la toga por torpedear su aplicación. Lo que toca ahora es que se cumpla con la ley contra la que también se manifestaron los togados antes incluso de que fuera aprobada.

En lo jurídico, el fallo de Luxemburgo es rotundo porque los jueces entienden que el perdón de la responsabilidad contable no ha mermado los recursos propios de la Unión y que la norma no vacía de contenido la directiva europea contra el terrorismo, puesto que excluye expresamente los delitos que atentan contra la vida y la integridad física. En lo político, resuelve algo mucho más importante, y es si España puede permitirse cerrar, por ley, una herida que llevaba abierta más de una década.

Para quienes quieran leer el fallo más allá del mero trámite procesal, habría que detenerse en la razón que el propio TJUE esgrime para avalarla, esto es que la ley busca reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Algo que no es baladí porque es el tribunal de la Unión Europea quien reconoce que el derecho, cuando se aplica con generosidad, puede ser un instrumento de concordia, y no solo de castigo.

Que la más alta instancia judicial europea haya puesto esa palabra —reconciliación— en el centro de su argumentación jurídica dice mucho sobre lo que estaba en juego, que no es solo la interpretación de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino si una democracia madura puede permitirse pasar página sin renunciar al Estado de derecho.

Y, en efecto, las democracias no debieran medirse solo por su capacidad de perseguir el delito, sino también por su competencia para decidir a través de sus instituciones, cuándo cerrar un ciclo de confrontación. España no es el primer país que recurre a una amnistía para desactivar una crisis territorial. Ya lo hizo durante la Transición y lo han hecho también otros países europeos con sus propios conflictos internos. La diferencia esta vez es que la medida ha nacido de una negociación parlamentaria polémica para investir a un presidente de Gobierno, y por eso necesitaba la confirmación de que no vulnera las reglas comunes que todos los estados miembros se comprometieron a respetar.

La alternativa a la reconciliación que Sánchez se propuso como objetivo de su mandato no era solo la aplicación estricta del ordenamiento jurídico, sino también la prolongación sine die de un conflicto político que, ante la incapacidad de la derecha para resolverlo, decidió trasladarlo a los tribunales de justicia. Una Catalunya con sus líderes políticos fugados o inhabilitados, con causas judiciales abiertas durante años y con la cuestión territorial convertida en el centro del debate político, no era un escenario más justo, sino la cronificación de una fractura con la que la derecha ha buscado siempre enfrentar territorios y sacar rédito electoral.

Por supuesto, la sentencia del TJUE no borra lo ocurrido en 2017 y que tampoco obliga a nadie a estar de acuerdo con el independentismo y lo que hizo, pero sí abre la puerta a que España deje de organizar su política en torno a esa fractura y empiece a discutir sobre otros asuntos. El fallo servirá para desbloquear judicialmente el asunto, pero también para que en la próxima década la política deje de hablar de quién tiene que pedir perdón a quién y dedicarse a hacerlo de vivienda, de sanidad o de educación.